El Gobierno revocó una polémica medida que había tomado el expresidente Mauricio Macri para modificar la superficie del Puerto de Buenos Aires con el objetivo de generar en esa zona un millonario emprendimiento inmobiliario. Las autoridades nacionales volvieron a modificar los límites de la terminal portuaria porteña a los que tenía antes de la llegada de Macri a la Casa Rosada.
En 2016, el expresidente ordenó a la Administración General de Puertos (AGP), que disponga un cambio de superficie del llamado Puerto Nuevo mediante la Disposición 97/2016, que le quitó al puerto un tercio de su superficie, en especial con la desafectación de áreas portuarias como la parrilla ferroviaria enfrente a Catalinas, en la zona porteña de Retiro. El objetivo era permitir la venta de las tierras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un total de 230 hectáreas, o sea, un 30% de la superficie total de Puerto Nuevo, responsable a su vez del 56% del movimiento internacional de contenedores de importación y exportación de todo el país.
De hecho, organizaciones vinculadas a las actividades portuarias presentaron un amparo ante la Justicia por entender que la desafectación de tierras portuarias "del Estado nacional" para fines ajenos debe ser efectuada sólo por una ley del Congreso. También reclamaban que el territorio, infraestructura e instalaciones del Puerto Buenos Aires sólo pueden afectarse a actividades portuarias y advertían que el cambio de límites erosiona la eficiencia de la zona y la posibilidad de competir frente a otros puertos nacionales y extranjeros.
En 2016, Macri ordenó a la Administración General de Puertos (AGP), que disponga un cambio de superficie del llamado Puerto Nuevo mediante la Disposición 97/2016, que le quitó al puerto un tercio de su superficie, en especial con la desafectación de áreas portuarias como la parrilla ferroviaria enfrente a Catalinas, en la zona porteña de Retiro. La presentación judicial también señalaba que la Disposición 97 ponía en jaque a 30 empresas permisionarias, y a sus trabajadores, que ocupan los espacios que se pretendían desafectar.
En la Disposición 1/2023 de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, publicada en el Boletín Oficial de este 20 de enero, se señala que la desafectación de todos esos inmuebles de la AGP "devienen nulas de nulidad absoluta e insanable, por exorbitar la competencia de las autoridades que las han suscripto, y evidenciar una causa y un objeto no apegado a la realidad y al derecho que les resulta aplicable". La medida sostiene también que se trató de un acto "gravemente viciado en varios de sus requisitos esenciales, por lo que, no habiendo generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, corresponde su revocación en sede administrativa".
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