Aumentó el boleto de trenes y colectivos, pero el problema recién empieza

Con 15 días de demora, este lunes llegó el aumento de un 45% en el boleto de colectivos y trenes del AMBA, mientras es inminente la convocatoria a la audiencia para determinar la suba de febrero. Sin embargo, aún con este nuevo esquema de alzas periódicas, el problema de la tarifa del transporte público recién empieza y amenaza con no tener salida a la vista.

Desde las cero horas de este lunes, el boleto mínimo de colectivos para el AMBA pasó de $52,96 a $76,92, igual proporción que el aumento que ya rige en los trenes metropolitanos, con mínimos que van desde $37,38 a $48,38 según la línea.

Se trata de la misma suba acordada entre el Gobierno y las cámaras del sector a fines de diciembre, que debía ser originalmente aplicada el 1º de enero pero que se demoró por cuestiones de logística vinculadas a las máquinas SUBE.

Pero, el lector de esta nota no debe preocuparse por familiarizarse con el nuevo precio, ya que desde el inicio de febrero los boletos aumentarán otra vez. Para ello es inminente la convocatoria formal a la audiencia pública por parte del Ministerio de Infraestructura, del cual depende la Secretaría de Transporte.

Se trata del paso legal necesario, protocolar y no vinculante, para luego oficializar la suba. En principio, la fecha tentativa era la de este mismo lunes 15, pero el procedimiento indica que debe pasar al menos un día entre la convocatoria a la audiencia en el Boletín Oficial y su realización.

En cualquier caso, convendrá estar atento a la resolución del BO, porque probablemente allí estará incluida la "propuesta" del Gobierno para la nueva tarifa de febrero, que no tendrá obstáculos para ser oficializada tras la audiencia.

Es parte del esquema oficializado el pasado 3 de enero mediante la Resolución 8/2024, que restablece la indexación del boleto de trenes y colectivos del AMBA según la inflación previa en el Gran Buenos Aires, la cual rigió entre marzo y agosto del año pasado.

De este modo, lo seguro hasta ahora es que la tarifa tendrá, en febrero, una suba no menor al 25,1% de inflación que tuvo el GBA en diciembre pasado, según el IPC del Indec.

Sin embargo, fuentes oficiales al tanto de este asunto admiten que "no está claro" todavía si, como entre marzo y agosto pasados, las tarifas subirán únicamente por inflación o si, al contrario, habrá un aumento mayor. La intención oficial del Ministerio de Infraestructura es que las tarifas del AMBA converjan paulatinamente con las de Córdoba y Rosario, donde este lunes el boleto mínimo de colectivos es de $240.

La quita de subsidios, un problema sin salida

De hecho, es casi obvio que las subas de los próximos meses deberán exceder a la indexación por inflación, ya que ni siquiera de esta manera es seguro que permita proceder a la quita de subsidios, objetivo que se propuso Luis Caputo.

El plan explicitado por el ministro de Economía es recortar los subsidios, que hoy representan al 0,46% del PBI en el caso del transporte, en un tercio por año. La urgencia para el Gobierno es económica pero también política, ya que este es uno de los puntos a los que exhortó el FMI en el acuerdo de nivel técnico firmado el miércoles.

Pero las complicaciones son grandes. Básicamente porque los caminos posibles son tres, pero en los tres hay una parte que sale perdiendo y el problema se hace irresoluble, tal como remarcó la propia cámara transportista AAETA.

Si los subsidios aumentan, las empresas pueden mantener un precio del boleto relativamente barato para la gente, pero el Estado no achica su déficit. Si los subsidios se congelan sin un aumento considerable en la tarifa, el boleto seguirá siendo barato pero las empresas se funden. Y si los subsidios se quitan permitiendo una suba irrestricta de la tarifa, las empresas y el Estado sanearán sus balances pero a costa de un boleto de más de 1.000 pesos, impagable para la gente de a pie (valga la redundancia).

Las cámaras transportistas advierten que el aumento que entró en vigencia este lunes, que llevó el boleto mínimo a $76,9, es ínfimo de acuerdo a sus necesidades, ya que la tarifa técnica es de $800 por viaje. En los próximos dos meses, la suba de esta tarifa, que es la que mide el costo real del sistema, será palpable no solo por la inflación sino también por la apertura paritaria de la UTA.

La cuestión es que, ante el ritmo de aumento de la tarifa técnica, la quita de subsidios netos solo sería viable en un contexto no inflacionario, opuesto al actual. El ritmo que tiene hoy la suba de precios hace que un aumento de la tarifa con una quita de subsidios redunde en un boleto directamente inaccesible.

Las empresas del sector explican que, frente a la tarifa técnica de $800, entre lo que se les cobra a los pasajeros y los subsidios solo reciben $450, por lo que tienen un déficit de $350. Por lo tanto, ni siquiera multiplicando el boleto por cinco y llevándolo a $200 podrían solucionar el déficit si los subsidios se quitaran.

En otras palabras, el plan de Infraestructura de congelar el subsidio nominalmente es inaplicable, entienden las cámaras del transporte. Lo más racional para el Gobierno sería aspirar a, como mucho, desacelerar el aumento de los subsidios, sin subsanar el déficit de las cuentas públicas pero aumentando la tarifa a un punto que satisfaga parcialmente a las empresas y la gente, con esfuerzo, pueda pagar. Lo que vislumbran las cámaras es que en el AMBA el boleto mínimo pase a ser de unos $300 en febrero o marzo, frente a boletos de $340 en Córdoba y Rosario.

Como sea, el pedido de los empresarios del transporte es pasar de un subsidio a la oferta, como hoy, a un subsidio de la demanda. De ese modo, podrían cobrar ellas mismas la tarifa plena, beneficiándose de que el cobro de la SUBE les es remitido con solo 24 horas de atraso, frente a los meses que suele demorar el cobro de los subsidios oficiales.

Por eso, admiten que a ellas les conviene aumentar más la tarifa aun sabiendo que de ese modo perderán pasajeros, sobre todo los que se toman transporte por pocas cuadras. En este caso, a qué sector de los pasajeros subsidiar ya sería un problema exclusivo del Gobierno.