La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó apuntó contra las grandes empresas que conducen el negocio de internet y los tarifazos contra los usuarios. Lo hizo al hablar en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, donde recibió un doctorado honoris causa.
Luego de exponer sobre las debilidades del sistema democrático moderno por la aparición de poderes económicos ajenos a la política tradicional, la vicepresidenta disparó contra Clarín y el resto de las grandes empresas de telecomunicación. En ese sentido, introdujo: "La Constitución enumera cómo deben funcionar los poderes, hay una regulación perfecta pero todo lo que ha surgido por fuera de ese plexo normativo no tiene control".
"Más allá de las leyes, las empresas van al Poder Judicial para lograr una cautelar. Por ejemplo, el Gobierno emitió el decreto 690 transformando internet en servicio publico", subrayó Cristina. Al mismo tiempo, sumó: "Sufrí mucho las cautelares en mi presidencia, y ahora ese decreto duerme en los sueños de los justos y la Corte Suprema, pero todos los meses te revientan la cabeza aumentando el precio de Internet".
Qué pasa con el servicio de Internet
Las empresas que dominan el mercado de la telecomunicación volvieron a la carga para subir las tarifas de cable, internet y telefonía y empujan una inflación recalentada. Con el amparo judicial que les permite elevar el costo sin ningún tipo de argumentación y el silencio cómplice de la Corte Suprema, el Gobierno no puede regular uno de los servicios esenciales para la población.
Con la cobija del poder judicial, el Grupo Clarín y el resto de las grandes empresas dedicadas al negocio de la telecomunicación llegaron a subir las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Enacom. La dinámica desregulacionista seguirá al menos 6 meses más luego de que Héctor Magnetto y sus socios obtuvieran una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas.
El último nuevo favor a las empresas llegó a través de una resolución a fines del año pasado. La misma prorrogó por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom - se hizo extensiva al resto de las compañías- con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia.
El decreto suspendido por estos jueces es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió y continúa enfriando la decisión.
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