Entidades del sector audiovisual y cultural realizan esta tarde una actividad de difusión en el cine Gaumont para respaldar un proyecto de ley que evita el desfinanciamiento del Incaa y pone en riesgo "la soberanía audiovisual y el acervo cultural, además de miles de puestos de trabajo", indicaron los referentes de la convocatoria.
En diálogo con Télam, la directora de cine Sandra Gugliota explicó que la iniciativa legislativa "tiene que ver con la autarquía del Incaa, que es lo que permite desde 2002 que se creara todo el sistema del cine argentino actual, que incluye las películas, las salas Incaa, las escuelas de cine en todo el país, los festivales nacionales y canal de TV".
"Además de tener que ver con la soberanía audiovisual y el patrimonio cultural, (el fondo de fomento) tiene que ver con haber generado trabajo para una industria de miles de personas", agregó la cineasta, quien, por otra parte, subrayó que el sector atraviesa en la actualidad "un momento en el que ha sido de los más castigados por la pandemia", ya que "las salas es casi a lo último adonde está volviendo el público".
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Gugliota sostuvo que las asociaciones que convocan a la actividad "impulsan y apoyan este proyecto desde hace más o menos dos años" y consideró que la consecuencia de no avanzar en ese sentido "afecta al sector de manera directa y tiene una solución bastante sencilla".
"En diciembre de 2022 estaríamos sin ningún tipo de posibilidad de financiar el cine argentino, con el perjuicio económico en la industria y también, sobre todo, el daño a la soberanía audiovisual y el acervo cultural de la Nación, que estaba garantizado por el fondo", dijo a Télam Fernando Krichmar, vocal de Documentalistas Argentinos (DOCA).
El documentalista reseñó que, por ese motivo, "más de 30 asociaciones, con 4.500 firmas de directores, actores e integrantes de la industria, realizan la convocatoria para entregar esas firmas a los diputados que están impulsando el proyecto para postergar la caducidad del fondo de fomento".
"Más allá de las diferencias, que existen porque somos muchas asociaciones, esto unifica prácticamente a todo el sector, los más y los menos industriales, los más ligados al entretenimiento y los más culturales", resaltó.
Krichmar enfatizó que entre quienes impulsan esta actividad "no hay fisuras; entre quienes sí puede haberlas es entre quienes creen que el hecho cinematográfico es meramente un hecho económico o de balance del presupuesto, cuando en realidad es una inversión cultural que tiene que ver con enriquecer el acervo audiovisual del país".
La convocatoria contó con una conferencia de prensa con presencia de diputados, productores, directores y artistas que manifiestan su respaldo para que la propuesta sea ley y extienda a 50 años el plazo de la caducidad de la percepción de estos impuestos de asignación específica que recibe el cine argentino para su promoción y desarrollo.
Asimismo, se adjuntaron las adhesiones recabadas desde el Consejo Asesor del Incaa, junto con una gran cantidad de entidades culturales que respaldan el proyecto presentado con el impulso del sector audiovisual, que también abarca bibliotecas populares, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música, al Fomeca (Enacom) e industrias culturales.
El 30 de septiembre pasado, entidades representativas del cine apoyaron el proyecto presentado por un grupo de diputados para extender hasta 2072 la ley que regula los gravámenes que conforman el Fondo de Fomento Cinematográfico.
"Apoyamos el proyecto de ley de los diputados de la Nación José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés para extender hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas", señalaron Argentores, DAC, Apima y PCI en un comunicado conjunto.
El texto de los legisladores apunta a correr la fecha de caducidad del 1 de enero de 2023 de los ingresos del Incaa (10% de cada entrada de cine, venta o alquiler de películas en DVD y Blu-Ray más 25% de lo recaudado por el Enacom en impuestos a la TV abierta y por cable) y que, según una norma sancionada en 2017, pasarían a Rentas Generales del Estado para ser reasignados, cada año, por la Ley de Presupuesto.
Con información de Télam
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