La UIF acerca la lupa sobre quienes ejercen cargos políticos

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó una resolución en el Boletín Oficial que mantiene la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) por dos años. Ahora, según la medida, una vez cumplido ese período en el servicio público, cada sujeto obligado deberá evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final. En dicha evaluación se tomará en cuenta "la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición o administración de fondos y la antigüedad en la función pública ejercida" a los fines de mantener o no el mismo nivel de monitoreo.

Los sujetos obligados (entidades financieras y cambiarias, el Banco Central, entidades de seguros, agentes y sociedades de bolsa, y los registros de automotores, inmuebles y aeronaves) son los que les deben rendir una declaración jurada y verificar la condición de PEP ante la UIF con un enfoque basado en riesgo y el objetivo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo, evitando así el "uso indebido del sistema financiero y no financiero" por estas personas.

Del mismo modo, se modifica el alcance de la normativa respecto de los vínculos de las PEP, reduciéndolo del tercer nivel de consanguinidad al segundo y reemplazando el término "afinidad" por "parentesco o cercanía" para aportar mayor precisión. Por último, se agrega la obligación de informar la condición de PEP de los beneficiarios finales, en caso de corresponder.

Entrará en vigor el 1 de abril de 2023, fecha en que quedará derogada la Resolución UIF N° 134/18. Por otra parte, los vínculos con las PEP por parte de los sujetos obligados ahora requerirán de la aprobación de un oficial de cumplimiento, siguiendo la recomendación 12 del GAFI, y requerirá de una declaración jurada no solo al inicio de la relación comercial sino también al momento de dejar de revestir la condición de PEP. Los cambios en la resoluciones se realizan con miras al Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda el GAFI al país, cuyo proceso de preevaluación comenzará el próximo 29 de mayo.