El gobierno de las Malvinas le dio el visto bueno a la consulta pública que se realizó entre julio y agosto a los 4.000 habitantes de las islas para la aprobación ambiental para la explotación de petróleo offshore (costas afuera) al norte del archipiélago que reclama la Argentina. De este modo, la compañía israelí Navitas y la británica Rockhopper Exploration, a cargo del proyecto, dieron un paso más en su objetivo de producir crudo en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros de las Islas Malvinas. Los planes de las petroleras es comenzar la producción de petróleo a mediados de 2027.
El Departamento de Recursos Minerales del gobierno de Malvinas afirmó que, luego de los cuestionamientos al proyecto por parte de la población y de las respuestas de las petroleras, “no hace falta una nueva consulta pública”, según informaron las petroleras. Así, Navitas y Rockhopper despejaron una parte importante del camino para la aprobación del estudio de impacto ambiental. Ahora deberán esperar la aprobación del programa de desarrollo y producción que tienen que habilitar las autoridades actuales de las islas.
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“En noviembre el gobierno de Malvinas confirmó que, tras haber recibido una serie de comentarios, no se requería una consulta pública adicional”, señala el comunicado de Rockhopper.
Las petroleras informaron este lunes que ahora esperan la habilitación ambiental. En un principio, iban a tomar la decisión final de inversión (el momento definitivo para avanzar en un proyecto) en diciembre de este año, pero ahora indicaron que la decisión final la harán a mediados de 2025.
El objetivo de las petroleras es comenzar la primera fase de la producción de crudo en 2027. Estiman producir entre 55.000 y 80.000 barriles diarios de petróleo (bdp), alrededor de un 10% de la producción actual de petróleo de la Argentina.
Memorando de entendimiento
La británica, que tiene el 35% del proyecto Sea Lion mientras que la israelí Navitas cuenta con el 65% restante, remarcó que también en noviembre firmaron un memorando de entendimiento para la contratación de un buque de producción, almacenamiento y descarga flotantes (FPSO, por sus siglas en inglés), que es una instalación que se utiliza en algunos proyectos offshore para producir petróleo sin la necesidad de que haya instalaciones fijas al suelo marino.
Para desarrollar el proyecto, Navitas y Rockhopper deberán desembolsar US$ 1.400 millones de inversión. Para esto, planea perforar alrededor de 22 pozos sobre el lecho marino que está a más de 500 metros de profundidad.
De no frenarse por reclamos de soberanía sobre las islas por parte de la Argentina, el yacimiento León Marino (Sea Lion) operará con un buque que procesaría y almacenaría el crudo en alta mar y otros barcos cargarían el petróleo y se lo llevarían a distintos mercados mundiales.
Un informe de recursos independiente realizado por la firma Netherland Sewell & Associates (NSA), y actualizado en octubre, indica que las áreas que están explorando Navitas y Rockhopper en la cuenca del norte de Malvinas tiene reservas por 532 millones de barriles de petróleo de un total de 917 millones de barriles de petróleo totales certificados en los distintos campos, incluidos los del sur de las islas.
Licencias ilícitas
Rockhopper cuenta desde 2010 con licencias para exploración y desarrollo de hidrocarburos en el norte de las islas, donde se ubica el yacimiento Sea Lion, el más explorado y por donde pretende comenzar la producción. También tiene licencias en el sur, donde se encuentra el campo Isobel - Elaine, que tendría también una buena cantidad de recursos hidrocarburíferos.
Navitas ingresó a la exploración de Sea Lion en Malvinas en 2022, cuando la británica Premier Oil fue adquirida por Harbour y se retiró del proyecto. En ese momento la israelí Navitas se quedó con el 65% de la participación en el proyecto. En tanto, Harbour oficializó en septiembre el ingreso a la Argentina al comprar los activos de la alemana Wintershall DEA en Vaca Muerta y el offshore en Tierra del Fuego.
En octubre, las autoridades de las islas, vinculadas al gobierno británico, les otorgaron dos años de extensión de las licencias (hasta 2026), que –a su vez- fueron declaradas ilícitas por parte de la Argentina. El Estado argentino no reconoce los permisos otorgados a distintas petroleras por parte del gobierno actual de Malvinas. Durante gobiernos anteriores incluso se implementaron sanciones a algunas compañías petroleras por intentar avanzar en la exploración de petróleo y gas alrededor de las islas.
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