Con el guiño del poder judicial, el Grupo Clarín y el resto de las grandes empresas dedicadas a la telecomunicación aumentaron las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Ente Nacional de Comunicación (Enacom). Mientras tanto, el Gobierno tiene en vista un proyecto de ley que refuerza el espíritu del decreto que declaró público al servicio en 2020 para evitar trabas judiciales.
De acuerdo a un informe al que accedió El Destape, en lo que va del año, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicaron aumentos que hasta casi triplican las subas que autorizó el Enacom. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil muestran la voracidad de las compañías contra los usuarios.
Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21%, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.
En cambio, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%.
Respecto al servicio de Internet al hogar, las autoridades habían estipulado una suba anual del 19%, pero los prestadores siguieron otros planes. En detalle, Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%.
Por último, el Enacom había autorizado un incremento del 16% para la televisión paga. Mientras Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión fue hacia un extremo: elevó el precio un 43%.
La Justicia al servicio de las empresas
El Grupo Clarín seguirá al menos 6 meses más con las tarifas de cable, internet y celular sin límites. Héctor Magnetto y sus socios obtuvieron una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas.
Este nuevo favor a Clarín llega a través de una resolución que beneficia a Telecom, la firma del Grupo que agrupa sus negocios en las telecomunicaciones. Prorroga por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia. La propia empresa informó esta resolución que los beneficia a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El decreto suspendido por estos jueces es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió
Del decreto al Congreso
El Senado inició un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar a las telecomunicaciones como servicios públicos, los cuales fueron unificados en un texto escrito por el legislador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo. La comisión que trata esta idea se encuentra en cuarto intermedio y, según pudo averiguar este medio, se espera que luego de las elecciones se lleve a cabo una reunión para obtener el dictamen.
Dependiendo de las consecuencias que pueda desencadenar la elección general del 14 de noviembre, quedará en el Gobierno la ambición de avanzar -o no- de cara al tramo final de las sesiones legislativas de este año o postergar el proyecto hasta 2022.
Qué propone el proyecto
Según pudo averiguar este medio, a través de la ley "se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro". En la ejecución, se "garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Por otra parte, también se prevé un Plan Nacional de Conectividad. El objetivo será alcanzar mecanismos de evaluación de los mismos con respecto a la disponibilidad de estos servicios, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El plan deberá actualizarse sucesivamente en un período no mayor a dos años
"Los licenciatarios y las licenciatarias de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", señala el borrador que circula en el Congreso. A su vez, se estipula que "podrán establecerse a título precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes" por motivos puntuales que tengan en cuenta a aquellos prestadores que brinden acceso a contenidos educativos y de salud.
Desde los sectores asociados a los usuarios de estos servicios afirman que hay modelos que se pueden asumir en nuestro país para determinados temas. El servicio publico esencial ya existe en Costa Rica, Venezuela, Dinamarca, Finlandia, Francia, Estados Unidos y Canadá.
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