Por primera vez en muchos años, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorado el 24 de marzo, se enmarca en el contexto de un Gobierno Nacional integrado por políticos abiertamente negacionistas, con respecto a la última dictadura cívico-militar que se sufrió en el país. Durante este período de la historia Argentina, se realizaron diversas torturas a mujeres embarazadas y se les robó a sus hijos, por lo que lugares como la Correccional de Mujeres de San Vicente en La Rioja se resignifican en cuestiones de historia.
Este excentro clandestino de detención, donde permanecieron detenidas y torturadas mujeres durante el terrorismo de Estado, fue señalizado como sitio de memoria el viernes 26 de noviembre de 2021, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y en conjunto con la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja,.
Esta política fue llevada a cabo durante el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad contó con la presencia de la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol, y el director de Gestión de Casos de Violencia Institucional, Emiliano Quinteros, ambos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela; Lourdes Ortiz, de la Secretaría de la Mujer y Diversidad provincial, y sobrevivientes y familiares.
En este predio permanecieron detenidas y torturadas las primeras víctimas del terrorismo de Estado en La Rioja. Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, al menos seis mujeres fueron trasladadas desde la Delegación Policía Federal a este sitio donde estuvieron alojadas a mediados de abril de 1975. Durante su cautiverio, las detenidas fueron sometidas a todo tipo de torturas, entre ellas había una joven de 17 años embarazada, a quien encerraron y aislaron del resto de sus compañeras.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
La violencia institucional
En relación a la postura negacionista militada tanto por el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel, durante la mañana del jueves, la Red Nacional de Hijos denunció un atentado político contra una militante de la organización de derechos humanos a quien "golpearon y abusaron sexualmente" en su domicilio. Detallaron que los autores del hecho pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).
"Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio de las máximas autoridades del país. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del poder judicial y hacemos responsable al gobierno Nacional ", apuntaron.
Según relataron desde la agrupación, la militante fue atacada por "dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente". Relataron que "ella fue atacada, golpeada, abusada sexualmente y recibió amenazas de muerte por parte de sus captores ".
"Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y luego le transmitieron con claridad: 'no vinimos a robarte, vinimos a matarte, nos pagan para eso'", detallaron.
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