Las tarifas de electricidad y gas fueron parte de los temas centrales del debate presidencial de este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, previo al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre para las elecciones 2023. Javier Milei tuvo una intervención errática al respecto y no dio definiciones claras sobre cuál será su política concreta en tarifas y subsidios si es que llega a la Casa Rosada. Incluso llegó a mencionar posiciones contrapuestas en una misma intervención del debate. “Cuando la economía se recupere, se va a poder pagar esas tarifas (ajustadas)”, dijo en una primera definición el candidato de La Libertad Avanza (LLA).
La consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, viene haciendo un relevamiento sobre los temas energéticos que circularon en la campaña electoral de este año en la Argentina. Según el último documento que publicó este lunes sobre el análisis del debate hacia el balotaje, Milei tuvo “una hoja de ruta confusa al afirmar y desmentir la quita de subsidios, plantear reformas de 1ra, 2da y 3ra generación, y postular que cuando se recupere la economía van a tocar tarifas”.
El relevamiento de Paspartú, al que accedió El Destape, destaca que el candidato libertario volvió a contradecirse en el debate cuando afirmó que “a los subsidios no los voy a tocar”. Pero, inmediatamente, volvió a sostener que va a ajustar las tarifas “cuando se recupere la economía”. Y añadió: “Los ajustes de tarifas no los podemos dar todos juntos porque la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) te los rechaza”.
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CEPIS
Además, Paspartú advirtió sobre la posición de Milei respecto a la Justicia y las tarifas. El candidato de LLA “alertó que el inconveniente principal para un ajuste tarifario es el fallo CEPIS de la CSJN de 2016, cuyas pautas son que haya tarifas graduales y razonables, no confiscatorias, con un sendero de aumento consensuado y publicitado para dar previsibilidad a los usuarios, especialmente a los más vulnerables, quienes tienen derecho a una vivienda adecuada con pleno acceso a los servicios básicos”, describió la consultora.
El fallo “CEPIS” fue una definición de la CSJN de 2016 que, de manera unánime (con los votos de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti), frenó el aumento de las tarifas generalizado que había impulsado Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía y Minería de Mauricio Macri, argumentando que el ajuste debería ser gradual y con previa realización de audiencias públicas.
En 2016, cuando Aranguren intentó poner en práctica un fuerte aumento de tarifas, la ONG llamada Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) interpuso una medida cautelar. En agosto de ese año, el máximo tribunal falló contra el ajuste de Aranguren con el argumento de que las tarifas debían ser justas, razonables y asequibles. De todos modos, el fallo terminó poniendo el foco en que antes de una suba de tarifas significativa como la que finalmente implementó Aranguren se debían realizar previamente audiencias públicas.
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Massa
Por su parte, ante los temas de energía que se debatieron este domingo, Sergio Massa remarcó: “Lamentablemente vimos en la campaña a este candidato (Milei) hablar de motosierras eliminando subsidios que representa, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas”.
Además, el candidato de Unión por la Patria describió su propuesta de gobierno y afirmó que si gana las elecciones irá a un modelo de desarrollo con fuerte impulso exportador para la Patagonia y el Noroeste Argentino (NOA). Como sostuvo durante la campaña, Massa puso en valor a la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta y los minerales como el litio.
“Su definición sectorial más importante consistió en su agenda de seguridad energética, con la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil”, concluyó Paspartú sobre la intervención de Massa en el debate sobre economía y temas energéticos. En particular sobre el modelo exportador, la consultora remarcó que el candidato y actual ministro de Economía afirmó que “para 2024 habrá US$ 40.000 millones adicionales (en exportaciones), lo que permitirá reducir impuestos, incluidas las retenciones”.
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