Una vez en el gobierno, La Libertad Avanza anunció, entre sus primeras medidas, un plan de ajuste fiscal que incluye recortes en los subsidios a servicios públicos, según su objetivo de reducir 5 puntos del déficit del PBI. Desde entonces, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el resto del país, se advierte un incremento de las tarifas del transporte con boletos mínimos que van camino a superar los $1000 a partir de las subas que -según los distritos- van desde el 100% al 400% en solo dos meses de 2024. De esa manera, el gasto en trasporte público aumenta su peso en las economías domésticas y llega a representar entre un 20% y 40% de los ingresos familiares, golpeando con más dureza a quienes dependen de trabajos informales o más precarizados.
Los subsidios al transporte público de pasajeros se remontan en Argentina a la crisis económica-social del 2001 que afectaba a usuarios y empresas, y la decisión de avanzar en un congelamiento tarifario compensando a las firmas por los costos de funcionamiento. El sistema, con los cambios introducidos a lo largo de los años como el caso de regímenes y fondos especiales, considera los kilómetros recorridos, la cantidad de pasajeros y la estructura de gastos e ingresos según la zona del país, a partir de la información brindada actualmente por el sistema SUBE y/o las declaraciones juradas empresariales.
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Tras los recortes de los recursos del Estado para subsidiar tarifas, el boleto de colectivos y trenes viene mostrando alzas sostenidas no solo en Capital Federal y su área metropolitana sino que también se sumó la eliminación del Fondo Compensador del Interior destinado a la población de las provincias. ¿Cómo impactan estas medidas? El Destape relevó testimonios concretos de quienes, detrás de los porcentajes, muestran la realidad concreta de los trabajadores en la Argentina de Milei tanto en el AMBA como en el Área Metropolitana de Córdoba y el Área Metropolitana de Rosario, regiones que se estima sufrirán el mayor impacto si avanza la quita total de recursos, la desregulación y la falta de controles que incidirán en precios, inversión y calidad de los servicios.
Aumentos "impagables"
De acuerdo con la información disponible, en 2023 los subsidios al transporte se ubicaron en $952 mil millones, lo que implica una caída del 34% real (considerando impacto de la inflación) en diciembre, aunque en el acumulado anual crecieron 7,1%, representando el 24% del total de subsidios ese año. En relación, desde que asumió la presidencia Javier Milei puso en marcha -en el marco del ajuste de 5 puntos del PBI- la quita total de subsidios al transporte con los consecuentes aumentos en las tarifas diarias que, ya en el segundo mes del 2024, empiezan a dejar sin margen de maniobra a las familias, muchas de las cuales requieren de hasta cuatro viajes al día para ir y volver del lugar de trabajo, se trasladan a otras ciudades por estudio y trabajo y, sobre todo, tienen ingresos por debajo de una canasta básica que hoy está en $600.000.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 15 de enero de 2024 el boleto mínimo de colectivo pasó de $56 a $76,92, una suba del 45% que también se replicó en los trenes (suba del boleto a $37,38 en las líneas Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte y a $43,38 en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza), en tanto que en febrero el boleto volvió a aumentar llegando en el caso del colectivo a valer entre $270 y $370 (siendo la segunda sección de 3 a 6 kilómetros que cuesta $300,8 la más habitual), una suba del 251% que también tuvo su réplica en los trenes con un boleto mínimo de $130 (incrementos del 169% a 274% según la línea), se suma respecto de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento del subte en enero (+37,5%) y el previsto para los meses próximos (+500%) que el gobierno local espera llevar a $574 desde abril, a $667 en mayo y a $757 en junio.
