El Gobierno, en medio de fuertes convulsiones financieras que pusieron en tensión los objetivos del equipo económico, buscó ganar la iniciativa pro mercado para tranquilizar las aguas. En ese contexto se anunció un paquete de medidas que, desde lo fiscal y lo monetario, son contractivas.
Junto a la suba de tasas de interés, tanto activa como pasiva, que enfriará el consumo y la inversión, pero que apunta a generar un mayor ahorro en pesos, se publicó en el Boletín Oficial un aumento de las tarifas de luz y gas que será generalizado en un primer momento. Quedará en manos de los usuarios y usuarias inscribirse para quedar injustamente alcanzados por el ajuste en los valores.
Fuentes del equipo económico sostienen que, en promedio, el aumento será de entre 1.000 y 1.500 pesos por mes para un usuario “R3”; equivalente a "dos pizzas", como ejemplificara el ex ministro de Economía de Cambiemos Alfonso Prat-Gay. Sin embargo, en un contexto de alto consumo e incremento internacional del costo de la energía, el impacto en la facturación será todavía mayor a esa comparación gastronómica.
En un juego de "si pasa, pasa", la quita total de subsidios podría alcanzar a más de un 10 por ciento de los hogares, a los que supuestamente estaba dirigido el anuncio. Al parecer, los más de dos años de gestión que lleva el Frente de Todos no fueron suficientes para que los equipos técnicos diseñen un esquema de segmentación eficiente que tenga en cuenta variables como los ingresos o las zonas de residencia.
A lo largo de los últimos meses, los funcionarios que responden a los distintos sectores de la coalición oficial cruzaron opiniones, objeciones, y falta de confirmaciones respecto a un elemento básico, que define impactos sobre el poder adquisitivo de la población y las cuentas del Estado. Actualmente, los subsidios energéticos representan el agujero fiscal más problemático y que se intensifica ante la sangría de dólares que derrama el Banco Central.
Atemorizado por los próximos vencimientos de deuda en pesos, en un clima de extrema volatilidad y operaciones incesantes en el mercado, el equipo económico que lidera Martín Guzmán parece haber dado un volantazo para frenar una avalancha financiera que asomaba en el horizonte y amenaza la gobernabilidad. El costo de la decisión lo pagará el grueso de los sectores populares que en 2019 depositaron su confianza.
El apuro del Gobierno
Dado el apuro que evidencia el Gobierno, se observa la desprolijidad sobre una de las cuestiones más sensibles que aquejan a la población desde la irrupción del macrismo: el sistema tarifario. A contrarreloj, se espera que la próxima semana se anuncien los puntos físicos y la página web para que las personas puedan inscribirse y dar cuenta de su situación particular. Cabe recordar que los aumentos serán retroactivos al 1 de junio, por lo que las próximas facturas deberían ser actualizadas en base a una nueva base de datos.
Lo cierto es que se vislumbran dos alternativas hasta el 30 de junio: el colapso virtual y presencial por la demanda monumental de usuarios o la probable desatención por parte de los mismos, lo cual puede derivar en la caída natural de la masa de subsidios que paga el Estado. La visión del Gobierno se basa en la buena predisposición y el acceso a la información de los consumidores para que se anoten en los plazos previstos y de manera ordenada.
Tal vez no sea la forma más atinada para definir el futuro de la política energética. Para establecer un parámetro de cercanía, alrededor de 12 millones de personas solicitaron inscribirse al pago del bono de 18.000 pesos que paga ANSES, cuando en Argentina hay cerca de 20 millones de personas ocupadas. La inmensa cantidad de gente que intentó aplicar revela el drama social que representa la caída sostenida del poder adquisitivo, y que ahora hasta podrían perder subsidios en las tarifas que pagan.
La inscripción al Refuerzo de Ingresos finalizó con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos. Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes.
En abril, el Gobierno dio una conferencia de prensa para anunciar la medida, hubo un puñado de días para que la ANSES oficialice la apertura del registro y dos semanas para poder anotarse. Además, recién el 31 de mayo se completó el proceso de revisión de cada solicitud.
Cerrar sesión