Mientras la causa del concurso de Vicentin naufraga en conveniencia de sus propietarios, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de una de Algodonera Avellaneda SA, subsidiaria del grupo. También estableció el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las empresas relacionadas y de los exfuncionarios de Cambiemos responsables por entregarle un préstamo de $ 18.500 millones que nunca devolvió.
De acuerdo a la resolución, el levantamiento del secreto bancario será desde enero de 2018 "en relación a las personas físicas y jurídicas que habrían intervenido en la maniobra investigada, así como también respecto de las sociedades controladas, vinculadas o relacionadas a Vicentin S.A. que se pudo establecer que resultaron beneficiarias de transferencias realizadas desde la cuenta corriente en pesos en la que se depositaron parte de los préstamos investigados y a la que se giraron los fondos en garantía de las cobranzas del exterior e internas de las cuentas del Banco Nación".
Esto involucra a ex funcionarios del Banco Nación y del Banco Central, además de los ejecutivos de la compañía aceitera. El juez incluyó a Javier González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Hernán Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan y Daniel Buyatti.
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Ercolini también ordenó el levantamiento fiscal y bancario de Vicentin SA, Algodonera Avellaneda, Rio del Norte SA, Buyanor SA, Oleaginosa San Lorenzo SA, Sottano SA, Sir Cotton SA, Vicentin Desarrollos SA, Rrenova SA, Terminal Puerto Rosario SA y Renopack SA. No incluyó a Vicentin en la inhibición general de bienes, dado que ya está vigente una similar por el magistrado comercial Fabián Lorenzini.
El juez accedió al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que surgió de la denuncia en base a auditorías realizadas por el director del BNA Claudio Lozano. Vicentin acumuló más de $ 99.000 millones de deuda con sus acreedores luego de una serie de maniobras de endeudamiento masivo y giros al exterior.
Si bien la mayoría del pasivo es reclamado por bancos, productores e instituciones impositivas, los propios dueños de la compañía serían los principales beneficiarios de que la Justicia lo tome como un caso más, ya que entre ellos y empresas vinculadas pretenden que les paguen $ 5.800 millones, como reveló El Destape.
En conjunto, estos representan el 4% del total de los interesados. Los propios dueños y las compañías controladas o subsidiarias reclaman $ 5.779 millones, casi el 6% del total del pasivo. Como había graficado Lozano en uno de sus informes, "lejos de ser 'los muertos o los heridos' de la debacle de la empresa, son los responsables últimos de la misma. No hay dudas de que deben ser los últimos a considerar en el concurso de acreedores en marcha".
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