El Gobierno aumentará en el primer trimestre las tarifas de luz y gas

En el primer trimestre del año habrá un ajuste general de tarifas en los servicios de gas y energía eléctrica, para lo cual se llamó a audiencia pública con las empresas del sector para el 19 de enero, mientras se avanza con la segmentación del costo del servicio para los hogares. En esa auditoría, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía a El Destape, la pauta oficial que presentará el Gobierno será de entre 17 y 20 por ciento para ambos servicios. En simultáneo, se avanzará sobre la pauta nacional de segmentación, en la cual trabaja esta Secretaría y el Ministerio de Economía.

La posibilidad de un aumento general, previo a la segmentación, había generado cierta resistencia dentro del gabinete económico, que pretendía que los aumentos se hicieran ya dentro del nuevo esquema que discrimine por usuario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se conocieron algunas definiciones respecto de la necesidad de reducir el peso de los subsidios en el déficit presupuestario, algo compartido por el ala más cercana a Energía y Economía. La diferencia radica en si se aplicaba un aumento general mientras se continúa con el estudio de la segmentación, la cual ya lleva un año en análisis. "No tengo dudas que la segmentación tarifaria se va a implementar a partir de marzo. Los subsidios se los come el AMBA, y tenés consumidores pagando el 30 por ciento de la tarifa real. Hay que asistir solo a aquellos que lo necesitan", sostuvo una alta fuente de la cartera de Desarrollo Productivo.

"No tiene incumbencia en la política energética", contestaron tajante a este medio desde la Secretaría de Energía. "Con el objetivo de recuperar el precio para la energía, los salarios y el capital y mantener activamente la normalización de la cadena de pagos, se presentará un pauta oficial de aumento de tarifas tanto para energía eléctrica como para el gas de entre 17 y 20 por ciento", explicó la fuente de la Secretaría de Energía. De esta manera, el Gobierno busca darle fin el congelamiento que rige desde el 2020, con un único ajuste para la zona metropolitana del 6 y 9 por ciento para gas y luz respectivamente. 

Desde la Secretaría sostienen que ya se está viendo, de la mano de una recuperación económica, una recomposición de la cadena de pagos de las distribuidoras. "Estamos finalizando con el objetivo de normalizar la cadena pagos y ahora hay que avanzar en el precio de la energía y la recomposición del capital de trabajo", explicaron. Todavía quedan empresas para que se sumen a esa normalización, que el año pasado involucró una deuda contra Cammesa de 130.000 millones de pesos. 

"Proyectamos para el 2022 continuar con la renegociación con las concesionarias que todavía adeudan, en el marco del artículo 87, con una realidad económica ascendente. Ya se logró que haya un pago corriente", señaló a este medio la fuente oficial. 

Esta pauta general va a estar acompañada con un programa de segmentación, en el cual están trabajando docentes, investigadores del Conicet y el ENRE y el programa "se va a aplicar ente la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía". "En coordinación con ambos", reiteró el funcionario en un tiro por elevación a las declaraciones surgidas desde Desarrollo Productivo. 

Cómo será la segmentación

Los detalles metodológicos aún se están definiendo. Respecto de cuánto puede ser el aumento que recaiga entre quienes no estén alcanzados por la tarifa subsidiada, explicaron que eso dependerá cómo se realice la quita de subsidios; si de forma total o parcial, y en qué secuencia. "El programa de segmentación contempla distintas etapas y usuarios. De ninguna manera son autosuficientes uno u otro aumento", explicaron en referencia a un aumento general y segmentado. 

La falta de un presupuesto aprobado para el año próximo complica no solamente las pautas de subsidios sino también las obras energéticas, pero estiman que el aumento de las tarifas generará "un ahorro de magnitud" de subsidios. La segmentación se realizará mediante polígonos geográficos para determinar el valor de la propiedad y la tierra y así aproximarse a los sectores de mayores ingresos en un plan nacional", adelantaron desde Energía. 

En el caso de los sectores productivos y de servicios, se contemplará aquellas actividades que tengan un uso intensivo de la energía, así como también dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego. Para la segmentación será clave el éxito que tenga el reempadronamiento que lleva adelante el ENRE y el Enargas determinar los reales usuarios del servicio en el hogar. Consultado por este medio, aseguraron que se mantendrán herramientas para que se continúe con esta política aún para quienes no hayan aún hecho el trámite de cambio de usuario. "El reempadronamiento es un proceso largo, de mediano plazo, que hasta ahora viene dando buenos resultados, aunque existen resistencia de los usuarios a poner el servicio a su nombre", reconoció la fuente. 

Desde el equipo económico insisten en que se mantendrán dos ejes básicos sobre la política energética: desarmar el andamiaje de precios y tarifas del gobierno anterior y desarrollar las herramientas del Estado nacional para acompañar la situación de emergencia, aislamiento y crisis económica que generó la pandemia. Sobre esta base, en el 2020 se definió mantener los precios estables para no cargar a los hogares y al crecimiento de la economía con mayores exigencias. A pesar de ellos, el sector energético "salió muy golpeado en el primer año de pandemia porque el sistema de pagos fue muy afectado por el aislamiento y la crisis sanitaria". Según los cálculos de Energía, el 90 por ciento de las distribuidoras se financiaron con el Estados, a través de Cammesa, por 130.000 millones de pesos.

Este año hubo recomposición de la cadena de pagos y el Estado acompañó la salida hacia la recuperación. Allí fue donde se estableció un aumento de tarifas para AMBA de 6 por ciento para gas y de 9 por ciento para energía eléctrica y se mantuvo estable el precio desde entonces. "Con un esfuerzo importante del Estado para que el resto de los segmentos recomponga su capital de trabajo y empiece a normalizar los pagos de deuda a Cammesa", explicaron. 

A diferencia del macrismo, en esta oportunidad no habrá condonación de deuda para las distribuidoras. "Se les reconoce el esfuerzo pero se busca reorientar esos recursos a inversión en infraestructura y a aliviar el endeudamiento de los hogares", ratificó a este medio la fuente de la Secretaría de Energía.