Luego de meses de puja por el futuro de uno de los proyectos más grandes del programa, el comité ejecutivo de Procrear presidido por la ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, Maria Eugenia Bielsa, y la titular de Anses, Fernanda Raverta, firmaron un acuerdo con el gobierno de Ciudad para viabilizar las entregas de viviendas construidas en el predio Estación Buenos Aires. De esta forma, se dio por terminado el polémico convenio firmado por Mauricio Macri en febrero de 2019.
En virtud de este nuevo acuerdo, se retomarán a partir de la semana que viene las firmas de boletos de compraventa y la entrega de viviendas a las familias adjudicatarias con crédito asignado que se encuentran en la última instancia de este proceso. Las familias seleccionadas serán contactadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y obtendrán detalles de cómo continuará la gestión de los trámites iniciados.
Asimismo, en los próximos días se abrirá la inscripción para el sorteo de nuevas viviendas en el predio Estación Buenos Aires en el marco de la recientemente creada fórmula Hog.ar. Las familias seleccionadas que cuenten con precalificación crediticia y preasignación de tipología de vivienda, o bien hayan completado el proceso de conformación de ahorro de acuerdo con las bases y condiciones establecidas por el IVC, serán convocadas al Banco Ciudad para avanzar con sus trámites.
“Este convenio prevé preservar el acceso a la vivienda y el patrimonio público del Estado Nacional en un predio que fue construido en tierras fiscales nacionales con aportes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses”, indicó el comunicado oficial. Justamente este último fue uno de los puntos más importantes de la disputa
Origen del conflicto
El complejo de 2396 departamentos forma parte de la línea de Desarrollos Urbanísticos que ofrece el esquema de acceso a la vivienda que ideó el kirchnerismo en 2012. El predio consta de un terreno de 18 hectáreas ubicado en el límite de Parque Patricios y Barracas, entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna. Se trata del Desarrollo Urbanístico más grande del país.
El mismo comenzó a ejecutarse en 2013, luego de la cesión de tierras nacionales y el financiamiento del Estado a través del Banco Hipotecario. Fue en el marco de un impulso habitacional que emprendió la gestión de Cristina Kirchner. De hecho, también dio inicio el desarrollo urbanístico ubicado en los terrenos ferroviarios aledaños a la estación Sáenz del ferrocarril Belgrano Sur.
En aquel momento, Nación se hizo cargo de todos los costos correspondientes, incluida hasta cuotas de ABL adeudas por décadas. Además, dispuesto a las reglamentaciones legales de la jurisdicción porteña, del total del terreno en el que se desarrollaron las construcciones, el Gobierno le cedió el 65% del espacio verde a la Ciudad.
Bajo su modalidad clásica, la implementación de Procrear en la Ciudad parecía un círculo virtuoso para ambas partes. Pero todo cambió en febrero de 2019, cuando la gestión de Macri dividió el control del otorgamiento de unidades habitacionales entre Nación y Ciudad exclusivamente para este proyecto.
Según lo dispuesto por el convenio firmado el 15 de febrero del año pasado y que ahora fue revocado, el IVC debía llevar a cabo los procesos de inscripción, selección y preasignación de "los interesados en adquirir las viviendas". Por su parte, el Banco Hipotecario figuraba como fiduciario, mientras que el acuerdo es completado por el Banco Ciudad, entidad responsable de otorgar los créditos UVA de hasta 30 años y a una tasa preferencial para los seleccionados.
De esta manera, Procrear se convirtió en un intermediario entre el Estado y el sector financiero, a partir del sistema de créditos UVA.
El crédito que otorgaba el Banco Ciudad a los beneficiarios se fija por un sistema de scoring a través del IVC, y no con sorteos a través de la lotería nacional, como era originalmente. Inmediatamente que se le otorgara el crédito a cada familia, el banco iba a pagarle el valor de esa vivienda al Procrear. En teoría, esto iba a servir para que el fondo fiduciario del programa pudiera contar nuevamente con recursos para seguir construyendo otras viviendas. Aquí surgía el conflicto más grande.
Desfinanciamiento
Es que el fondo fiduciario de Procrear está compuesto en su mayoría por activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo cual hasta 2015, el organismo previsional invirtió en Procrear a partir de Valores Representativos de Deuda. Claro, el método incluía la obligación de que ese fondeo sea devuelto por el programa Procrear una vez consumadas las obras.
¿Qué pasó? Nación se encontró con 380 viviendas entregadas en el marco de este convenio, con todos los gastos y costos afrontados por Procrear, y donde no se había recuperado un solo centavo por estas unidades habitacionales. El monto se estimó en más de 1500 millones de pesos, que había sido invertido por el Estado a través del FGS.
Sin embargo, ese dinero no se recuperó porque el viejo convenio firmado con la Ciudad estipulaba que solamente Procrear iba a cobrar si las viviendas estaban en condiciones de ser escrituradas. Según pudo saber El Destape, esas viviendas no estaban en condiciones de ser escrituradas, por lo cual se entregaron pero el dinero no se cobró.
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