La discusión entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires sobre la jurisdicción del transporte público de pasajeros va más allá de la fijación de las tarifas y se inscribe en un debate de un alcance mayor, que apunta al ordenamiento federal posterior a 1996, cuando el distrito comenzó a asumir su autonomía.
Hasta entonces, la vieja Capital Federal dependía de la órbita nacional, al punto que su Intendente era designado por el Presidente y, en lo que a cuestiones fiscales se refiere, ni siquiera pudo participar de las discusiones en torno de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos de 1988.
La asunción de su condición de distrito autónomo no estuvo exenta de complicaciones, como fue en el caso del financiamiento de las fuerzas de seguridad, ya que la transferencia de responsabilidades no se dio de manera homogénea en todos los frentes y, además, su interrelación con los partidos del conurbano bonaerense no tuvo un tratamiento uniforme.
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Tanto es así que en algunas áreas las facultades están compartidas con la Nación y la provincia de Buenos Aires (Acumar, Mercado Central) y en otras siguen en la jurisdicción nacional, como en el caso de las distribuidoras de energía reguladas por el ENRE y el transporte público de pasajeros.
Este último aspecto tuvo un comienzo de solución en enero de 2012 con el traspaso a la Ciudad de la responsabilidad de regulación de los subterráneos, formalizado en marzo de ese año en la ley 26.740.
El artículo segundo de esa ley volvió al tapete en los últimos días tras conocerse la convocatoria del Gobierno nacional al de CABA para analizar el ordenamiento del autotransporte de pasajeros en el distrito, en el que coexisten 103 líneas de colectivos interjurisdiccionales (con recorridos que llegan al conurbano) y 32 con trayectos exclusivamente dentro de sus límites.
El mencionado artículo establece que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros, a nivel subterráneos y premetro; de transporte automotor y de tranvía cuya prestación corresponda al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Sin embargo, a pesar de los diez años transcurridos, los colectivos continúan bajo la jurisdicción nacional.
Además de representar un tratamiento diferenciado respecto del resto del país, ese ordenamiento conlleva un problema adicional: desde 2002, luego de la caída del régimen de Convertibilidad, la mayoría de los servicios públicos tienen sus tarifas subsidiadas por el Estado nacional.
En el caso de las 32 líneas de recorrido total dentro de CABA, el aporte de la Nación en subsidios para que la tarifa se mantenga en los actuales niveles llega a unos 13.000 millones de pesos anuales.
La discusión no se limita a la Nación y CABA, ya que provincias y municipios de todo el país mostraron su disconformidad con las asimetrías en los niveles tarifarios, con pasajes de colectivos que en algunas ciudades llegan a triplicar a los que pagan los usuarios porteños.
Asimetrías que no se limitan a los colectivos, ya que también alcanzan a las tarifas de otros servicios públicos.
Con información de Télam
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