El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dictaminó a favor de confirmar una medida que dispuso la prohibición de innovar en la composición del paquete accionario de la agroexportadora Vicentin y empresas vinculadas, en una causa penal por supuesto lavado de activos.
De Luca presentó su dictamen ante el máximo tribunal penal federal del país, que tiene que resolver si confirma la medida cautelar avalada ya por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, o la revoca, como reclama la defensa de Vicentín, informaron fuentes judiciales.
La medida prohibió modificar la composición accionaria de las empresas con fines de eventual decomiso, en caso de recaer condena en la causa.
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El año pasado, el juzgado federal de Reconquista dispuso la prohibición de innovar sobre el paquete accionario de las empresas investigadas en una causa penal por presuntas maniobras de lavado de dinero que podrían perjudicar a los acreedores de la empresa en proceso de quiebra.
La medida recayó sobre todas las empresas denunciadas por la fiscalía en la causa, entre ellas Vicentin, Renova SA, Algodonera Avellaneda y Vicentin Desarrollos.
"El objetivo de la medida es intentar asegurar el eventual recupero de activos mediante el decomiso", sostuvo De Luca al pedir el rechazo del recurso de los representantes de Vicentin.
El fiscal ante Casación remarcó la "necesidad de prevenir que VICENTIN y las empresas en las que participa continúen desprendiéndose de sus activos"
"Es que la idea detrás de la criminalización del lavado de activos (y de otros delitos) es que el medio más eficaz para obtener resultados en la prevención y represión de la criminalidad organizada es concentrar los esfuerzos en el decomiso de los bienes que son el beneficio de su actividades", agregó en el dictamen.
La medida no busca "perjudicar ni obstaculizar el normal desenvolvimiento económico de la empresa. Por el contrario, interesa a esta parte que su actividad comercial se mantenga y acreciente, porque en parte de ello dependen las expectativas reales de concretar el eventual recupero de activos", agregó el fiscal.
De Luca argumentó que "no es cierto que los bienes se encuentren suficientemente cautelados en la causa donde tramita el concurso en sede local"
" Aquel es un proceso distinto, principalmente entre privados, que tiene como fin la reorganización y reestructuración del pasivo del deudor, ante una situación financiera de crisis. En la causa penal se busca el recupero de activos mediante su decomiso ilícita", diferenció.
La causa se inició por una denuncia del abogado Mariano Moyano Rodríguez, que representa a un grupo de acreedores de Vicentín ante la Procelac por supuesto lavado de activos de origen ilícito.
En la denuncia se alude a la venta de acciones de la firma Renova SA a otra empresa, Glencore, en diciembre de 2019, cuando Vicentin SA "ya se encontraba en estado de cesación de pagos y, no obstante, la suma abonada no habría tenido como destino el pago de sus obligaciones locales, sino que se habría cobrado en el exterior".
" A su vez, durante ese período el grupo empresario imputado no sólo se habría desprendido de activos valiosos, sino que también habría realizado sospechosos movimientos de dinero desde y hacia el exterior", sostuvo la denuncia.
En el dictamen De Luca aludió a la denuncia que "da cuenta de un complejo entramado societario que, potencialmente, podría ser utilizado para canalizar ganancias ilícitas generadas en la gestión del giro comercial de VICENTÍN".
Con información de Télam
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