El gobierno de Javier Milei finalmente tomó la decisión de volver a privatizar las represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén, que son clave para la generación de electricidad en el país. A un lado quedaron los proyectos para que -después de 30 años- vuelvan a manos del Estado. Por otra parte, la decisión de la Casa Rosada deja abierta una disputa con ambas provincias por el agua. La semana que viene comienzan a trabajar los equipos técnicos de Nación con Neuquén y Río Negro.
El gobierno libertario está negociando con los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro para evitar que las provincias cobren un canon por el uso del agua (de hasta 5%) que perjudique el costo de la futura operación. Los mandatarios argumentan que el recurso hídrico le pertenece a las provincias. El canon y las regalías provinciales de las represas son temas centrales en la negociación. Este año, las legislaturas de Neuquén y Río Negro -en sintonía- aprobaron el cobro de un canon a la Nación por el uso del agua, aunque las normas no están vigentes porque todavía les falta la reglamentación.
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En diálogo con El Destape, Rubén Echeverry, ministro de Infraestructura neuquino, afirmó que “si no fuese a través del canon, por lo menos en Neuquén podrían cobrarse mayores regalías, como establece la nueva norma provincial, que prevé incrementar los ingresos de Neuquén por estos conceptos”. “Queremos ver también cómo se mejora la remuneración de la energía hidroeléctrica”, enfatizó el funcionario. En los hechos, la Secretaría de Energía determina el precio de la energía hidroeléctrica operada por empresas privadas.
Echeverri indicó que “estos puntos que van a estar en la mesa de negociación con el gobierno nacional deberían quedar bien en claro, para evitar costos en mayores garantías para las empresas concesionarias futuras que operen las represas”. “Por lo menos desde Neuquén, un tema puede ser que la provincia cobre regalías en lugar del canon bajo la nueva normativa neuquina, que incrementaría los ingresos a Neuquén por el concepto de regalías”, continuó el ministro provincial. De todos modos, aclaró que “todavía no se iniciaron las negociaciones ni el trabajo de los equipos, es muy temprano”.
Echeverri remarcó que “hay temas que son muy importantes para las provincias, no sólo la generación de energía, porque también se está discutiendo el tema ambiental y cómo se van a hacer las inversiones obligatorias que hacen falta para aggiornar las represas”. “Otro tema relevante para nosotros es la regulación sobre el uso prioritario del agua para riego en caso de sequía y el manejo de las crecidas. Un fallo de la Corte Suprema establece que el Estado Nacional debe realizar las obras para regular las crecidas en función de los datos actuales, algo que no hizo ningún gobierno nacional anterior ni el actual”.
No volver
Entre otras, las represas hidroeléctricas El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá, y Piedra del Águila fueron construidas por el Estado a través de la empresa Hidronor en las décadas 1960, 1970 y 1980. El Estado aportó la inversión y los cuadros técnicos que construyeron las moles sobre los ríos Limay y Neuquén. Todo el esfuerzo lo puso el Estado, pero en 1993 fueron privatizadas. Las concesiones fueron por tres décadas y vencieron en agosto del año pasado.
Después de cinco prórrogas (dos en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tres en 2024, bajo gestión libertaria), finalmente Milei firmó el decreto 718. La medida otorga un año de prórroga a las concesiones actuales y fija un plazo de 180 días para realizar una licitación internacional para una nueva privatización.
El decreto elimina la posibilidad de una vuelta de las represas a manos del Estado, algo que el año pasado era una alternativa que manejaba el gobierno del Frente de Todos. Desde la cartera energética, que respondía a Massa, incluso redactaron una nota para que las represas retornen a la órbita de Enarsa a partir del 11 de agosto de 2023, cuando vencían formalmente los contratos de privatización después de 30 años. De todos modos, el ex candidato presidencial no avanzó en este sentido.
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La posibilidad de estatizar las represas también se vio reflejada durante 2023 en el trabajo del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc), un grupo de técnicos convocados por la Secretaría de Energía y el Palacio de Hacienda, que elaboró un informe que -entre sus conclusiones- recomendó que era conveniente que las represas hidroeléctricas vuelvan al Estado. Concretamente señaló que sea bajo la órbita de Enarsa, que ya tenía expertise en represas. El Etahc también destacó que era relevante realizar estudios hídricos y geológicos para determinar las condiciones técnicas de cada una de las represas.
Hasta el momento se desconoce que la definición del gobierno de otorgar una nueva concesión para privados incluya un análisis de estas características.
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