Héctor Silveira, el abogado querellante en el juicio en el que iba a ser condenado por abuso sexual infantil el excura Carlos Eduardo José, denunció que los jueces del Tribunal N° 2 de San Martín vienen demorando y denegando los pedidos de allanamientos solicitados junto a la fiscalía para detener el exsacerdote que hoy cumple tres meses prófugo y sobre el que pesa un pedido de captura nacional e internacional, incluida una circular roja de Interpol.
"Carlos Eduardo José está prófugo desde el 22 de agosto y creemos que no salió del país, es más, hasta el 24 de octubre los indicios nos llevan a pensar que está en el Gran Buenos Aires", dijo a Télam Héctor Silveira, el abogado de la víctima, M.G.
El excura está acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por ser el imputado ministro de un culto reconocido y por encontrarse en la guarda de la víctima", delito por el que iba a recibir una condena del TOC N°2 de San Martín el pasado 22 de agosto en los tribunales de San Martín.
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El pasado 22 de agosto, los jueces Marcelo Machado, Héctor Toneguzzo y Alejandro Moramarco Terrarossa del del TOC N°2 de San Martín habían convocado a la "audiencia de cesura" en la causa contra el excura por "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado" de una alumna menor de edad, después de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtiera parcialmente su absolución por prescripción en octubre de 2022, pero manteniendo al procesado en libertad.
Ese tribunal consideró que José, de 64 años, agredió sexualmente a MG -quien ahora tiene 36 años- desde sus 11 a sus 20 años, en tiempos en que asistía al instituto educativo San José Obrero del que era representante legal.
Ahora hay una circular roja de Interpol con orden de detención por agresión sexual agravada por su condición de "ministro de culto y por encontrarse en la guarda de la víctima".
Según la notificación roja de Interpol N° A-7723/8-2023 del 29 de agosto a la que tuvo acceso Télam, José es un "prófugo buscado para un proceso penal" en la Justicia argentina, a quien "se le atribuye haber abusado sexualmente de M.G." en el domicilio de la víctima "aprovechándose del temor que éste le infundía ante la situación de autoridad eclesiástica y escolar que ostentaba, que le impedían consentir y resistir tales embates".
Silveira aseguró que el exsacerdote "sigue prófugo porque el presidente del tribunal, (Alejandro) Moramarco Terrarosa, no nos ha otorgado ninguno de los allanamientos y otras medidas solicitadas", a pesar de que "nosotros aportamos tres biblioratos enteros de pruebas" que fundamentan la necesitad de realizar esos operativos.
"Por menos de eso, se condena gente y acá lo que estamos pidiendo son allanamientos", agregó.
El letrado explicó que los pedidos de allanamientos vienen demorándose desde el 17 de octubre pasado, a pesar de que la respuesta inicial había sido afirmativa, porque "cuando estaba todo listo, el juez tiró todo para atrás".
"Telefónicamente nos dijo que sí, y media hora antes de que las comisiones de la policía salgan a hacer los allanamientos, fueron suspendidos y postergados por 48 horas para hacer más investigaciones", contó el abogado excusándose de referir cuántos lugares eran los señalados para no entorpecer la investigación.
"Luego, el 20 de octubre sacó otra resolución diciendo que prorroga esa medida por 48 horas más y el 24 directamente deniega los allanamientos en función de que pide más operaciones de inteligencia que le den un margen de seguridad mayor", agregó.
No obstante, los pedidos de allanamientos "no son al azar y atrás de cada pedido de allanamiento hay seguimiento de números de teléfonos, seguimiento de antenas, seguimiento inteligencia" que justifican esa solicitud.
"La gente que está involucrada en el encubrimiento, en que se mantenga prófugo, son gente directamente vinculada a la iglesia católica y a testigos que declararon a favor del cura durante el juicio o laicos que pertenecen a la iglesia", señaló.
"El juez lo que pretende es no allanar, que se lo encuentre en algún lugar no cerrado porque los lugares a allanar son todos lugares vinculados a gente perteneciente a la Iglesia, de una manera u otra", sentenció.
José ya había estado una semana prófugo en julio de 2017 cuando fue requerido por primera vez por esta denuncia y en virtud de esta actitud esquiva, la Justicia le denegó sucesivos pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria, llegando bajo prisión preventiva al juicio de primera instancia celebrado entre febrero y marzo de 2021.
Con información de Télam
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