Duro informe de la auditoría contra Edesur: incumplimiento, equipos viejos y falta de inversión

El informe de auditoría que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realizó sobre Edesur concluyó que la distribuidora no cumple con las exigencias del contrato de concesión y que los cortes de electricidad masivos de los últimos años son por falta de inversión, que genera que hoy la distribuidora opere con sobrecarga de sus instalaciones, con equipamiento de hace más de 60 años e insuficiente cantidad de cuadrillas de emergencia. 

El Destape accedió a un resumen del informe de la auditoría integral y técnica (la versión completa tiene más de 200 páginas) que el ENRE realizó en los últimos cuatro meses y que envió hace dos semanas a la Secretaría de Energía y las cámaras de Diputados y Senadores. También lo envió a las intendencias del conurbano y los gobiernos de Buenos Aires y de CABA. Allí, el ente regulador analizó la situación estructural de las instalaciones, la capacidad técnica y de gestión establecidas en el contrato de concesión de Edesur, al que todavía le quedan 60 años de vigencia. 

Una de las principales conclusiones del informe, según el ENRE, es que las subestaciones de alta y media tensión y los distintos equipamientos (por ejemplo, transformadores) de la distribuidora trabajan con una carga superior al 70 por ciento, un porcentaje superior al que se recomienda y que debería accionar un plan para invertir en reemplazos o mejoramiento de las instalaciones. Pero el texto aclara que -incluso- muchos equipos trabajan con una carga por encima del 80 por ciento.

Además, los cables operan con una carga mayor a la recomendada y las instalaciones críticas de la distribuidora cuentan con un importante nivel de obsolescencia. Uno de los datos más llamativos de la auditoría es que el 60 por ciento del equipamiento de alta tensión de Edesur es anterior a 1980, incluso con algunos equipos originales instalados en las décadas de 1950 y 1960. 

La auditoría del ENRE estuvo a cargo del interventor del ente, Walter Martello, y se impulsó a partir de los cortes masivos de electricidad que sufrió el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el verano, que dejaron varias veces a millones de usuarios sin suministro eléctrico. Si bien los cortes fueron de Edesur y Edenor, el ENRE hizo foco en la primera distribuidora, que tiene índices de interrupciones más frecuentes y masivos y donde el gobierno, sobre todo el ministro de Economía, Sergio Massa, prefirió apuntar sus cañones. Incluso en los momentos de mayor conflictividad por los cortes de luz, desde el Palacio de Hacienda dejaron correr versiones de quita de concesión para la distribuidora, algo que por ahora no ocurrió. 

Conclusiones 

La auditoría concluye que “estamos ante una empresa que no realizó las inversiones que correspondían para tener instalaciones en condiciones mínimas aceptables y poder satisfacer la demanda requerida. Continúan en servicio equipos que son originales (década del ‘50 y ´60) a las subestaciones transformadoras, interruptores, cables, protecciones, etc.

Esto resalta la obsolescencia”. Además, remarca que Edesur cuenta con una “reducida cantidad de personal (especialmente el propio) para restablecer el servicio” y que esto llevó a la distribuidora “a tener que operar instalaciones obsoletas con poca maniobrabilidad en la red y con gran falta de recursos para mantener la continuidad del abastecimiento del servicio”.

Inversiones

De todos modos, la auditoría del ENRE aclara un punto central en el servicio de distribución de electricidad del AMBA: “El desempeño de la distribuidora en el verano 2022-23, volvió a exponer el atraso estructural por la falta de inversiones y de rediseño de las instalaciones. Este problema es de tal magnitud que no es reversible en el corto ni mediano plazo dado que, ni la empresa, ni el mercado cuentan con la capacidad técnica para cumplirlo en un breve período de tiempo”.

Auditoría

El informe señala que uno de los factores que provocan los cortes de electricidad es que “existe una importante cantidad de instalaciones en cascada (que dependen de una sola cabecera) y, por tanto, la salida de servicio afecta a todas las instalaciones aguas abajo”. Otro factor, según la auditoría, tiene que ver con la carga con la que trabajan los equipos y las instalaciones. El informe aclara que “las reglas del buen arte sostienen que un nivel de carga en el orden de los 2/3 (70 por ciento) de una instalación/equipamiento, inicia el proceso de planificación para realizar las inversiones que aseguren un nivel de carga inferior al 70 por ciento”. 

Es decir, que cuando un equipo o instalación tiene una carga de más del 70 por ciento, la distribuidora debería iniciar un proceso de inversión que permita disminuir ese valor. Incluso, el ENRE recuerda en el informe que en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, “la propia distribuidora estableció que su límite (de carga) es del 80 por ciento, pero no lo ejecutó”. 

La auditoría determinó también que más del 80 por ciento de los transformadores de potencia tienen una ocupación mayor al 80 por ciento y, a marzo de 2023, de los 1.330 cables de media tensión, el 56 por ciento superan el 70 por ciento de su capacidad y el 43 por ciento superan el 80 por ciento.

Reclamos

El ENRE remarcó que “la sobrecarga de la instalación (incluso con elementos por encima del 80 por ciento y 90 por ciento) no fue desconocido por la concesionaria y administró las necesidades con restricción de fondos que derivó en una marcada insuficiencia en el dimensionamiento de los recursos disponibles en el campo (propios y tercerizados) para atender reclamos de los usuarios (cuadrillas, guardia/reclamos, equipos de diagnóstico, reducción del personal propio capacitado, etc.)”.

El ente regulador, que llegó a registrar usuarios con 60 reclamos en un solo mes, advirtió que “cuando se acumulan más de 2.000 reclamos, de modo previo a asignarlo a las cuadrillas, la distribuidora realiza una ´Campaña de Llamados´ telefónicos a los usuarios, desde un ´teléfono privado´. Si no contestan cierra el relamo como cumplido; obligando al usuario a volver a reclamar”.

Por último, la auditoría encontró que “durante el verano 2022-23 la distribuidora dispuso del 60 por ciento menos de cuadrillas –entre personal propio y contratado- respecto de años anteriores, a pesar de que el número de fallas aumentó”.