Cuando la dupla Milei–Caputo prorrogue el Presupuesto de este año, se encontrará con que los subsidios al consumo energético y a la garrafa social serán considerados una política de ingresos. O, en otras palabras, salario diferido, ambos conceptos rechazados por los libertarios macristas. En esa lógica, la quita de subsidios a los servicios públicos (electricidad y gas) anunciada por Caputo impactará en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras con ingresos medios.
La eliminación de las transferencias en torno al 0,7% del PBI será, apenas, un solo componente del ajuste. Como las generadoras poseen sus costos dolarizados, también deberá sumarse el impacto de la mega devaluación del 120%. De esta manera, podría multiplicarse por 15 veces el importe de las facturas abonadas por los usuarios de ingresos medios.
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Los cambios tarifarios recién podrían aplicarse luego de la realización de las correspondientes audiencias públicas, pensadas para enero de 2024.
¿Quién paga el ajuste?
Caputo anunció que el recorte a los subsidios energéticos aplicados a la demanda alcanzaría al 0,7% del PBI. Si se toma la ley de leyes vigente para 2023 serían alrededor de 995.057 millones de pesos. Es decir, el equivalente al total de gastos tributarios y beneficios al sector privado incluidos en la nunca analizada Separata. El gobierno de Milei eligió –como era de esperar- caerles de lleno a los trabajadores y trabajadoras de ingresos medios.
¿De dónde saldrá ese ajuste? El economista Julián Rojo (UBA – UTDT) había estimado que la quita de subsidios multiplicaría por 4 la factura final de los hogares medios, que representan el 17% del total. Hasta que llegó la devaluación. Con el salto del tipo de cambio oficial, el economista llevó esa ecuación a una factura multiplicada por 7,5 veces, a lo que debería sumársele “un atraso del 100% del VAD”, que es la remuneración que reciben las distribuidoras.
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Luego de la segmentación tarifaria realizada durante la gestión del Frente de Todos, a instancias del acuerdo con el FMI, los usuarios de mayores ingresos pasaron a pagar el “costo” total de la generación. Por ende, se estima que el nuevo ajuste debería aplicarse sobre los sectores medios. También se afectaría a los hogares de sectores populares.
“La liberación de los precios del combustible, el gas y el aumento de tarifas tipo shock es un golpe certero a los que menos tienen. No lo digo yo, lo dice la experiencia. Los efectos distributivos de un shock de precios empeora más el bienestar de los quintiles más bajos de ingreso”, reflexionó Rojo.
Cálculos
En la actualidad, un hogar de clase media paga 3200 pesos por cada megawatt por hora (MWh), mientras que los usuarios de altos ingresos abonan 21.000 pesos por MWh, es decir, casi siete veces más.
Por ende, la quita de subsidios de gas y electricidad impactará mucho más en los sectores populares y en la clase media que en los sectores de mayor ingreso, quienes ya abonan en sus facturas el costo total de generación, transporte y distribución.
Pero no solo debe contemplarse la quita de subsidios. También juega la mega devaluación. De acuerdo a los análisis realizados por consultoras especializadas, el costo monómico de la electricidad –estimado en 65 dólares– llevaría una factura media de 3200 pesos por MWh a los 52.000 pesos. Habrá que sacar la calculadora y multiplicar por 15.
Privilegios
Los costos de la generación de la energía eléctrica y el gas están dolarizados; las empresas del rubro, ya sean hidroeléctricas o las grandes petroleras que operan en Vaca Muerta, esconden, con recelo, el dato preciso de cuánto les sale producir, por ejemplo, una molécula de gas. Por ende, ese costo dolarizado termina siendo lo que ellas mismas declaran.
Caputo anunció que habrá un recorte a los subsidios energéticos destinados a la demanda en torno al 0,7% del PBI. Pero el Estado también subsidia la oferta.
El Presupuesto 2023 había previsto 150.112 millones de pesos para subsidiar a las empresas energéticas. Con Milei, las petroleras seguirán gozando de la rentabilidad garantizada por el Estado nacional, al mismo tiempo en que los trabajadores y trabajadoras cargarán con “el costo total de la generación”, tal como había quedado ratificado en el acuerdo de facilidades extendidas rubricado por el Gobierno del FdT con el FMI.
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