Quienes no tienen la tarjeta SUBE registrada pagan casi el doble (las largas filas para cargar y registrar la tarjeta fueron una postal de las estaciones en estos últimos días). En lo concreto: si un trabajador tiene que hacer dos viajes por día en colectivo los cinco días hábiles de la semana en un mes con 20 días hábiles, necesita destinar $12.032 y si se consideran dos adultos con actividad laboral en una familia, el gasto en movilidad representa más del 15% de un salario mínimo. A su vez, la demanda se incrementa si se tienen que realizar más de dos viajes por jornada, y crece aún más en una familia con hijos que también se trasladan en periodo escolar. Además, hay que considerar que, según anunció el gobierno vía Boletín Oficial, los pasajes tendrán aumentos mensuales en base a la inflación, es decir, a la quita de subsidios se le aplicará otro aumento calculado cada mes según la evolución de precios, que todo parece indicar seguirá en alza.
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“Vivo en San Fernando (provincia de Buenos Aires) y estudio Ciencia Política en la UBA (CABA), las clases son 100% presenciales por lo que para ir a la facultad tengo que tomar el tren de Retiro-Tigre hasta la estación Retiro y de ahí el subte E. Como también trabajo, sólo puedo cursar en el turno tarde-noche y me ha tocado salir de cursar a las 23hs justo en el horario en que pasa el último subte por lo que a veces no llego a tomarlo y cambio el recorrido tomándome a la vuelta dos colectivos”, contó Karen a El Destape, preocupada por el pronto inicio de las clases y la necesidad de poder costear sus traslados.
“Todavía no me anoté en materias, pero el costo es algo que voy a tener en cuenta. Además, que obviamente si voy a la facultad como, tomo un café o agua porque son muchas horas y eso lo tengo en cuenta en lo gastos, así como las fotocopias que por suerte no son tantas porque hay cosas digitalizadas, pero siempre algo se imprime”, continuó. La joven destacó que “por suerte” tiene trabajo registrado, pero igualmente se enfrenta a una situación compleja al momento de realizar sus tareas: “Soy fonoaudióloga en escuela pública y mi trabajo implica moverme de escuela en escuela todos los días para poder ver y orientar en diferentes casos, si van compañeros que tienen auto me puedo ahorrar el viaje, sino voy en colectivo, así que, si bien es adentro del distrito, todo se acumula”.
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) plantearon que, en un escenario de congelamiento de subsidios y de traslado total de los costos según inflación a las tarifas, el boleto mínimo “debería ser de $1.172”. "Hoy recibimos $200 de boleto y $400 de subsidio por pasajero. La tarifa técnica está en $1.000, así que faltan $400" en tanto que alertó que "el déficit se cubre estos días con menos servicio, pero en marzo ya se va a sentir", señaló Luciano Fusaro, vicepresidente de la asociación, en El Destape Radio.
Elían, por su parte, vive en Pilar (provincia de Buenos Aires) y viaja a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras en el barrio de Caballito (CABA) “para poder hacer todo ese trayecto, que está bastante en contramano, solía tomarme 3 transportes (bondi, tren y bondi) a la ida y, si volvía de noche, dos a la vuelta (dos bondis, uno común y otro con tarifa diferenciada). Esta última forma de viajar la tuve que cambiar porque la tarifa diferencial del segundo bondi se fue a $1500, y además no rige la Red SUBE de 50% en el segundo transporte, sino que solo se descuenta un 25%”, dijo a este medio.
Y continuó: “Cuando en marzo empiece a ir todos los días a la Facultad, donde estudio y trabajo, el transporte me puede llegar a representar un 30% de mis ingresos totales, es decir, alrededor de 45 lucas al mes, tengo que optar por ir caminando hasta la estación de Pilar y, cuando bajo en La Paternal, caminar durante 40 minutos hasta la Facultad, esto me permite a lo sumo pagar el tren, que es lo que es más barato”.
Misma preocupación comparte Eugenia, oriunda de Ramos Mejía-La Matanza que trabaja y estudia en Capital: “a la facultad, por suerte, tengo un solo colectivo que camino hasta la estación y me deja directo, pero antes me salía $60 y ahora me sale $300. El problema es que cuando vuelvo de la facultad me tengo que tomar si o sí uno que va por autopista, que ahora se va a $600, entonces ir todos los días es un montón”.
