Después de casi un año de nebulosa, cambiaron los humores en torno a Vicentin SA. Gran parte de quienes salieron a defender a la empresa dudan ahora de haber sido utilizados políticamente. La sobrerreacción ante la propuesta de la intervención estatal dejó a los productores a la suerte de un Poder Judicial acusado de actuar en complicidad de los dueños de la cerealera.
La empresa dejó una deuda de $ 99.000 millones, no pagó por granos que recibió y comenzó a desguazar los activos, parte de ello dentro del concurso judicial. Esto llevó a que un grupo sustancial de acreedores comerciales sugiera una solución diferente al del expediente para evitar la quiebra. Encabezados por la opulenta corredora Grassi SA, lo entendieron como la “única alternativa”.
Para evitar que continúe el vaciamiento de Vicentin, estas 70 firmas agrícolas que suman acreencias por más de U$S 120 millones llevaron un planteo que sirve de disparador del debate. De hecho, fue tomado de esa forma positiva por todos los bancos públicos que acumulan tenencias por U$S 500 millones, y por la Bolsa de Comercio de Rosario. Todas entienden que, debido a los desmanejos de la compañía, resulta imposible cobrar lo que les corresponde.
Después del desastre que generaron los directores y accionistas, acusados incluso de fraude, el primero de los puntos que los productores entienden necesario consiste en capitalizar las deudas comerciales. Es decir, que los que proveedores pasen a ser accionistas de acuerdo a cuánto se le debe a cada uno. Quienes se nieguen podrán cobrar el dinero, pero con una quita y esperas a acordar.
Como contraparte, estos productores exigen la renuncia de todos los directivos de Vicentin. Más aún, exhortan a la separación de los actuales accionistas, beneficiarios exclusivos del desangre de activos de la empresa. A ellos, explican, les corresponderá un pago dependiente de las ganancias futuras que puedan amasarse en la nueva gestión.
No obstante, en caso de que con la renovación de actividades no se consiga una utilidad elevada en los tres primeros años, se les entregará $ 0 por acción. Sonaría descabellado sólo si no se hubieran ya beneficiado del desguace a la compañía en los dos últimos años.
Además, establecieron necesario un acuerdo con acreedores granarios para asegurar el abastecimiento y con financieros para conseguir capital de trabajo. Lejos de ser siquiera acusados de simpatía con el Gobierno, estos productores debieron admitir con el tiempo que no ven otra opción que la participación activa estatal. “Creemos firmemente que la participación del Estado Nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, redactaron los acreedores, lo que se ubica a leguas de distancia del “Todos somos Vicentin” que promovieron los dueños en 2020 y al que adhirieron Cambiemos y una parte de los chacareros.
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El Banco Nación mostró su apoyo público a esta propuesta privada. Más allá de la necesidad de trabajar en los puntos específicos, su presidente, Eduardo Hecker, destacó que “se basa en tres pilares fundamentales: el reconocimiento de las deudas para todos los actores involucrados; la separación en la gestión de la empresa de quienes la condujeron al default; y la participación, junto a los productores, del Estado provincial y nacional en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo y que permita la recuperación de la producción y los puestos de trabajo”.
La posición del BNA es compartida por el Banco Provincia, el Ciudad y el BICE. “El concurso actual es amañado por Vicentin con un juez absolutamente parcial. Lo único que tenemos como perspectiva es que se consuma el fraude”, explicó el director del Nación Claudio Lozano a El Destape. “A nosotros nos parece positivo para empezar a pensar una salida”, sintetizó.
Esta maniobra puede frenar el desguace, que comenzó con la venta de activos a las familias dueñas de la compañía, la triangulación de operaciones y el traspaso de bienes a la offshore Vicentin Family Group. Por eso el principal planteo, fuera de discusión, consiste en separar a la actual conducción y a los accionistas.
No atiende, no obstante, a los desvíos que transcurrieron bajo la supervisión judicial hacia las guaridas fiscales, por lo que los principales perjudicados por la falta de pago consideran vital que no se encare sólo a la empresa local, sino al grupo en su conjunto. Sobre este punto creen que se puede avanzar con acuerdos en una mesa de negociación. Al respecto los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti realizaron un minucioso reporte para el BNA donde detallan la red offshore creada ad-hoc al vaciamiento.
“Vicentin consumó un vaciamiento. Dejó las deudas en Vicentin Argentina y llevó los activos a Uruguay. La solución es ir sobre el conjunto del grupo. Eso no lo toca el planteo de esta parte de los acreedores comerciales”, aclaró uno de los acreedores a este medio. Corridos los Vicentin de la foto, la empresa puede recomponerse en un esquema que bien puede consistir en privado o mixto.
Si la situación mejora y el Banco Nación recupera su deuda, en una estrategia de recomposición, puede financiar a los productores para que le vendan granos a Vicentin. Bajo ningún punto volverá a prestarle a la agroexportadora, sino a los chacareros, explicaron desde la entidad.
Las opciones bajo análisis consisten en hacer valer su crédito y quedarse con la mayoría accionaria. El banco tiene prohibido capitalizar, por lo que para que ocurra el Estado le debería entregar un bono al BNA por el monto y, a cambio, el Estado pasar a ser accionista directo de una de las cerealeras más importantes del país, una empresa testigo con la que participar activamente para desacoplar las presiones cambiarias, de precios y la evasión fiscal.
Como reveló El Destape, las sojeras subfacturaron ventas al exterior por al menos U$S 11.000 millones en 17 años, lo que representa el 5% de sus ventas. La exportación de granos en Argentina se concentra en sólo ocho gigantes, incluida Vicentin, que armaron una red de guaridas fiscales para minimizar el pago de impuestos y poder transferir dinero al exterior por fuera de la lupa de la AFIP.
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