Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas se reunirán el miércoles para dictaminar un proyecto para los tomadores de créditos UVA. Se trata de una iniciativa diseñada en conjunto con asesores de todos los bloques para generar un proyecto de consenso y entendimiento en el que se tomaron en cuenta todas las iniciativas presentadas.
El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por UVA y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un Sistema de Cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por RIPTE. En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, pagarán siempre el Índice más bajo.
El cómputo será retroactivo al 1ero de enero del corriente. La iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción la cuota a abonar no deberá superar el 30 % de los ingresos de los deudores.
Quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
Los créditos UVA, sigla que significa Unidad de Valor Adquisitivo, fueron lanzados en abril de 2016 como un instrumento hipotecario para las familias que quisieran acceder a una vivienda propia a pagar en cuotas. Las unidades de cuenta, atadas a la inflación, se convirtieron en un ahogo para quienes confiaron en una política pública que se ofrecía como alternativa dentro del mercado inmobiliario.
En principio, la suba de la cuota no era una condición negativa del crédito, ya que la inercia inflacionaria acompaña el revalúo de la vivienda. El problema es que el peso de las cuotas se tornó insostenible en relación al crecimiento de los ingresos, además de un descalabro de la inflación desde 2018 hasta la actualidad.
La categórica suba del mantenimiento mensual obligó a más de 100.000 familias a aplazar el pago de las cuotas, ya que suele representar más de la mitad -por lo menos- de los ingresos del hogar.
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