El financiamiento de las Universidades Nacionales que impulsa la oposición y logró la aprobación en Diputados y está a consideración del Senado, tendría un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Interno Bruto, unos $ 738.595 millones, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si logra la aprobación y evita el veto de la administración de Javier Milei.
El proyecto de la oposición cuenta con el apoyo de los sectores vinculados a las Universidades Nacionales, tanto de los rectores como de las organizaciones sindicales y estudiantiles y de graduados.
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La idea central de la iniciativa es actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de esas casas de estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el Indec, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Además, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre del año pasado y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando a cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por INDEC.
Sobre esa base, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó para el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI, compuesto por $ 210 mil millones para la actualización de gastos de funcionamiento respecto de 2023 y $ 86 mil millones para la actualización bimestral, mientras el costo de mejorar salarios de personal docente y no docente representa $ 441.600 millones o 0,08% del PBI.
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Diputados aprobó hace una semana la propuesta de la UCR por 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención y ahora el debate pasó al Senado donde se espera el acompañamiento de Unión por la Patria para lograr la sanción. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, Encuentro Federal y Unión por la Patria para definir el mecanismo de actualización salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.
El peronismo intentó avanzar con un proyecto propio que además de la actualización bimestral de las partidas presupuestarias, ampliaba beneficiarios y montos de las becas Progresar y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, con un mayor costo fiscal no mensurado. Esa propuesta también contemplaba la actualización presupuestaria para ciencia y técnica y el desarrollo de proyectos especiales, institutos tecnológicos y la extensión universitaria.
El trabajo de la OPC determinó que hasta ahora, el Gobierno nacional destinó para el funcionamiento de las Universidades Nacionales casi tres billones de pesos, lo que representó un incremento de 129% en términos anuales frente a una inflación de 263,4% en los últimos doce meses, lo que expone la política de desfinanciar a las universidades que lleva adelante la gestión de Milei.
Las cuentas de la OPC están calculadas sobre un PIB que se achica 3,5% respecto del año pasado por la recesión que atraviesa la economía argentina producto de las políticas oficiales, por lo que el peso del proyecto en un contexto de crecimiento económico se diluiría.
La Ley Bases aprobada por el Congreso a instancias del presidente Milei tiene costos fiscales sustancialmente mayores a esta iniciativa. Solo por la reforma en el impuesto a los bienes personales, incluida en el capítulo de blanqueo fiscal, significa renunciar a una recaudación estimada en 4 puntos del PBI. El Gobierno aceptó actualizar las partidas destinadas al los gastos de las universidades, después de la multitudinaria marcha federal en defensa de las Universidades y la educación pública que se realizó en abril en todo el país.
Pero el aumento acordado de 270% en los gastos de funcionamiento no alcanzó a la recomposición salarial y la Federación Nacional de Docentes Universitarios convocó a realizar un gran “Ruidazo Nacional” el próximo martes 3 de septiembre, para que el Senado Nacional escuche el reclamo por la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario Nacional.
También ante el posible tratamiento del proyecto de ley, previsto para el próximo jueves 5 de septiembre, convocan a un paro nacional de 24 horas, con movilizaciones, que permita la concentración frente al Congreso Nacional para visibilizar el conflicto, así como en cada universidad del país.
Según estimación de los gremios, más del 80% de los docentes y no docentes quedó bajo la línea de pobreza y en septiembre ese número escalará al 95% con el pago de ganancias.
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