Las cuentas que dejó Mauricio Macri en ANSES no cierran y desde noviembre se tiene que empezar a desarmar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar gastos corrientes. El Gobierno trabajó contrarreloj en un proyecto que salve lo que queda del patrimonio y el jueves consiguió medio dictamen. Si el trámite parlamentario continúa su ritmo se podrá salvar la estabilidad del sistema jubilatorio argentino.
No resulta una exageración plantearlo en estos términos. Cambiemos desmenuzó al otrora opulento Fondo anticíclico al punto de que en 2019 sólo quedó el 50% de lo cedido por Cristina Kirchner en 2015. Si bien no pudo terminar su trabajo, el ex titular de ANSES Emilio Basavilbaso dejó una maquinaria para que se encargue y que obligaría a un mayor desarme del organismo desde noviembre.
La ley ómnibus del blanqueo fue aprobada en 2016 con el argumento de realizarles a los jubilados una “reparación histórica” que mejore sus haberes. La sociedad aspira a aumentar los ingresos de los trabajadores pasivos, que históricamente se mantuvieron debajo del 82% móvil al que se aspiraría (con un acercamiento al final del kirchnerismo). No obstante, antes de ello se debe rever la forma de financiamiento para no quebrar al régimen solidario.
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Obligatorio para ello resulta revisar la estructura impositiva regresiva y aumentar la base de aportes con un riguroso proceso de formalización de empleados. Ninguno de estos pasos fue siquiera contemplado por Macri, quien planificó modelos jubilatorios alternativos de forma continua, que esté basado en un régimen mixto, donde la capitalización privada (AFJP) gane un rol vital para conseguir haberes dignos, como reveló El Destape en 2016. La razón por la que ninguno de sus proyectos vio la luz se debió a la demora en el proceso de desgaste del sistema actual.
La “reparación histórica consistió en reajustar el haber mensual de aquellos beneficios mal liquidados en su haber inicial. El programa tenía una duración estipulada de tres años y pensaba financiarse con los ingresos del blanqueo. Para algún lego en materia previsional aparentaba un escenario ganador-ganador.
La gran estafa: la reparación histórica
La trampilla se rastrea dentro de la letra chica. La misma ley estipuló que si no resultan suficientes esos recursos para cubrir las necesidades, debería ser financiado en primer lugar con lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (traducción: sus ganancias) y, si esto tampoco alcanzara, con la venta de sus activos, lo cual tendería a su desaparición.
Este escenario generaría un grave perjuicio, dado que el FGS consiste en un fondo anticíclico que inyecta dinero en la actividad productiva principalmente en momentos de recesión, lo que colabora en la salida más rápida de crisis. Esto tiene su correlato en la creación de empleo y el consiguiente mayor aporte al régimen de reparte.
Además, tiene como objetivo cubrir eventuales y extraordinarios desajustes de todo el sistema de jubilaciones y pensiones. No obstante, la “reparación histórica” sólo alcanza al 14% del total. Es decir, Macri priorizó a un sexto por sobre el total de la plantilla.
La recaudación por el blanqueo de capitales se acercó a los $ 150.000 millones. Estos fueron reinvertidos en el interín, lo que permitió pagar por “reparación” $ 270.000 hasta julio de este año.
No obstante, estos recursos ya se agotaron y el reajuste de haberes continúa lejos de terminar. Según las estimaciones realizadas por el organismo previsional a las que accedió El Destape, se necesitará utilizar las rentas del FGS a partir de noviembre, es decir, en poco más de un mes.
Desde noviembre hasta el final del programa, estimado para 2049, se debería pagar $ 1,6 billones ($ 1.529.101 millones, para ser preciso). El cálculo fue realizado en base a la movilidad jubilatoria de 2019, por lo que a este monto se le debe adicionar el resultante de las futuras movilidades jubilatorias otorgadas.
Las ganancias no serán suficientes, por lo que poco después tendría que empezar a desguazar los activos. Si esto sucede, será cuestión de meses hasta que desaparezca el Fondo en su totalidad, dado que las ventas masivas y continuas de bonos derrumbaría sus precios en un mercado secundario no preparado para semejante volumen.
El salvavidas del Gobierno
Para evitar este escenario catastrófico, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Lisandro Cleri, prepararon un proyecto de ley que resguarde los activos del Fondo e impida que otro gobierno como el de Macri desarme en sólo cuatro años un trabajo acumulado de una década.
Con la media sanción que consiguió el jueves en Diputados dan los tiempos para que el Senado lo convierta en ley y permita que el Tesoro se haga cargo de las erogaciones de la “reparación histórica”. Esta solución alternativa que innovó Cleri no pudo caerle simpática al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien busca que el déficit fiscal se reduzca a lo mínimo indispensable para recuperar la actividad. No obstante, el mandamás de Hacienda tuvo que haber comprendido que ante las alternativas, ésta se erigía como menos peor.
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