Esta semana se sancionó la ley de teletrabajo en el Congreso y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, deslizó la posibilidad de discutir las condiciones del mercado y legislación del empleo "sin tocar derechos". Ante los cambios bruscos que produjo la pandemia, los tiempos de debate parecen acelerarse y resuena cada vez más un concepto sobrecargado en términos ideológicos: la reforma laboral.
La sola mención de estas palabras encienden las alertas de los trabajadores y es normal que eso suceda. Es que históricamente, el término siempre fue asociado a la elaboración de leyes o proyectos que tendieron a recortar derechos y limitar la acción sindical colectiva. De hecho, este fue uno los objetivos que al macrismo le quedó pendiente cuando sucumbió en las elecciones presidenciales de 2019.
Generalmente, los grupos empresarios más grandes -en alianza con el ala más conservadora de la política- insiste en que la modificación de la estructura laboral argentina es necesaria para "promover el crecimiento y el desarrollo", "rebajar costos altísimos" y "desarrollar el empleo". Por empezar, estas premisas se materializan como mentiras en la realidad efectiva.
Llaman "costos" a los derechos
De acuerdo a un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), de 13 países que realizaron políticas de flexibilización laboral, 11 vieron reducido su empleo en el orden del 2%, en un plazo de 5 años. Además, indicaron que en Argentina, los salarios tienen más impuestos que en Francia y Alemania.
Los casos son los de Grecia (-5,2%), México (-2,7%), República Checa (-2,3%), Estonia (-1,9%), Italia (-1,7), Portugal (-1,4%), Hungría (-1,2%), Eslovenia (-0,9%), España (-0,8%), Nueva Zelanda (-0,6) y Francia (-0,3%). Los únicos datos positivos son los de Holanda y el Reino Unido.
En diálogo con El Destape, el director de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) dependiente de la Universidad Nacional de San Martín, Matías Maito, afirmó que "hay una perspectiva del paradigma ortodoxo que apela al recurso de un supuesto obstáculo para el desarrollo económico". A este argumento, respondió: "No estoy de acuerdo. La legislación actual no es un impedimento y no tiene que haber una reforma sustancial, ni tampoco la vía es reducir derechos".
Las cargas impositivas sobre el salario suelen ser el principal motivo del sector empresarial a la hora de bregar por la reforma laboral. Pero el índice de los países con los impuestos sobre el trabajo más altos refleja otra realidad: Bélgica es el primero con 52,7%, lo siguen Alemania con 49,5%; Italia con 47,9%; y Francia y Austria con 47,6%. Argentina no forma parte del lote principal (se ubica 17 con 31,9%).
"Durante los cuatro años de gobierno neoliberal, los trabajadores formales perdieron el 20% de su poder adquisitivo y los informales aún más. Hoy un trabajador formal en el medio de la escala salarial gana $ 45.000, apenas por encima de que lo que necesita una familia para no ser pobre. Hablar de costos en este contexto es por lo menos problemático", analizó Maito. Una cuestión que no suele ser mencionada en esta clase de discusiones es la relación directa con el sistema de seguridad social.
En este sentido, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano explicó: "Se suele tomar como eje la falta de sustentabilidad de la seguridad social, y si eso existiera se debe a que esos fondos se financian por las contribuciones de empleadores y trabajadores. A eso lo llaman costos". Asimismo, agregó: "Quienes se refieren a derechos como costos deberían explicarle a jubilados que cuando se habla de rebaja de contribuciones patronales estamos desfinanciando la seguridad social".
"En las últimas décadas, países adoptaron reformas flexibilizadoras. Según la OIT y la ONU, no implicaron ni más ni mejor trabajo. Al contrario, favorecieron un proceso de informalización del mercado y de debilitamiento de los sistemas de protección social", aclaró Ottaviano. Pero puede trazarse un camino distinto.
Reformas que sí
En declaraciones a El Destape Radio, Cecilia Todesca sostuvo que deben implementarse modificaciones para "aumentar la productividad" pero sin "tocar derechos". Los especialistas consultados por este medio coincidieron que podrían haber modificaciones que mejoren la situación de los trabajadores.
Para Maito, hay una serie de cambios a evaluar en el futuro cercano, como lo son al regulación del trabajo de plataformas, reducción de brechas de género, regularización de la tercerización, y la promoción de un esquema de contribuciones patronales que sea más progresivo, el cual aumentaría en base al tamaño de las empresas. Como sucede en estos casos, los convenios colectivos de trabajo son puestos bajo cuestionamiento.
