Hagamos como Australia: eliminemos el secreto fiscal por ley

En 2015, Australia eliminó el secreto fiscal de las grandes empresas. Argentina debería seguir el ejemplo de los canguros y eliminar por ley del Congreso el secreto fiscal vigente normado por el artículo 101 la ley 11.683. De hacerlo, el gobierno podría utilizar la información tributaria para diseñar e implementar mecanismos regulatorios y políticas públicas más eficaces y eficientes

Esta semana el portal económico Voxeu publicó un trabajo de investigación empírica realizado por los economistas Massimo Morell y Matia Vannoni sobre el efecto de las regulaciones sobre el crecimiento económico. El estudio utiliza datos de los 50 estados de EEUU desde 1965 a 2012 y postula que la regulación puede ser buena o mala para el crecimiento económico dependiendo de, entre otras variables, la calidad de la información que manejan los reguladores. Este resultado esta alineado con la intuición económica y con los modelos teóricos de la economía de la regulación. Entre las condiciones fundamentales para que la intervención en la economía sea beneficiosa se encuentra que el Estado cuente con la información necesaria en tiempo y forma.

Hace un tiempo descubrí un paper que contaba la historia de la creación del primer impuesto a las ganancias de las empresas (Corporate Tax) en EEUU en 1909. Como me gustó mucho, terminé escribiendo esta nota en El Destape.

La historia tiene un detalle muy importante. Roosevelt sabía que solo con el apoyo de la opinión pública podría combatir a las grandes corporaciones que se estaban convirtiendo en gigantescos monopolios. Por eso manda una ley al Congreso que crea el impuesto a las ganancias de las empresas con un detalle clave.

Toda la información que las corporaciones presentaran en sus declaraciones impositivas sería de acceso público. La estrategia era simple y efectiva publicitando los números de las corporaciones, la opinión pública respaldaría cualquier acción que redujera su poder de mercado

Luego de aprobada la ley, el lobby corporativo comenzó su eficaz tarea de demolición de la pieza fundamental del Corporate Tax. En 5 años de operaciones lograron eliminar el status legal del acceso público a los datos impositivos de las corporaciones Así nació el secreto fiscal

El Impuesto a las Ganancias de las Empresas de EEUU nació con una alícuota muy baja, 1% de los ingresos netos. Como sabemos con el paso del tiempo esa alícuota fue creciendo. Llegaría a su pico máximo en los años 50-60 superando el 50% para luego descender al 21%. Ahora Biden quiere subirla al 28%

Pero de eliminar el secreto fiscal y recuperar el "espíritu" original que Roosevelt le impuso al Impuesto a las Ganancias de las Empresas, ni hablar. Mejor no hablar de ciertas cosas….

Mientras tanto, en nuestro país la semana del 17 de marzo, el gobierno lanzó el SIPRE y se presentó un proyecto de que sube el Impuesto a las ganancias de las grandes empresas del 30% al 35%.

El SIPRE es el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica. El SIPRE fue creado por el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de contar una herramienta de recolección de información estratégica para el diseño e implementación de políticas que garanticen el abastecimiento y el funcionamiento competitivo de los mercados de bienes finales e insumos con mayor impacto en la población y la actividad económica del país, previniendo situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales así como la continuidad de servicios asociados a la producción y el comercio.

Es un sistema que obliga a las grandes empresas a presentar ante el Ministerio de Desarrollo Productivo mensualmente información sobre sus ventas. La reacción de las empresas fue furibunda. Los portales explotaron de notas de opinión y entrevistas a sus voceros acusando al gobierno de ser soviético, burocrático, demodé, de poner palos en las ruedas de la producción de riqueza, de impedir que se liberen las fuerzas productivas de la Nación, de no entender que el mercado siempre funciona mejor si no se le pone arena en los engranajes, pero ....

Uno de sus voceros cometió un acto de honestidad brutal y dijo "para que piden esta información si ya la tienen". Y obviamente yo me acordé de Roosevelt y el secreto fiscal. Efectivamente, el Estado ya tiene casi toda la información que ahora exige a las grandes empresas.

Hoy en día la AFIP tiene casi online toda información sobre ventas y compras que hacen las empresas. El problema es que la ley 11.683 de procedimientos fiscales establece el secreto fiscal en su artículo 101. Según este artículo, la información que los contribuyentes vuelcan en sus declaraciones juradas es secreta y está vedada su difusión. Solo el Poder Judicial tiene acceso a la información de los contribuyentes bajo estrictas condiciones reguladas por dicho artículo, cuyo cumplimiento es vigilado a cara de perro por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.  Y por lo tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo no tiene acceso a esa información

Dicho de otra forma, las grandes empresas se han ocupado de que el Estado sea un Estado bobo.

