El Gobierno presentará una denuncia penal contra el fiscal de Neuquén por lobby y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se inició con la caída de las concesiones sobre los recursos hídricos que se hallan en las provincias de Rio Negro y Neuquén, que a través del fiscal Raúl Gaitán, piden que se revoque la decisión del Estado nacional de hacerse cargo del control de las represas. En una nota, el fiscal había solicitado que "se revoque la solicitud remitida a Enarsa para que tome el control de las represas".
La secretaria de Energía, Flavia Royón, envió un pedido de instrucción a Enarsa para que se prepare a hacerse cargo de las concesiones caída. Las provincias involucradas enviaron su respuesta, en un pedido de administración Nación-Provincias, preparándose a un reclamo posterior, cuando la orden de instrucción se convierta en un acto administrativo. La discusión tiene lugar en medio del decreto que revierte las concesiones al Estado.
Las represas del Comahue o Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Limay están compuestas por El Chocón (1.300 MW), Alicurá (1.050 MW), Planicie Banderita (472 MW) y Piedra del Águila (1.440 MW), ubicadas en Río Negro y Neuquén. Este tipo de generación de energía han sido parte de una política de Estado que ya data de más de medio siglo. La generación hidroeléctrica en el país la inició el Estado Nacional en la década de 1960 y, en la actualidad representa entre el 10% y 14% de la matriz energética.
Sin embargo, en 1993 se privatizaron con la venta de Hidronor y los contratos de concesión por 30 años vencen el 11 de agosto de 2023 para El Chocón, Alicurá y Planicie Banderita, y el 29 de diciembre (con nuevo gobierno) para Piedra del Águila.
En ese contexto, el ex secretario de Energía Darío Martínez (activo en la política de Neuquén) inició un proceso con la resolución 130 del 10 de mayo de 2022 en el que creó formalmente el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc), que tenía como objetivo relevar las represas en los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y ambientales.
El ministro de Economía, Sergio Massa, y Royón le dieron más fuerza al proceso de reversión de las represas hacia el Estado. Esta definición del ministro de Economía despertó un conflicto entre Nación y las ambas provincias, sobre todo con Neuquén.
Las represas están operadas por privados: el grupo italiano Enel, (anunció su salida del país para este año, pero hay dudas si quiere salir de esta concesión), controla El Chocón. Alicurá está a cargo la compañía norteamericana AES y Planicie Banderita está en manos de Orazul Energy, que pertenece al fondo I Squared Capital. Y Piedra del Águila está operada por Central Puerto. La regulación establece que, terminados los plazos de los contratos, deben volver al Estado Nacional.
Tanto Massa como Royón quieren revertir las represas al ámbito de Enarsa, pero -a su vez- la idea es que Enarsa cree una empresa específica para gestionar las represas. La propuesta es que el capital accionario de esta nueva empresa estaría conformado por Nación, pero con participación de las provincias y deja algún lugar para privados.
El Etahc ya elaboró un informe técnico, en el que recomendó que las represas pasen a Enarsa. El informe es de mayo 2023 y, por ahora, se conocieron sólo las conclusiones. La idea, además, es que se hagan estudios hídricos y geológicos.
Por eso, el 5 de junio, Royón envió una nota a Agustín Gerez, presidente de Enarsa, para encomendar que tome el control de las represas cuando finalicen los contratos. Royón dice que Enarsa “adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y los contratos relacionados con dichas centrales”.
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Está semana la secretaria de Energía volvió a decir públicamente que las represas fueron hechas con recursos de Nación y el aporte fue de todos los argentinos, pero -aclaró- que el recurso natural (el agua) sí es de las provincias, no las represas.
Sin embargo, la nota firmada por el fiscal de Neuquén, fechada el 14 de junio, solicitó que se revoque la solicitud remitida a Enarsa para que tome el control de las represas. El texto habla de las centrales El Chocón (y Arroyito); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar, la planta hidroeléctrica Alicurá y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila.
"Desde las provincias se propone la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado Nacional, junto con las Provincias de Neuquén y Río Negro”, señaló el texto enviado por el fiscal en representación de las provincias. En otras palabras, el conflicto no solo es por la operación, sino también por quién va a quedarse con el activo luego del vencimiento de contratos y la renta del negocio hidroeléctrico. Especialmente, porque las represas ya están amortizadas y la venta de energía a Cammesa está pesificada y sólo cubre los gastos de operación y mantenimiento . Tiene un bajo margen de rentabilidad, lejos de los niveles de inflación.
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Las provincias quieren un aumento en el precio de la energía que generan las represas y Nación no porque implica más subsidios del Tesoro para cubrir la suba del precio. En la nota enviada desde la Fiscalía de Neuquén se argumentó el pedido: “Entre los ejes centrales del proyecto se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”.
“Si bien entendemos -continuó la nota- que el Estado Nacional puede fijar la política energética nacional y disponer de marcos normativos en casos de interjurisdiccionalidad, al momento de disponer respecto a la utilización de recursos naturales para la explotación comercial, son las autoridades locales quienes deben ejercer sus competencias constitucionales”.
Finalmente, el fiscal de Neuquén advirtió que puede judicializar las acciones de la Secretaría de Energía y denunciarlas como inconstitucionales. Incluso, ante el inminente vencimiento de los contratos, adelantó que se podría otorgar un plazo de 12 meses para que las represas sigan en las mismas manos concesionarias.
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