"Sostienen que están desactualizados y que impiden el ingreso de tecnología del siglo 21. Disiento en parte porque los convenios se fueron actualizando en tema contenidos, auqnue no en variables como las categorías profesionales" remarcó el director de CETyD. Aunque soslayó: "Hay un mito sobre que eso beneficia a trabajadores, y en realidad sucede al contrario. En tanto que la organización del trabajo no se corresponda con la realidad, los trabajadores tienen mayor discrecionalidad para defenderse y organizarse".
Para Ottaviano, "hay un eje a trabajar en la negociación colectiva con foco en la protección de la salud en marcos tripartitos, donde participen Estado, empresas y trabajadores en los mismos establecimientos". Desde su perspectiva, se debe "incorporar la productividad, el diálogo social va a abordar este tema".
"Argentina tienen un problema de productividad pero la falta responde a una actualización de y organización del trabajo. Faltan programas de capacitación para adecuar capacidades a la incorporación de la tecnología", planteó el abogado. Por eso, enfatizó sobre la idea de que "hay que incorporar novedades de la industria y los servicio sin afectar derechos consagrados hace mas de un siglo en Argentina y el mundo".
Desde la voz trabajadores, el secretario gremial de la CTA Autónoma, Rubén Ruiz, reflexionó: "Los cambios laborales tienen que estar precedidos de un plan económico a mediano y largo plazo. ¿Qué actividad vamos a privilegiar para insertar nos en el mundo? No podemos competir en cualquier rubro porque vamos a perder". Al mismo tiempo, amplió: "No podemos obviar la abundancia de recursos naturales que tenemos y las ventajas que eso depara. Porque perdemos dos veces. ¿Qué actitud tomamos frente al avance tecnológico? ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Cómo hacemos para generar un shock educacional que iguales posibilidades?"
"Con un sueldo promedio de $ 35.000 y casi un 50% de pobreza en la pospandemia es difícil pensar en cambios significativos. Más bien, el esfuerzo estará puesto en la defensa de derechos y en la pelea contra la inflación. El 30% de las empresas declararon que tendrán utilidades a pesar de la pandemia y la cuarentena", sentenció.
El ejemplo del teletrabajo
Tras las críticas por parte algunas ramas del sector empresario, el Congreso finalmente sancionó la ley de teletrabajo. El instrumento lega regulará una modalidad laboral que se profundizó a raíz de la cuarentena por el coronavirus y que podría extenderse en el tiempo.
Las regulaciones específicas para cada rama de la actividad serán acordadas en los convenios colectivos que negocien los gremios y empresarios. Un punto central de la nueva normativa establece que las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de los mismos derechos y obligaciones que quienes trabajen bajo la modalidad presencial
"Me parece muy positivo porque se suele afirmarse que el teletrabajo llego para quedarse, pero lo que establece la ley es cómo se va a aquedar si se queda. Es positivo que la ley no fomente ni lo limite. Sin al ley, el costo adicional iba a ser absorbido por los teletrabajadores", precisó Ottaviano.
Respecto al detalle, aseveró que tiene dos elementos muy importantes, como lo son el "derecho de reversibilidad y la interrupciónn de la jornada por motivos de cuidado". El nuevo marco legal "implica un derecho avanza en la soberanía del tiempo, es una innovación protectora de derechos".
Para Ruíz, la ley "es un paso muy importante y llena un vacío legal existente en la actualidad, dota de certezas legales a los empleadores y consagra derechos específicos a los trabajadores". Tal vez la sanción del proyecto signifique una apertura de nuevas discusiones.
La CTA plantea un proyecto establece comités paritarios de salud y seguridad laboral en todas las empresas de cara al regreso presencial en la pospandemia. Al respecto, Maito expresó: "Seria interesante que los trabajadores se involucren sobre la organización del trabajo y la optimización del sistema productivo. Los trabajadores están siendo socios en las pérdidas en pandemia y deberían ser socios en los momentos de reactivación".
"Una regulación moderna e inteligente no implica un avasallamiento de derechos, sino establecer claramente que una innovación tecnológica no debe afectar puestos, ingresos. Debe incrementar la capacidad laboral de empresas y trabajadores", concluyó ottaviano..
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