El Estado cuenta con toda la información necesaria para implementar políticas púbicas sofisticadas y eficaces pero no puede porque el establishment se ha ocupado de generar leyes que funcionan como palos en la rueda de la gestión pública.

En 1909 los yanquis descubrieron que solo con difusión pública de la información comercial de las grandes empresas podrían generar el apoyo político necesario para combatir sus prácticas anticompetitivas La reacción de las corporaciones creó el secreto fiscal

A las grandes empresas estadounidenses, no les preocupa tanto que le suban el impuesto a las ganancias, recuerden que Roosevelt creó el impuesto con una tasa del 1%, que llegó a ser del 50% y hoy Biden quiere subir del 21% al 28%. Lo que los empresarios no están dispuestos a tolerar es que la opinión pública tenga acceso a la informacion clave.

Las empresas inventan miles de estrategias que les permiten evadir impuestos. Pero si la información impositiva se hace pública a los grandes empresarios, les sería más difícil mantener cierta status de buenos samaritanos gracias a sus fundaciones y campañas de responsabilidad social empresaria.

Pasa en EEUU.

Pasa en Argentina.

La semana pasada leímos en los portales hegemónicos que las grandes empresas estaban ultimando su estrategia judicial para evitar cumplir con las obligaciones que les impone la nueva normativa del SIPRE.

En principio presentarán un recurso administrativo para no tener que cumplir con los requerimientos de suministrar información que les impone el SIPRE. A mi entender, si avanza esta estrategia de las corporaciones, el gobierno debería seguir la recomendación de Marechal y salir del laberinto por arriba. Hay que copiar a Australia y eliminar el secreto fiscal por ley del Congreso.

En febrero de 2018, el National Bureau Of Economic Research de EEUU publicó un documento de trabajo llamado Public Tax-Return Disclosure (Acceso Público a las Declaraciones Juradas de Impuestos, sería una posible traducción). Sus autores Jeffrey L. Hoopes, Leslie Robinson, Joel Slemrod ponen en debate los pro y contras de levantar el secreto fiscal en base al caso australiano. 

Entre 2013 y 2016, Australia avanzó con la sanción de una serie de leyes que implementaron el acceso público a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de las grandes empresas, ya sean empresas cuyas acciones coticen en los mercados de valores o no.

Según este paper, entre los países que han generado políticas de acceso público a las declaraciones juradas impositivas de las empresas se encuentran Dinamarca, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Japón y EEUU.

Entre los principales argumentos a favor de dichos cambios esgrimidos por los legisladores australianos se encuentra que “una mayor transparencia en cuanto a la información impositiva de las grandes empresas las alentaría a pagar su ‘parte justa’ de impuestos, mejorar la rendición de cuentas y educar al público sobre el cumplimiento de las leyes tributarias”.

Estas ideas se sustentan teóricamente en el razonamiento de que más información en las manos del público implicará un escrutinio adicional sobre las declaraciones juradas que mejorará el cumplimiento tributario a través del efecto “vergüenza pública” que sufrirían las empresas que no pagan impuestos.

Hace unos meses se conoció un ranking de países con mayor movilidad social, elaborado por el World Economic Forum. De los siete primeros países que encabezan el ranking, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Holanda y Suiza, cinco de ellos tienen legislaciones que permiten el acceso público a las declaraciones juradas de las empresas. 

Antes de terminar veamos un detalle que muestra el celoso cuidado que ponen las corporaciones en mantener bajo siete llaves su información tributaria.

En 2017 el gobierno de Macri implementó una reforma tributaria mediante la sanción de la ley 24.730. Esta ley significó una baja de impuestos a las grandes empresas con el consiguiente desfinanciamiento de las arcas públicas.

Sin embargo, quiero resaltar que un detalle menos difundido es que el artículo 222 de la ley mencionada estipula que “La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275”. Es decir por la ley 27.275 los ciudadanos tenemos derecho a conocer la información que poseen los distintos organismos públicos, pero no podemos aplicarlo para saber cuánto pagan de impuestos las grandes empresas en Argentina.

Hace más de 110 años Roosevelt nos marcaba el camino a seguir, para que el Estado tenga suficiente poder político para poder evitar que las grandes empresas hagan de las suyas y terminen condicionando la democracia es necesario que la opinión pública tenga acceso a sus “secretos fiscales”.