Las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor, que operan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), plantearon hoy la necesidad de contar con recursos adicionales por $ 100.000 millones para continuar operando en 2022 y dejaron abierta la posibilidad de afrontarlo con un aumento de tarifas, subsidios del Estado nacional o una combinación de las dos variables.
Las dos empresas dieron a conocer su propuesta en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), presidida por la interventora del organismo, Soledad Manín.
En representación de Edesur, Jorge Lemos indicó que la empresa solicita $ 43.236 millones para continuar con la operación en 2022, en tanto Federico Méndez, en nombre de Edenor, fijó ese monto en $ 56.800 millones, lo que hace un total entre las dos compañías de $ 100.036 millones.
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El financiamiento de esos recursos adicionales puede hacerse, indicaron, a través de tres vías: aumento de tarifas, subsidios del Estado o bien una combinación de ambas variables.
"Cuál adoptar es una decisión propia de la autoridad, no de la empresa", señaló Lemos, quien aseguró que el motivo de la audiencia no era el de fijar una nueva tarifa sino el de "evaluar el impacto de la inflación en los costos".
Al respecto, recordó que entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 el ajuste tarifario concedido fue del 20,8%, contra una inflación acumulada en el mismo período del 199%.
Por su parte, Méndez remarcó que los subsidios no están destinados a las distribuidoras sino a los usuarios y a la generación.
Previo a la exposición de las distribuidoras, en la audiencia tuvo lugar la intervención de representantes de las compañías transportadoras, de las que solamente Transener y Transba presentaron una propuesta de ajuste tarifario porcentual determinado.
Ambas empresas fueron representadas por Pablo Tarca, quien planteó un ajuste del 43% para Transener y 44% para Transba, con una incidencia en la tarifa de un usuario residencial del 0,68% y 0,74%, respectivamente.
Las propuestas presentadas en la audiencia pública corresponden a la adecuación transitoria del cuadro tarifario, en espera a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se prevé comenzará a regir en 2023.
La tarifa final de la factura del servicio eléctrico se compone de cuatro factores: el precio estacional, el del transporte, valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos, más los eventuales subsidios.
En ese sentido, Lemos aseguró que de lo que paga un usuario, el 27% corresponde a impuestos en forma directa y que la carga impositiva total (directa e indirecta) se ubica entre el 46% y el 50% de la factura.
Con información de Télam
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