La renegociación tarifaria de 2017 llevada adelante por el gobierno de Juntos por el Cambio "privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos", concluyó un informe del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP).
El Observatorio es una iniciativa de la UNLP que junto a entidades de la sociedad civil articula y produce conocimientos orientados a proteger los intereses y garantizar los derechos de la ciudadanía y los sectores productivos.
En un comunicado, ese organismo precisó que se elaboró un informe tras relevar los resultados de auditorías realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2021 y contrastar las conclusiones de ambos organismos con la evolución de las tarifas eléctricas y su impacto en los ingresos de las familias del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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En base a ese análisis, el OSP determinó que "hubo una clara ventaja otorgada a las empresas por la administración estatal durante el 2017".
Además, consignó que “una de las principales evidencias que dejan las auditorías de ENRE y AGN es la ausencia de participación y consulta a diversos actores fundamentales en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) convocado por la gestión Cambiemos”.
"Ambas auditorías afirman de modo enfático que el proceso que llevó adelante la anterior gestión gubernamental no culminó con tarifas justas, razonables y asequibles, sino que privilegió la rentabilidad empresarial", puntualizó entre las conclusiones.
En ese sentido, el director del OSP-UNLP, Eduardo Baldi, sostuvo que resulta “ostensible la falta de intervención de universidades nacionales con amplia trayectoria en materia de servicios públicos”.
Señaló que “recurrir a las universidades en el marco del debate de las RTI podría constituir una protección natural de los intereses y derechos de la ciudadanía y los sectores productivos”.
En ese marco, el informe planteó que "el ENRE en la auditoría consigna que la RTI fue carente de validez jurídica" y señala que "a partir de distintos procedimientos irregulares el proceso fue una fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras porque el Estado no contaba con la información necesaria".
Además afirmó que "que el objetivo de la política tarifaria fue garantizar una rápida transferencia de ingresos a las empresas Edenor y Edesur" e indicó que se "flexibilizaron" los parámetros de calidad y de inversiones para beneficiar a las operadoras.
El Observatorio puso de relieve también que la AGN afirmó que el proceso de la RTI fue "poco transparente" donde "hubo mucha informalidad en los procedimientos, incumplimientos, exceso de subjetividad en el comportamiento de una consultora externa contratada por el ENRE y una gran asimetría de información entre regulador y regulado".
Además, remarcó que "se aprobaron costos operativos mayores a los reales", y precisó que "la auditoría estableció que los costos admitidos en la RTI por el ENRE fueron en promedio para ambas empresas un 57,5% mayores a los registrados durante el ejercicio contable 2015".
"Ello es, en el caso de Edesur una brecha excedente de $ 2.021,21 millones (61%) y en el caso de Edenor de $ 2.193,9 millones (54%)", subrayó.
Con información de Télam
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