Antes de la llegada de Trump al gobierno norteamericano, el Gobierno de Estados Unidos jugó sus fichas a favor de YPF en la causa iniciada por el fondo buitre Buford
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento para apoyar la postura Argentina en el caso de la expropiación de YPF. En el texto oficial entregado a la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Manhattan, se pide que los argumentos de Burford Capital sean desestimados.
Burford, un bufete de abogados inglés que es especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia por la que Preska condenó al país a apagar más de 16.000 millones de dólares por haber expropiado YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
De esta manera, el gobierno de Joe Biden da una señal previa a la llegada de Donald Trump al poder norteamericano.
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El fondo buitre Burford alegó que el país tomó el control de YPF el 16 de abril de 2012, fecha del decreto de intervención de la empresa, y reclamó 8.430 millones de dólares (los intereses aparte). La Argentina retrucó con que no es correcta esa interpretación, ya que un interventor no tiene las potestades de un accionista y menos de uno mayoritario, y dijo que el país pasó a controlar YPF recién el 7 de mayo, día que entró en vigencia la ley de expropiación del 51% de YPF.
Eso bajaba el supuesto daño a 5.000 millones de dólares. La diferencia entre una y otra fecha implica 3.430 millones de dólares de diferencia. La jueza Preska le dio la razón a los buitres de Burford. No se explica ni siquiera bajo la lógica del derecho privado: ningún interventor es dueño de una empresa, los dueños son siempre los accionistas. Y Argentina no fue accionista del 51% de YPF hasta el 7 de mayo de 2012, primer día hábil después que el Congreso votara la expropiación
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