La Justicia confirmó el embargo multimillonario que pesa sobre Vicentin y sus responsbales por el uso de facturas apócrifas, con las que estafaron al Estado en más de $ 111 millones. La denuncia fue iniciada por la AFIP al descubrir los documentos falsos que presentaron para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. La compañía está en default con 1.900 productores rurales, además de múltiples bancos, y enfrenta otras demandas por evasión y vaciamiento.
El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispone “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $ 111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”. De esta forma, el tribunal confirmó los embargos que habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de Vicentin SAIC y sus responsables a partir de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La resolución tiene origen en la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados. La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Las maniobras detectadas por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. El perjuicio estimado al Estado supera los $ 111 millones de pesos.
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La denuncia fue ampliada en abril de 2021. La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entendieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre los bienes de VICENTIN SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martin Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de las maniobras denunciadas.
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