Asociaciones y entidades de gestión del audiovisual advirtieron que las modificaciones al proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ponen en riesgo el fomento a la producción, a la vez que abre la puerta a que se subsidien realizaciones extranjeras.
Según el comunicado, de aprobarse la norma, se mantiene la centralidad en el Director del instituto para decidir anualmente qué porción de los fondos destina a la producción y no hay reglas claras ni previsibilidad para ejecutar proyectos que duran entre su elaboración y cierre no menos de tres años.
"Con estas modificaciones precipitadas salta más a la luz un riesgo latente en todo el proyecto que es la potencial apertura de los fondos públicos para financiar películas que no sean 'verdaderamente' argentinas", señaló el colectivo Cine Argentino Unido en un comunicado.
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Otras de las modificaciones que señalan desde el colectivo es la del Artículo 8, que permite la posible extranjerización de las producciones, es decir, "que el Estado argentino financie películas que no sean esencialmente producidas por productores, empresas o realizadores argentinos".
Al respecto, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima) ejemplificó que al quitarse "la obligación de que una película deba ser hablada en español para ser considerada nacional y poder acceder a un subsidio, esto significa que, si una productora extranjera viene a rodar una película a San Juan, puede pedirle subsidio al Incaa".
"Lo que yo más le temo - explicó a Télam la presidenta de Apima, Vanesa Pagani- es el Capítulo 1, que no tiene que ver con Cultura; el Artículo 5 inciso G habla de las facultades de poder reducir o sacar las asignaciones específicas. Si se da de baja todo el capítulo de Cultura, pero queda esto, se puede desfinanciar al Incaa de todas formas".
Así, se le pide a los Diputados Nacionales que rechacen el Artículo 5 inciso G del Capítulo 1, como también la totalidad del Capítulo 3 referido a Cultura.
Otro punto que llama a la intranquilidad es en lo referido a las sociedades de gestión de derecho de autor.
El proyecto indica que "los titulares de derechos de autor podrán formar asociaciones para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley. Las sociedades de autores y de derechos requerirán una autorización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley. Serán asociaciones civiles sin fines de lucro y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajena a su propia función. La existencia de una sociedad no inhibe a que se autoricen posteriormente otras entidades con una similar competencia".
"Los titulares de derechos de autor podrán optar libremente entre afiliarse a una sociedad de gestión colectiva o no y podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual o a través de dicha sociedad", señala la norma enviada al Parlamento.
Además, la propuesta legislativa implica que "las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro".
Al respecto, desde Directores Argentinos Cinematográficos pidieron a los legisladores que rechacen el "Régimen que postula el nuevo Artículo 323, que reemplaza los Artículos 350 y 351 del Proyecto anterior por alterar, sin fundamento un Sistema existente que funciona de manera virtuosa y efectiva. La aprobación de estos Proyectos implicaría la desaparición de la mayor parte de las y los creadores e intérpretes argentinos, que hasta hoy pueblan con libertad y diversidad la Cultura Nacional a lo largo y ancho del país".
Desde DAC destacaron que las entidades como la suya, Sadaic (música), Aadi (Intérpretes), Sagai (actores y bailarines) y Argentores (autores) son de sustentabilidad económica, que no reciben subsidios ni aportes del Estado, que realizan acciones sociales como el Mutualismo y que tienen prescindencia en la gestión de toda actividad política partidaria, entre otras cualidades.
Desde Argentores, con 115 años de historia, señalaron a Télam que todos los autores naciones y extranjeros tienen derecho a la defensa de sus obras y que el nuevo proyecto atenta contra los derechos de los autores nacionales y a 5 millones de autores extranjeros.
A su vez, indicaron que no hay intereses contrapuestos y que eso se encuentra en fallos de la Corte Suprema de la que fueron objeto Aaadi y Sadaic, por ejemplo.
Con información de Télam
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