Luego de la quita de subsidios anunciada por el Gobierno, las cámaras que nuclean a las empresas de colectivo en el AMBA salieron al cruce de esta decisión. Los empresarios insisten en que el retiro de fondos no tiene justificación y que la deuda del Estado asciende a más de 50 mil millones de pesos.
La semana pasada, la Secretaría de Transporte comunicó haber detectado que se estaban entregando subsidios "innecesariamente" a 1.637 colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y dispuso que desde este mes ya no recibirán asistencia estatal, lo que implica una quita de $ 6.200 millones. Al mismo tiempo, afirmó que su deuda asciende a 10.000 millones y no a 50.000 millones como consideran las cámaras. La decisión oficial se conoció en medio de la tensión entre el propio Gobierno, la patronal transportista y la UTA por la falta de pago de los propios subsidios, que llevó a amenazas de un posible paro en los últimos días.
El comunicado de las empresas
"Todos los coches incluidos en el cálculo que determina subsidios (incluyendo esos 1.637) existen. Debido al repetido atraso en el pago de los subsidios y los errores de cálculo, absoluta responsabilidad del Estado, los millones de usuarios de colectivos del AMBA perciben la reducción en la cantidad de colectivos prestando servicio (a pesar de que los mismos existen) situación que ya se había analizado entre el Estado y las cámaras empresarias el año pasado", dispararon las empresas. Según la compañía, la "estructura de costos que se utiliza para determinar subsidios incorpora la cantidad de kilómetros reales medida por los GPS que tiene cada unidad, siendo medido (junto a los precios de los insumos), por el propio Estado. Siendo la Secretaria de Transporte único responsable del tal proceso, usando medios electrónicos para medir la prestación de servicio desde el año 2013".
La Secretaria de Transporte "conoce esta situación, ya que fue analizada durante el mes de enero pasado", subrayó el comunicado. Por una cuestión “fiscalista”, de ahorrar en favor del Estado, se decidió “corregir” solo algunas diferencias (los 1.637 coches en cuestión), "dejando de lado las otras diferencias por más de 50.000 millones mensuales a favor de los operadores, generada por errores de cálculo de la propia Secretaria de Transporte en: precio del gasoil, litros de gasoil consumido, precio de los vehículos, subestimación de costos diversos que no se actualizan desde 2021, tasas de interés, etc", explicaron.
Por último, concluyeron: "No hemos elegido ni solicitado este régimen de subsidios, ni los cambios de criterio en la medición del parque, o los porcentajes de coches de reserva por desperfectos ocasionado por la mayor antigüedad de flota, que debe ser del 15%, según lo normado, en vez del 10% cambiando así por completo la conclusión".
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