Posible violación del secreto fiscal, dudas sobre la retroactividad y potenciales conflictos entre propietarios e inquilinos son algunos de los reparos que asociaciones de defensa de los consumidores pusieron sobre el decreto que el último jueves oficializó la segmentación de las tarifas de luz y gas, el cual, anticipan, probablemente será judicializado.
El Gobierno finalmente formalizó la división de las tarfias de luz (en el AMBA) y gas (a nivel nacional) en tres grupos separados por su nivel de ingresos. De este modo, con el objetivo de reducir el gasto fiscal, los subsidios se le quitarán totalmente a la franja de ingresos altos, mientras que serán menores en los de ingresos medios y mayores en los de ingresos bajos. Sin embargo, el Decreto 332/2022 que firmaron Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Guzmán dejó algunas dudas entre los especialistas.
La situación de los inquilinos
Uno de los puntos problemáticos del decreto es la situación de quienes alquilan, ya que inquilinos con menor poder adquisitivo, que caerían en el nivel medio de ingresos, deberían tener que pagar la tarifa plena si viven en una propiedad a nombre de una persona de altos ingresos a la que le corresponde la quita total de subsidios.
Para subsanar esto, el decreto creó la categoría de "Usuario o Usuaria residencial del Servicio", con la que se determinará quiénes viven en la propiedad sin ser titulares del medidor. Sin embargo, entre las asociaciones que agrupan a quienes alquilan viviendas las dudas persisten.
"Los inquilinos vamos a tener que llenar una planilla para poner a nuestro nombre los medidores, una fantasía que solo puede creer alguien que nunca en su vida alquiló", sostiene Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, en diálogo con El Destape. Según estima, el inquilino podrá registrarse simplemente con declarar ante la empresa distribuidora que vive ahí.
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Por su parte, José Griselli, de la Asociación en Defensa de los Inquilinos, considera que el registro de Usuario o Usuaria residencial del Servicio va a ser "un punto de conflicto, porque necesariamente el inquilino que quiera quedar dentro de la segmentación se va a tener que registrar". El problema es que casi el 90% de los contratos de alquiler son informales, por lo que básicamente se estaría creando una lista de alquileres en negro a manos de las empresas distribuidoras.
Si bien el registro de usuarios podría estimular al blanqueo, la "conflictividad" con los propietarios a la que Griselli se refiere será inevitable en el mientras tanto. Pero, además, este posible blanqueo traería para los inquilinos el nuevo problema de tener que ceñirse a los aumentos regidos por la Ley de Alquileres, que, con la inflación actual, implican saltos intermensuales de entre el 50% y 55% una vez al año.
El secreto fiscal y bancario
Otra de las cuestiones delicadas es la posible violación del secreto fiscal y bancario a la hora de realizar el cruce de datos necesario para saber quiénes puede seguir recibiendo subsidios. "Para levantar el secreto fiscal y bancario debe haber una norma (del Congreso) o lo tiene que autorizar un juez. El Estado por un decreto unilateral no lo puede hacer", explica a El Destape Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).
"No entiendo cómo van a cruzar los datos. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas", afirmó en el mismo sentido Sandra González, de la Asociación de Defensa de los Consumidiores y Usuarios de Argentina (ADECUA) en diálogo con este portal.
En cambio, Claudio Boada, titular de La Unión de Usuarios y Consumidores, tiene una visión en general favorable al decreto y entiende que el acceso del Gobierno a la información fiscal y bancaria del usuario no es compulsiva: "El que no quiere exhibir sus cuestiones fiscales y bancarias no las exhibe y no recibe subsidio".
La fecha de implementación
La normativa también genera dudas por su fecha de implementación. El texto oficial del decreto dice que la nueva segmentación se establece "a partir del mes de junio de 2022". Para Bassano, si eso significara desde el 1º del mes, se plantearía un problema de retroactividad, ya que se estaría "violando el derecho del consumidor de comprar un producto sabiendo el precio".
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En el mismo sentido, Sandra González plantea que la implementación difícilmente esté lista antes de las facturas que lleguen a fin de julio. "No lo ves reflejado a fin de junio porque no hay forma, sino recién a fin de julio porque hay que ver el criterio que adoptan las empresas", afirma.
Al contrario, Boada sostiene que, dada la redacción del texto, la segmentación podría simplemente aplicarse desde el momento de salida del decreto y no desde el 1º de junio pasado, lo que "evitaría la inconstitucionalidad por retroactividad". Aunque admite que "esto debe ser operativo antes de que lleguen las facturas, esta semana, porque si empiezan a caer las facturas sin subsidio va a ser un problema".
El Gobierno aclaró que esta misma semana abrirá el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y que congelará la quita de subsidios para todos los usuarios que se inscriban hasta tanto termine el cruce de datos y se llegue a una determinación para cada caso.
El alcance de la tarifa plena
La estimación oficial es que el segmento que pasará a pagar la tarifa plena será solamente el 10% de más ingresos. Pero los defensores de derechos de los consumidores estiman que puede ser mayor. "Por la inflación, si cruzan los datos van a encontrar a más del 20% (en el segmento de ingresos altos)", considera Bassano acerca del límite de $335.000 por grupo familiar.
De hecho, las asociaciones de consumidores plantearon en mayo ante la Secretaría de Energía que calculaban que, con el actual criterio de ingresos, se le quitaría el subsidio a unos 200.000 usuarios que no lo merecerían por exceder al 10% superior. Para algunas de ellas, sin embargo, la creación del RASE soluciona este problema.
En paralelo, Bassano cuestiona que, aunque el decreto establece que no habrá más aumentos durante el año, "no dice nada" sobre si eso incluye a la Revisión Tarifaria Integral, que en 2020 se suspendió con fecha límite para el 31 de diciembre de 2022.
La judicialización del decreto de segmentación de tarifas
En este contexto, las asociaciones entienden que el decreto será judicializado. "Yo no lo voy a judicializar porque el que tiene más ingresos tiene que pagar más, pero va a haber impugnaciones" y hasta es posible que se genere "una andanada de juicios colectivos", estimó Bassano.
"Se va a armar una catarata apoteótica de reclamos", aseguró Sandra González, y anticipó que esperarán a ver a la reglamentación del decreto para ver si desde ADECUA recurren a los tribunales para impugnarlo.
Boada, por su parte, prevé que habrá seguramente muchos reclamos judiciales individuales, aunque entiende que "no inciden en lo general" y que el planteo de una demanda colectiva es más difícil. Muñoz, a su turno, precisó que Inquilinos Agrupados no va a judicializar la norma porque "en la justicia están también los dueños de las viviendas".
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