La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Mauricio Macri para recusar a la jueza Ana María Figueroa. El ex mandatario la quiso apartar por el simple hecho de haber sido una víctima del lawfare que llevó adelante su gobierno. En el expediente se investiga el fraude al Estado con préstamos del Banco Nación y el lavado de activos de la cerealera.
El máximo tribunal penal del fuero federal confirmó a la magistrada en la negativa para que el ex Presidente acuda a la Corte Suprema de Justicia. La Unidad de Información Financiera (UIF) contestó el traslado del recurso extraordinario presentado por la defensa, advirtiendo los motivos por los cuales no correspondía hacer lugar al recurso interpuesto. Allí, planteó que la Figueroa no resulta imparcial debido a que fue objeto de persecución del lawfare, que involucra a funcionarios afines al gobierno anterior.
En la causa Vicentín se investiga la administración fraudulenta en el otorgamiento de créditos del Banco Nación a la sexta mayor cerealera del país. Además, indagan sobre el lavado de activos llevado a cabo por la empresa. La Cámara de Casación ya había fallado contra el planteo de la defensa y en esta ocasión compartió los fundamentos expresados por la UIF y por la fiscalía para rechazar la admisibilidad del recurso extraordinario.
Allí se encuentran imputados Mauricio Macri, Javier Gonzalez Fraga, Vicentin SAIC, Algodonera Avellaneda SA, entre otros funcionarios y directivos de la empresa. La cerealera tomó deuda del Banco Nación por encima del monto máximo permitido, lo que derivó en un daño multimillonario a la entidad cuando Vicentin se declaró en default. También perjudicó a 1.900 productores rurales a quienes no les pagó por haber recibido sus granos. El Gobierno de Alberto Fernández intentó resolver este conflicto con una intervención, pero la presión de la empresa, de Cambiemos y de un grupo de dirigentes agropecuarios lo impidieron.
Macri intentó criticar la imparcialidad de Figueroa por el hecho de haber sido perseguida a través de operadores judiciales pertenecientes al gobierno anterior. En junio del año pasado, la camarista había declarado que fue “la primera víctima del lawfare”.
"Las referidas e infundadas denuncias ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y las publicaciones mediáticas constituyeron mecanismos de presión con una clara pretensión de disciplinamiento, que utilizaban contra juezas/ces, que como en mi caso, no aceptábamos injerencia alguna en nuestro trabajo jurisdiccional", dijo la jueza. En ese momento, incluso señaló que su "actitud independiente y de resistencia a las presiones" de la prensa y el Consejo le trajeron "problemas de salud".
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