El fondo buitre Burford, que espera cobrar una suma millonaria tras haber ganado el juicio vinculado a la recuperación de YPF por parte del Estado nacional, le reclamó ahora al poder judicial estadounidense una autorización para llevar adelante embargos sobre bienes argentinos. El demandante considera que el país "no demuestra voluntad de pago". De esta manera, quienes compraron los derechos del juicio a la familia Eskenazy apuestan a reeditar la estrategia de Paul Singer cuando estuvo en riego la soberanía de la Fragata Libertad.
"Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre", solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.
"Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta. Los 30 días son un período de tiempo razonable para que la ejecución pueda comenzar después de eso", agregaron los abogados de Burford en su presentación.
De todas maneras, la causa tiene mucho recorrido por hacer. El fallo no está firme. El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, adelantó que apelará la sentencia de la magistrada.
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La historia
Tal como informó El Destape, ya hubo una primera sentencia en este caso en marzo, en la que la jueza Preska condenó al Estado argentino pero no a YPF, un resultado que salvaguardó el futuro de la petrolera de bandera.
La magistrada falló que la Argentina tomó "control indirecto" de YPF el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de intervención de la empresa. La fecha es relevante ya que Burford pretendía cobrar intereses desde ese año y no desde el inicio del ejercicio siguiente, en 2009.
A su vez, el reclamo de fondo tiene que ver con que los Eskenay y ahora el Fondo Buitre, reclaman que el Estado debía haberles hecho una oferta para adquirir el resto de las acciones en manos de privados.
En 2012 el Estado expropió el 51% que era de Repsol y no hizo esa OPA. ¿Por qué? Porque en la Argentina el Estatuto de una empresa privada no está por encima de una decisión soberana del Estado Argentino y de su Congreso, que votó la expropiación del 51% de YPF y nada más.
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