RIGI: las claves del régimen de grandes inversiones de la ley Bases de Milei

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es un apartado del proyecto de la ley Bases que se debate este lunes y martes en la Cámara de Diputados. Junto al Impuesto a las Ganancias y las reformas laborales, el RIGI es una de las apuestas más fuertes que se juega el Gobierno en el Congreso. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo les prometieron a empresarios de la energía y minería beneficios fiscales e impositivos por 30 años a cambio del apoyo político explícito para que se apruebe el proyecto, algo que faltó -al menos de este modo- en el debate durante el verano, cuando fracasó la primera versión de la ley Bases, más conocida como la ley ómnibus.

Quiénes apoyan

Paolo Rocca, del grupo Techint, cuenta con negocios en petróleo, gas e infraestructura y, de manera más incipiente, en minería, entre otros. Hoy es la voz más relevante que apoya el RIGI. Pero también apoyan otras petroleras, sobre todo las que tienen como objetivo exportar más crudo o instalar plantas de Gas Natural Licuado (GNL) para exportarlo a través de barcos, una infraestructura que requiere de una gran inversión inicial.

La iniciativa más importante, aunque no la única, es la planta que está diseñando YPF junto a la malaya Petronas, donde podrían invertir US$ 50.000 millones hasta 2031. Pero otras compañías también analizan proyectos para exportar GNL, como Pampa Energía, liderada por el empresario Marcelo Mindlin, y Transportadora Gas del Sur (TGS), la estadounidense Excelerate y Tecpetrol (grupo Techint), entre otras compañías.

También ponen el ojo en el RIGI las empresas mineras (cobre, plata, oro, litio), pero puntualmente las que quieren producir cobre, uno de los productos más demandados en el mundo por el avance de la transición energética, pero que requiere de grandes inversiones y a muy largo plazo. Por este motivo, los diputados de las provincias mineras “están al tanto del interés del sector en la aprobación del RIGI”, explicó una fuente minera a El Destape. La Argentina no produce cobre desde diciembre de 2018 (cierre de Bajo de la Alumbrera), pero cuenta con proyectos que podrían demandar inversiones por US$ 25.000 millones hasta 2030, según datos de la Secretaría de Minería de 2023.

Los proyectos destacados son Los Azules, Josemaría, Altar, El Pachón, Filo del Sol, todos en la provincia de San Juan. También está Taca Taca en Salta; MARA-Agua Rica en Catamarca; y San Jorge en Mendoza, pero también hay más proyectos de menor inversión en otras provincias. El RIGI comienza en el apartado IX de la Ley Bases y tiene 64 artículos de 279 que abarcan 58 de las 182 páginas que tiene el proyecto completo del Poder Ejecutivo (excluyendo al capítulo fiscal). La aprobación del régimen es central para el gobierno porque es la herramienta que quiere poner en marcha para conseguir inversiones en el sector extractivo y repuntar la economía, un objetivo cada vez más difícil por la caída de los indicadores.

Como dijo el propio Milei el lunes pasado en la cadena nacional, el gobierno apuesta a un crecimiento “caracterizado hoy por tres etapas: una primera que vendrá determinada por la combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios relativos, como son la minería, el petróleo, el gas y el campo”.

Las pymes no están

Sin embargo, el RIGI es cuestionado por las pymes de Vaca Muerta porque entienden que las excluyen del régimen. Tal es el caso de la FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén), que pidió que las pymes energéticas sean incorporadas al régimen RIGI.

El régimen fija una inversión mínima de US$ 200 millones para acceder a los beneficios, monto que claramente excluye a las pymes y buena parte del aparato productivo local. También pasa lo mismo con las empresas de servicios de la minería y las pymes del agro.

Qué es el RIGI

El régimen que diseñó el gobierno para atraer grandes inversiones extranjeras o locales para intentar concretar la salida exportadora implica, entre otros beneficios, otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años. Las empresas adheridas dispondrán de lo producido sin obligación de comercializarlo en el mercado local. Permite el acceso al mercado único de cambios sin restricciones para afrontar compromisos y “el acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado”, como determina el artículo 245.

En términos cambiarios, el RIGI prevé que las empresas podrán disponer libremente del 20% de sus divisas de exportaciones en el primer año y 40% para después del segundo año. Pero gozarán del 100% de las divisas a partir del tercer año.

También cuenta con exenciones impositivas: “Las importaciones para consumo de mercaderías, así como las importaciones temporarias que constituyan bienes de capital, repuestos, partes y componentes para tales sujetos, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dice el proyecto.

Implica también la posibilidad de exportar e importar bienes y servicios libremente para el desarrollo de los proyectos sin restricciones de cuotas, cupos o cualquier otro limitante. Es decir, las empresas beneficiarias del RIGI podrán exportar sin restricciones y podrán “llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses utilizando las normas internacionales de información financiera”. “Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno”, afirma el proyecto.

Además de un mínimo de US$ 200 millones de inversión para acceder a los beneficios del régimen, el RIGI contempla un mínimo de US$ 1.000 millones para las inversiones en proyectos calificados como Exportación Estratégica de Largo Plazo, que obtendrán a su vez mejores beneficios arancelarios, impositivos y tributarios. Además, tendrán beneficios impositivos como la actualización de quebrantos según el IPC de Ganancias; tratamientos tributarios sobre las utilidades; la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.