También dijo en diálogo con este portal que una de sus fuentes de ingresos se puede ver afectada por estos aumentos del transporte: “trabajo haciendo encuestas en Capital y me tomo muchos colectivos porque voy a distintos lugares, todavía no empecé este año pero ya sé que me va a salir mucha plata porque me tomaba cuatro o cinco colectivos por día. Realmente subieron mucho, y lo noto más en el colectivo que va por autopista que siempre fue más caro, pero ahora es impagable”.
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A la par que los aumentos del transporte golpean el bolsillo de trabajadores y estudiantes los ingresos caen en picada, agravando el magro derrotero de los últimos ocho años. De acuerdo al último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), solo en diciembre el salario privado registrado cayó 11%, el público 16% y el no registrado un 14% tras “la segunda devaluación más brusca de la historia en diciembre (118% en ese mes)” generando una “inédita pérdida del poder adquisitivo”. De esa manera, tanto el salario medio bruto como el neto quedaron por debajo de la línea de pobreza, mientras la pérdida de bolsillo para el conjunto de los trabajadores ascendía a 1,13 billones en pesos en ese mes.
“Yo tengo que tener dos y ahora sumo un tercer laburo para poder estar más o menos bien, uno de mis trabajos es en la calle visitando familias y teniendo que acompañarlas a hacer trámites o por ejemplo ir a turnos médicos. En un día normal puedo tomar cuatro bondis solo para lo laboral, y me he llegado a tomar siete en un día y no precisamente porque sea con combinación, sino porque tengo que ir a tres lugares distintos normalmente. Antes venía cargando aproximadamente $1000 y me duraba una semana, el sábado (10/2) cargué $2500 y el jueves (15/2) volví a cargar”, compartió Zoe que vive en CABA a este medio y aclaró “en ese trabajo que es en el Estado el año pasado me daban $700 por viáticos y trabajando con siete u ocho familias me alcanzaba para una semana, hoy no me alcanza ni para dos días, es decir, era un monto fijo que no estaba acorde a mi gasto real, pero al menos me lo daban porque desde diciembre tampoco lo estoy recibiendo”.
Mientras se “descongelan” tarifas se “congelan” salarios. Así la eliminación del aporte estatal en el costo final de las tarifas incrementa el porcentaje que este gasto demanda en los ingresos familiares (sobre todo de los trabajadores que dependen en mayor medida de ingresos mínimos e informales) que, golpeados por la suba de rubros esenciales como alimentos, salud, alquileres, canasta escolar, también deben hacer frente a las ya anunciadas subas en las tarifas de energía eléctrica y gas (en torno al 300%), todo según el programa libertario y en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificadas en el último comunicado oficial del organismo.
Ajustes en todo el país
La Secretaría de Transporte de la Nación anunció, luego del tratamiento fallido de la llamada “ley ómnibus” en el Congreso, que elimina el Fondo Compensador del Interior (incluía recursos por $102.000 millones) a partir del cual se subsidia a empresas de colectivos de todo el país para cubrir parte del boleto en diferentes provincias, que ahora se enfrentan a la decisión de sostener por su cuenta esos subsidios -algo que a priori parece complicado en un marco de recortes generales en las transferencias a los distritos- o trasladar todo a las tarifas que paga la población.
“La ‘delegación’ de subsidios a las provincias, incluido CABA y PBA, no es un fenómeno reciente, comienza en el año 2018 con la negociación del presupuesto 2019, momento en el que se crea el Fondo Compensador al Transporte del Interior. En el AMBA Nación pone la mitad del total destinado a colectivos”, publicó al respecto el economista y especialista en trasporte Rafael Skiadaressis e indicó que “en 2018 el AMBA recibía, en promedio, el doble de subsidios al transporte por pasajero respecto al interior. Ya en 2019, cuando se crea el Fondo Compensador del Interior, la relación se había deteriorado considerablemente alcanzando una proporción de 6 a 1 para 2023”. Según informó, los subsidios al interior representaron durante 2023 aproximadamente 0,06% del PIB y “si bien persiste el atributo social para jurisdicciones adheridas al sistema SUBE, el grueso de las compensaciones nacionales al interior era por el Fondo Compensador”.
