La Secretaría de Gestión de Transporte desestimó hoy el recurso de reconsideración presentado por la concesionaria privada de cargas Ferrosur Roca que había rechazado la aplicación de una norma técnica de tolerancias de seguridad y mantenimiento de vía, argumentando que no se le había consultado previamente.
Así lo estableció el área dependiente del Ministerio de Transporte a través de la Resolución 19/2023, publicada en el Boletín Oficial, que le otorga un plazo de cinco días a la empresa para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso que presentó.
Ferrosur, empresa concesionaria desde 1992 de toda la Línea Roca –con excepción de los tramos urbanos del AMBA- impugnó a principios de febrero la nueva normativa de seguridad y mantenimiento que entró en vigencia a fines de diciembre último.
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La misma implica una clasificación uniforme para toda la red, con parámetros técnicos para las vías que deben ser cumplidos por los operadores privados y estatales, definiendo valores límites para los parámetros geométricos, cantidad mínima de materiales en buen estado, límites de desgaste en rieles y mantenimiento del perfil del balasto, entre otros puntos.
El objetivo es “optimizar el mantenimiento de la vía férrea y los parámetros técnicos de seguridad con miras a lograr la modernización y eficiencia” del sistema.
Ferrosur pidió dejar sin efecto la misma argumentando que en su contrato de concesión toda modificación a las reglamentaciones requiere una consulta no vinculante previa con la firma, cosa que, según la firma, no había ocurrido.
Además, señaló que implicaría una ampliación de sus obligaciones, “sin previa aceptación de esa parte y sin contrapartida en aportes económicos del Estado”.
No obstante, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario consideró que al tratarse de una cuestión de seguridad que no tiene incidencia en el “control de la circulación”, no aplicaba la realización de una consulta previa.
También señaló que la firma “no fundamentó ni explicó adecuadamente las razones por las cuales considera que existiría una ampliación de las obligaciones asumidas y, mucho menos aún, acreditado de manera alguna el supuesto perjuicio económico”.
Tras esto, la Secretaría de Gestión del Transporte determinó hoy que los argumentos de la concesionaria “carecen de fuerza suficiente”, por lo que desestimó el recurso.
Las áreas de Transporte también le recordaron a Ferrosur que su concesión finalizará a la brevedad, y que la prórroga de plazos otorgada a fines del año pasado resulta de carácter precario, “lo que implica que podrá ser dejada sin efecto por el Estado Nacional cuando así lo decida”.
A fines de diciembre último, el Estado extendió por un máximo de 18 meses las concesiones de carga tanto de Ferrosur como de Ferro Expreso Pampeano y Nuevo Central Argentino (NCA), a la espera de nuevas licitaciones bajo la modalidad de acceso abierto, la cual prevé que cualquier operador pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red –es decir, abriendo la competencia entre ellos-, con el Estado pasando a administrar la infraestructura.
Esos 18 meses se cuentan desde la finalización de sus contratos, que en el caso de Ferrosur venció en marzo pasado.
Esta prórroga se dio pese a que previamente, en 2021, Transporte rechazó la extensión de las concesiones por tener “un balance negativo en término de estado de la infraestructura (velocidad y ramales perdidos)”.
En octubre último, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, señaló a Télam que estas empresas “no cumplieron con los compromisos que estaban en esas concesiones para que circulen trenes de pasajeros a la velocidad correspondiente”.
Del mismo modo, Transporte también prorrogó el mes pasado las concesiones privadas de las líneas Urquiza (a cargo de Metrovías) y Belgrano Norte (Ferrovías), pese a que el Estado ya se encarga de la infraestructura de ambas.
Al contrario del resto de la red metropolitana que fue estatizada entre 2007 y 2015 y que es operada en la actualidad por Trenes Argentinos, Transporte prevé realizar una nueva licitación a privados para reconcesionar la operación y mantenimiento de ambas líneas, que, de todas formas, actualmente es cubierta con subsidios por parte del Estado.
Con información de Télam
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