El juez Lorenzini se excusó en el concurso de Vicentin cuando debía resolver sobre el acuerdo

10 de marzo, 2023 | 17.57

El juez del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, el santafesino Fabián Lorenzini, se excusó hoy de continuar entendiendo en el expediente al alegar “violencia moral” por la presentación hace siete meses de un juicio político en su contra, lo que consideró como “una agresión desmedida”.

De ese modo, el magistrado giró el expediente al juzgado civil y comercial de la tercera nominación de la ciudad de Reconquista y dejó el concurso -iniciado en febrero de 2020-, en momentos en que debía decidir si daba curso o no a la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin a sus acreedores.

El abogado de un acreedor que realizó la presentación de jury contra Lorenzini, Gustavo Feldman, dijo que el juez “se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del crown down (salvataje)”.

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A través de su cuenta de Twitter, Feldman recordó que hace dos años recusó a Lorenzini para intervenir en el concurso de Vicentin pero “la mesa judicial de Reconquista lo protegió”.

Y agregó que “antes de incumplir con Vicentin, se va”.

La excusación de Lorenzini en el concurso supondrá una nueva demora en el final de su tramitación, cuyos plazos procesales ya estuvieron suspendidos durante ocho meses por un planteo de avocación –homologable al per saltum- que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe finalmente rechazó.

Unos días antes de ese incidente, Vicentin había presentado una propuesta de pago del pasivo concursal que cuenta con las mayorías exigidas por la ley tanto en capital como en porcentaje de acreedores.

Algunos de ellos la habían cuestionado por supone, en algunos casos, una quita del 80% de los créditos originales y contemplaba la venta de las acciones que Vicentin aún conserva en la planta de Renova –en la que es socia con la multinacional Gelncore-, transacción que está suspendidas por dos jueces que investigan presuntas estafas de la cerealera.

Lorenzini debía decidir en los próximos días si homologaba ese acuerdo o lo rechazaba y, en tal caso, si habilitaba la vía del “salvataje” que contempla la Ley de Quiebras y Concursos.

Se trata de un procedimiento que, ante la falta de acuerdo, permite al juez otorgarle a otros acreedores o terceros interesados la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores y gestionar la empresa.

El magistrado sostuvo en el texto de su excusación que adopta esa decisión “con fundamento en la violencia moral" que le produce "una solicitud de juicio político presentada ante la Corte Suprema de Justicia, por parte de un representante de acreedores”.

También aduce que lo hace “en resguardo del decoro que exige el ejercicio de la magistratura en este caso en particular”.

Lorenzini recuerda en su texto que en anteriores instancias del concurso sorteó “numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas”.

Sin embargo, señaló, que “un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar”.

Además, sostuvo que desde su “perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido, favoreciendo el pleno escrutinio de los fundamentos que pudiera esgrimir semejante planteo”.

El pedido de jury fue presentado por el abogado Feldman el 1 de agosto del año pasado, y está a consideración del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de esos planteos en Santa Fe.

Lorenzini explicó que es “consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo”.

Así, a tres años de iniciado el concurso de acreedores de la principal agroexportadora de capitales argentinos, con un pasivo verificado de $97.448.330.899, el juez que lo tramitó durante ese tiempo dejó el expediente en manos de otro magistrado.

Con información de Télam