Tras conocerse la decisión nacional, intendentes de las principales ciudades del país emitieron un comunicado en el que plantearon que "afectará a millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”. Desde la Red Federal de Intendentes pidieron a legisladores que acompañen el reclamo por el desembolso de los fondos y propusieron vía un proyecto de ley cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles, al tiempo que la Federación Argentina de Municipios pedirá una reunión “urgente” con el propio presidente Milei. Ninguno descarta avanzar en reclamos judiciales.
Si bien el argumento oficial para justificar la eliminación del Fondo refiere a achicar las brechas más que evidentes entre los recursos que recibe el AMBA en relación con el resto del país, lo cierto es que no son pocas las voces que advierten que, con esta medida y aplicada de esta manera, sucedería todo lo contrario, ampliándose las brechas tarifarias con más aumentos para la población de las localidades en un contexto de recortes de las transferencias a las provincias (-53% real en enero), y que revisar el sistema de subsidios debería ir de la mano de una mayor planificación, contemplando al mismo tiempo la situación social de la población.
En este esquema, ¿cuáles serían las provincias más afectadas? De acuerdo a un informe de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), "las compensaciones distribuidas en todo el país en 2023 representaron la suma de $110.833.627.696". En detalle, el AMBA recibió el 24,8% ($27.540.481.826) y le siguen en importancia según sumas recibidas: Córdoba con 13,1% ($14.573.890.536), Santa Fe con 11,7% ($12.982.504.056), Buenos Aires con 6,9% ($7.648.755.866), Tucumán con 6,1% ($6.813.121.637), Salta con 5,6% (6.195.438.453), San Juan con 4,9% ($5.424.521.989), Jujuy con 4,5% (5.015.336.060), Entre Ríos con 3% ($3.275.517.171), Mendoza con 2,6% (2.898.553.998), Chaco con 2,2% ($2.431.098.457), Corrientes con 2,1% ($2.316.623.945), Neuquén con 2,1% (2.299.844.084), Misiones con 2,1% ($2.276.728.180). Luego aparecen: Santiago del Estero con 1,7% ($1.862.657.855), Chubut con 1,4% ($1.581.215.320), Catamarca con 1,3% ($1.474.436.011), San Luis con 1,2% ($1.334.142.636), Río Negro con 1% ($1.085.726.142, Formosa con 0,7% ($746.421.153), La Rioja con 0,5% ($597.176.341), La Pampa con 0,3% ($307.834.944), Tierra del Fuego con 0,1% ($97.071.577) y Santa Cruz con 0% ($54.529.449).
Respecto de las áreas que se estima sufrirán mayor impacto por la quita de subsidios, en el caso del Área Metropolitana de Córdoba, tras la decisión nacional se conoció un nuevo aumento del boleto que lleva el mínimo de $340 (había subido 42% en enero) a $700 (+106%) en la capital, lo que a su vez tracciona la suba del boleto interurbano provincial. “El boleto de colectivos sin subsidios debería costar entre $1.100 y $2.200, que es un aumento que no queremos aplicar porque la gente no lo va a resistir”, dijo el intendente Daniel Passerini a la prensa local.
