La reglamentación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial tiene en la letra chica un punto que tuvo poco debate público. Entre otros, hay un aspecto que desvincula a las exportaciones de gas, principalmente de Vaca Muerta y a través del Gas Natural Licuado (GNL), del abastecimiento interno.
Según el decreto 749 que reglamentó el RIGI, publicado por el gobierno el 23 de agosto, los proyectos de exportación de gas tienen libertad para realizar los envíos al exterior y no pueden tener restricciones del Estado en caso de se necesiten volúmenes para el abastecimiento interno del país. En la reglamentación no hay ningún resguardo para garantizar la producción para el mercado local ante alguna necesidad futura. Es decir, a un proyecto de exportación de gas bajo el paraguas del RIGI no se le puede aplicar prohibiciones o restricciones regulatorias para atender de manera prioritaria a la demanda interna de la Argentina.
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Sólo hay una aclaración en el texto que restringe las “prohibiciones no económicas que tengan por finalidad garantizar, asegurar y preservar la seguridad, salud y el bienestar general de la población”, en referencia a algún fenómeno como –por ejemplo- una guerra o pandemia. Además, le otorga sólo 30 días a la Secretaría de Energía para vetar un pedido de exportación a una productora.
En los hechos, el marco normativo impide que un gobierno ponga cupos o cuotas a las exportaciones. “Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno”, aclara el artículo 193 de la Ley Bases en el Título VII sobre el RIGI.
Cambio de paradigma
La Ley Bases y el mega DNU (Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023) generaron un cambio de paradigma en el sector de hidrocarburos del país. El último informe de la consultora Paspartú, que analiza el sector energético y está dirigida por Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y nuevo director del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA (IGPUBA), resalta que, con la reglamentación del RIGI, “se consolida un quiebre con la tradición proveniente del Decreto-Ley 17.319/67 y normas modificatorias”,
La normativa a la que hace referencia el informe de Paspartú es a la Ley de Hidrocarburos de la década de 1960, que tiene como prioridad “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. En rigor, la ley de 1967 que rigió al sector petrolero durante cinco décadas tiene como prioritario el abastecimiento de la demanda local por sobre las exportaciones.
“La libertad de importación y exportación va en línea con la modificación al régimen de los hidrocarburos contenida en la Ley de Bases. También la imposibilidad de aplicarle a los proyectos restricciones relativas a abastecer de forma prioritaria a la demanda interna”, señala el informe de Papartú.
GNL
En el sector de petróleo y gas, el RIGI apunta específicamente a los grandes proyectos gasíferos que tienen previsto exportar volúmenes a largo plazo de GNL. El gobierno dejó afuera a los proyectos de producción (upstream) de petróleo porque entiende que no precisa estímulos fiscales y financieros. Sí incluyó a los desarrollos de gas natural, pero solo si tiene destino de exportación.
Los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) contemplados en la reglamentación del RIGI tienen una inversión de US$ 1.000 millones, aunque en los dos primeros años tienen que desembolsar un monto mínimo de US$ 400 millones. De todos modos, los desarrollos integrales de exportación de gas natural a través de barcos de GNL incluyen la producción en las áreas, el transporte con nuevos gasoductos y la industrialización del gas (planta de licuefacción) y demandan inversiones superiores a esos montos.
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