Luego de las severas críticas de las empresas prestadoras de servicio sobre el esquema de aumentos de la tarifa eléctrica, el Gobierno les respondió duramente a los reclamos para subir los costos para los usuarios. El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la "adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica", dónde los representantes de las empresas no precisaron un porcentaje de incremento determinado, sino que plantearon que el ajuste debe ser "el necesario para hacer frente a los costos de operación".
Las distribuidoras Edenor y Edesur pidieron un incremento tarifario que permita hacer frente a los costos operativos en el curso de 2023, en tanto en interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les advirtió que solo tendrán tarifas que sean "asequibles para los usuarios". En ese sentido, Federico Méndez, de Edenor, señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados "el 80% de los usuarios residenciales" del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $ 2.757 mensuales, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $ 205.760 millones.
En la apertura de la audiencia, Martello, advirtió a las concesionarias que "no van a obtener la tarifa que piden" sino "la tarifa que los usuarios puedan pagar" y puntualizó que "el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario", además de señalar que "la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos". En esa línea, subrayó: "A las empresas distribuidoras les decimos lo mismo que en la audiencia anterior le dijimos a las transportadoras: no van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar".
Por otra parte, Martello indicó que en el ENRE se evalúa "la necesidad de convocar a una nueva audiencia en el cuarto trimestre de este año" y remarcó que el interés del organismo y del Gobierno en general es que "las tarifas sean asequibles a los usuarios". En referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina "tiene la regulación más bizarra del mundo", el funcionario del ENRE respondió: "Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo".
Duro cruce con las empresas
Jorge Lemos, de Edesur, no dio ejemplos sobre valores promedio de facturas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario. Ambos representantes destacaron que las tarifas resultantes de los aumentos requeridos seguirían estando "muy por debajo" de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular. En respuesta a Starace, Martello sostuvo que "quienes critican nuestra gestión regulatoria deben reflexionar y no hacer abuso de su posición dominante del mercado".
"Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos", señaló Martello para agregar que "si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente". Méndez indicó que en la actualidad la tarifa de Edenor se compone de un 56% de Generación, 20% de Distribución, 1% de Transporte y 23% de Impuestos, pero que hace cinco años la distribución contaba con una participación del 33% y la generación del 42%.
Esa diferencia, aseguró, obedeció a que "todo el incremento de la factura derivada de la segmentación tuvo como destino a la etapa de generación y a las petroleras", de manera tal que en la actualidad "de cada mil pesos que se pagan de una factura, a Edenor solo le quedan 200 y es el único ingreso que recibe para sueldos material e inversiones". Por su parte, Lemos hizo referencia a un documento de la Secretaría de Energía en el que se reconoce que la resolución de la cuestión tarifaria es "imperante" y señaló que, del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.
Por último, Martello reivindicó el régimen sancionatorio vigente en el país y señaló que no posee un carácter represivo sino una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo. Asimismo, indicó que "cuando se produce un corte de luz no solo se ve afectada la calidad técnica del servicio, sino también la seguridad, la salud y la economía de la población, en síntesis, la calidad de vida", además de que los usuarios se sienten "emocionalmente estafados".
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