“Estoy viviendo a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, tengo el transporte interurbano por un lado y el transporte urbano después de Córdoba para llegar al trabajo, me resulta cada vez más complicado porque ya desde el mes pasado estamos pagando el boleto interurbano que va desde mi localidad Icho Cruz a la capital en $2.200, es decir, tengo un total de $4.400 diarios y a eso le sumo los dos transportes urbanos que aumentó cada boleto a $700, así que tengo casi $6.000. En 22 días hábiles por mes, en promedio, estoy llegando a $130.000 mensuales para ir a trabajar, sin contar el gasto en algún menú básico para almorzar, unos $2500 más y algo para desayunar o merendar, unos $3.000 diarios también para comer. Así que actualmente estoy cerca de los $200.000 mensuales solamente para ir a trabajar y comer, y esto para mí representa el 40% de mi sueldo de $450.000”, según dijo a este portal, José, trabajador gráfico con 20 años de antigüedad.
Tiene una de las categorías más altas de su convenio laboral pero a pesar de eso no llega "a fin de mes, los números no dan”, según señaló y dejó preguntas que resuenan más allá de esta nota: “¿Cómo es posible trabajar en blanco y estar por debajo de la línea de pobreza?, ¿cómo hace el trabajador que tiene trabajo precario o que no sabe si lo van a echar mañana?, ¿cómo hace la gente para vivir así?”.
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A casi dos meses del inicio del nuevo gobierno nacional y la puesta en marcha de un conjunto de políticas focalizadas en una mayor desregulación y liberación de precios y con una inflación al alza que en diciembre duplicó su ya alto valor mensual (25,5%) y en enero superó el 20%, las familias recurren en mayor medida al endeudarse por diversos canales para comprar alimentos y medicamentos que se volvieron inalcanzables, sobre todo a través del financiamiento con tarjetas de crédito (en torno al 40%) las que, por su parte, ya no tienen control de topes e intereses.
“Tengo unos $105.600 para poder venir a trabajar a Córdoba capital, una de las empresas que nos transporta hace un descuento, pero significa $81 pesos al mes por lo que igualmente es imposible con los sueldos devaluados como están, la verdad que se me consume una buena parte de lo que gano trabajando, y a esto le sumo que ahora se viene otro aumento que aproximadamente se iría a $5.000 cada boleto, o sea que realmente va a ser un impacto que me destroza el bolsillo, no sé cómo afrontar este gasto, y tengo que sumar la suba de los alimentos, con un sueldo por debajo de la canasta básica más que se complica”, explicó Lorena en diálogo con El Destape.
Las realidades se replican en otros puntos del país, como en el Área Metropolitana de Rosario, también entre las que se verán más perjudicadas. En la ciudad de Rosario el municipio aumentó en enero el boleto a $340 (+41%), a la par de lo que ocurrió en Córdoba, ya que ambas jurisdicciones vienen reclamando por la distribución de los subsidios. Si bien al momento no hubo nuevos incrementos, la posibilidad no se descarta en su totalidad ya que desde la secretaria de Gobierno local dijeron a la prensa que "el tiempo apremia porque día a día se consumen los recursos". El último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, en diciembre 2023, había indicado un valor en torno a $742, y según el Observatorio Social del Transporte Urbano de Rosario, los subsidios llegan a incidir en la mitad de los gastos del sistema local.
“Soy de Fighiera, una localidad a 30km de Rosario, como no puedo costearme un alquiler me toca viajar todos los días a la ciudad, me tomo dos interurbanos y el pasaje cuesta $1200, quiero sumar que el servicio además es muy penoso con frecuencias de más de 30 minutos que más de una vez me costaron llegar tarde a la facultad o al trabajo, porque directamente no pasan o no frenan. Estos colectivos tienen un recorrido por el centro de Rosario, por lo tanto, todos los días además me toca tomar colectivos urbanos, que cuestan $340, ya sea para ir a trabajar o la facultad, el boleto gratuito me cubre solo el interurbano y solo una de las líneas así que, si no pasa, pago completo”, señaló Celeste a este portal.
