El Gobierno declaró este jueves la emergencia pública ferroviaria. La medida, que había sido anticipada semanas atrás, se oficializó a través de un DNU publicado en la última edición del Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, y mientras se debatía la Ley Bases.
La declaración de la emergencia ferroviaria se dio tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la cual mantuvo entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). La medida fue fijada por un plazo de dos años, prorrograble por única vez por el mismo período.
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En qué afecta la declaración de emergencia
Esta medida afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte, que deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas "indispensables y urgentes" que "resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros" en base a las propuestas que hagan las empresas ferroviarias.
Según lo dispuesto, las firmas tendrán que "efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".
Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".
Además, el Gobierno se comprometió a montar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Asimismo, se indicó que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) "deberán imputarse en el presupuesto 2024."
Despidos masivos
En la Secretaría dicen contar con estudios que avalan el despido masivo de empleados en nombre de la eficiencia. Según los análisis que vocean, hay 8.000 trabajadores que deberían ser echados en los próximos meses en virtud de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades ferroviarias. En Casa Rosada, en tanto, sostienen que Trenes Argentinos “tiene 33.000 empleados y debería funcionar con 3.000”. La principal dificultad que encuentra el Gobierno para avanzar con el plan es la falta de recursos habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar tamaña cantidad de indemnizaciones.
El principal límite para avanzar a toda máquina con el plan es económico y político. La necesidad de mantener un rumbo de desinflación prima a la hora de definir el aumento del pasaje. En Transporte consideran que los valores que pagan hoy los usuarios corresponden al 10% del valor real del pasaje pero señalan que Caputo pisa cualquier nuevo tarifazo. Hoy los viajes oscilan entre los 200 y 320 pesos.
Además sostienen que las empresas están endeudadas en hasta 100 millones de dólares. El decreto habilitará a Trenes Argentinos a renegociarlas y revisar o suspender contratos con proveedores.
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