El Gobierno anunció este martes el nuevo esquema tarifario para los servicios de luz, gas y agua, el cual contempla una segmentación bajo distintos criterios que permiten darle progresividad por ingreso y ahorro al sistema. Si bien tendrá un fuerte impacto en el presupuesto de los hogares, su participación como porcentaje del salario mínimo, el promedio de ingresos y las jubilaciones se mantendrá en sus mínimos desde fines de 2015. En comparación con el RIPTE (la remuneración promedio de salarios de trabajadores estables), la incidencia se ubicará este año en 2,5 por ciento, frente a las jubilaciones será de 8,3 por ciento y respecto al haber mínimo, de 7,2 por ciento.
El objetivo es que el cuadro sea progresivo dependiendo su uso y para generar un ahorro de al menos 510 millones de pesos. Desde el equipo económico destacaron que el ahorro sostenible, que se conseguirá con la reducción de los subsidios permitirá llegar mejor a los hogares de menores ingresos, a los que se seguirá priorizando en el acceso a los servicios.
En un acto realizado en el Ministerio de Economía, encabezado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, se presentó cómo quedarán las tarifas en el marco la política de segmentación tarifaria, que busca el uso eficiente del recurso por parte de los usuarios de energía eléctrica y gas natural. Para esto se abrió, en el caso del gas y la energía eléctrica, un registro para ser incorporado a algunos de los tres universos de contribuyentes: de alto, medio y bajos ingresos.
Impacto en ingresos
En la presentación oficial se revelaron cuadros indicativos del peso de las tarifas en los últimos años sobre el ingreso de los salarios y las jubilaciones. Esto se compara con el gasto anual en gas por redes y electricidad se construyó con datos de distribuidoras y consumos medios contemplando además dos incrementos para el N1 por segmentación a partir de septiembre (el tercero aplicaría en el gasto de enero 2023) y una hipótesis de impacto por aumento en el consumo excedentes modelada a partir de la factura de EDN y EDS para electricidad (87% del nivel nacional).
El incremento de GLP envasado 2022 sigue el comportamiento de la variación de la tarifa de gas natural. La factura media anual de gas por redes baja su incidencia por el impacto de la Ley N° 27.637 (ampliación de Zona Fría) que alcanza a 4,2 millones de beneficiarios.
En comparación con el RIPTE, la incidencia se ubicará este año en 2,5 por ciento, explicada por 1,4 puntos de energía eléctrica, 0,7 puntos de gas natural y 0,4 puntos de gasto en garrafas. Es el menor valor desde 2015 (1,4 por ciento). El máximo fue en 2019, con un peso de 5,4 por ciento en el RIPTE (1,9 puntos en gas natural y 2,8 puntos en energía eléctrica). Para esto, se proyecta una variación interanual 2022 del 72 por ciento para el RIPTE, estimando un incremento pendiente entre julio y diciembre de este año del 31 por ciento (5 puntos por debajo del IPC acumulado que publica el BCRA – REM julio).
Si se compara con el haber mínimo de las jubilaciones, la participación del gasto en servicios de energía sobre será de 8,3 por ciento, el más bajo desde 2016 (8,2 puntos porcentuales) y lejos del 15,6 por ciento de peso que registraba en 2019. En los gastos en energía consideran la composición de un hogar tipo para los deciles de ingresos mínimos (Decil 1 y 2) ya que el nivel de un Haber Mínimo Jubilatorio y un Salario Mínimo Vital y Móvil se ubican en esos deciles. No se considera que estos hogares puedan recibir alguna otra transferencia del Estado (AUH, Progresar, o ingresos no registrados), en dicho caso la incidencia del gasto en energía podría ser menor.
A modo de ejemplo se conoce que el 48 por ciento de los jubilados/as cobran un haber equivalente o menor a la mínima y que los pensionados/as representan un 24 por ciento del total de prestaciones. Se estima una variación del HMJ para 2022 del 62 por ciento respecto a 2021, con un incremento pendiente entre septiembre y diciembre de 2002 del 31 por ciento.
En el cotejo frente al salario mínimo, el peso en el bolsillo de esos hogares será de 7,2 por ciento, el menor desde 2016 (7,2 por ciento) y lejos del techo de 2019 (12,9 por ciento).
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