La joven subrayó también: “el aumento del boleto me afectó mucho en mi economía, soy niñera por lo tanto tener que tomar cuatro o hasta seis colectivos en el día me hicieron recortar otros gastos”. De acuerdo a datos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) la mediana de los precios de monoambientes en Rosario enero fue de $130.000, Celeste gana por mes como niñera unos $108.000, es decir, 20% por debajo y sin contar el gasto de expensas ni otros servicios.
Les hicieron creer que podían viajar en bondi
Las medidas que al momento tomó la gestión de La Libertad Avanza afectan de forma directa la calidad de vida de la mayoría de la población, que vive con la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes y el temor sobre cómo podría empeorar su futuro. “Para que el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación puedan mantenerse en el tiempo es necesario que la ciudadanía tolere ingresos reales en torno a mínimos post-2001 por varios meses”, señaló en su último reporte la consultora 1816.
Karen que viaja de San Fernando a Capital todavía no sabe cuántas materias va a poder cursar este año: “no me anoté aún pero el costo del trasporte es algo que voy a tener en cuenta, además vivo sola y alquilo” y se suma que “este mes cobré todo mi sueldo porque el gobernador Kicillof se hizo cargo de la parte que le tocaba a Nación, pero al parecer fue algo excepcional entonces también estamos con la incertidumbre de qué va a pasar el próximo mes”. En Córdoba, José compartió el desconcierto y contó que “la situación hasta desune a la familia, tengo que hacer un acuerdo con mi pareja para poder quedarme dos o tres días en la semana en la casa de alguna de nuestras hijas en la capital, para ahorrar en viajes, es decir, no podemos ni cenar juntos como matrimonio, es la única forma de traer dinero a casa a fin de mes”.
Las proyecciones de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) destacaron en relación que “no cabe esperar una desaceleración sensible en febrero, mes a lo largo del cual se sucederán aumentos en distintos rubros regulados”. Se espera “el impacto del transporte público a partir de la quita de los subsidios de la Nación a los pasajes de colectivos y trenes que registrarán incrementos entre el 250% y el 450%, además los nuevos ajustes de la medicina prepaga (29%), alzas en comunicaciones (25%), combustibles (6,45%) y los aumentos estacionales en el rubro educación”.
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“Estoy todo el tiempo arriba de un colectivo, que siga subiendo implica que anotarme a menos materias para no ir tantas veces en la semana o hasta eliminar cosas cotidianas que hacía antes como, por ejemplo, pagar el almuerzo en el comedor de la Facultad, es muy triste porque mi movilidad siempre fue el colectivo y hoy poder subir toda la semana se me está complicando, de verdad me asusta y me preocupa como voy a resolverlo si siguen los aumentos”, dijo angustiada Celeste que comparte en Santa Fe la situación de Lorena en Córdoba.
“El panorama no se ve muy alentador, en mi caso también pago un alquiler con sus respectivos servicios que han aumentado entonces sinceramente hoy por hoy no sé si te conviene venir a trabajar por un sueldo de comercio. Por suerte no tengo hijos en edad escolar pero sí que están por empezar la facultad y la verdad que también no sabemos qué va a pasar con lo educativo. Con la entrada de un solo sueldo es casi imposible afrontar todos esos gastos, y ni estoy considerando el hecho de disponer de cierta plata para vestirnos o qué hacer si uno llegara a enfermarse. Tengo suspendida la obra social porque la verdad no la puedo pagar”, contó.
Con las diferencias conocidas entre el AMBA, la zona metropolitana de Rosario y la de Córdoba, hay una realidad que se impone: el bolsillo se vacía antes de mitad de mes, los salarios pierden la carrera con precios desregulados y llegan a niveles similares al 2001, mientras el salario mínimo para fijar pisos de convenios y, sobre todo, aumentar programas sociales y algunas jubilaciones mínimas, sigue 40% por debajo de 2015 por la negativa del gobierno y empresarios a discutir en el Consejo del Salario, su actualización. El derecho constitucional a que todo trabajador tenga una remuneración que le asegure “la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, parece cada vez más lejano en esta Argentina.