El Gobierno parece decidido en el avance sobre la segmentación de tarifas de los servicios de energía eléctrica. Tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, se prevé en primera instancia hacer un mapeo real respecto a las características de los usuarios para lograr una eficiente diagramación de costos para cada estamento social. La meta es equilibrar el déficit de la política de subsidios sin generar perjuicios sobre los sectores con menores ingresos.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instruyó a las empresas Endenor y Edesur a adecuar los mecanismos de gestión para reempadronar al 37% de los usuarios residenciales en sus áreas de concesión, lo que equivale a más de 1,5 millones de personas. A partir del mes de noviembre y hasta diciembre del corriente año, las empresas deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento. Desde el ENRE precisaron que esta acción "permitirá el ordenamiento, la regulación y una construcción real de las bases de datos de las empresas".
Se trata de las cuentas que tienen como titular a personas fallecidas, o en las que se observan inconsistencias entre los datos registrados, como números de DNI con seis dígitos. Asimismo, indicó el ENRE, "se incluye el caso de personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios", cuando "se considera titular de suministro a quien efectivamente usa, junto a su grupo conviviente si fuera el caso, el servicio de electricidad en el domicilio en cuestión". EL ENRE instruyó q Edenor y Edesur a que "habiliten mecanismos sencillos, incluyendo herramientas digitales, a fin de facilitar y agilizar la gestión".
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Equilibrar los subsidios
Según lo indica el proyecto de Presupuesto para el 2022, se prevé una reducción de subsidios. El gasto respecto a esta materia se estima en el 1,5% del PIB, por debajo del 2,2% del PIB previsto para 2021. Cabe señalar que debido a la pandemia, el Gobierno prosiguió en 2020 con el congelamiento en las tarifas de los servicios públicos iniciado en 2019. En este 2021, los aumentos fueron menores a los dos dígitos: 6% para el gas y 9% para la electricidad, contra una inflación proyectada en el 50%.
La partida de subsidios implicó para este año un gasto de $ 971.794 millones y para 2022 se espera que la cifra suba a los $ 1024.718 millones, lo que representa una caída del 0,5% puntos del PIB. En detalle, la principal erogación estará destinada a la sustentabilidad del mercado eléctrico asociada a las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que recibirá $ 609.197 millones, casi el 60% del total.
En el marco de la presentación que realizó el Gobierno del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas en el Museo del Bicentenario luego de las PASO, el secretario de Energía, Darío Martínez, se expresó sobre la política tarifaria de cara al 2022 y se encargó de remarcar que el país se dirige a un esquema de segmentación de tarifas. El objetivo central será que los costos de los servicios no pueden aumentar por encima de los salarios.
Consenso en Provincia para avanzar hacia la segmentación de tarifas
La provincia de Buenos Aires coincide con la posición de Nación sobre avanzar hacia una política de segmentación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Paro ello, es necesario como primer paso, construir una base de datos de usuarios y usuarias reales. Según pudo averiguar El Destape, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) desarrolla desde hace tiempo una iniciativa de reempadronamiento.
El objetivo principal es corregir los errores de identificación de manera que se reduzcan a su mínima expresión. Desde la confirmación de la titularidad del servicio - si la persona que figura en la factura sigue siendo titular-, hasta la actualización de las personas físicas -es decir si existen fallecidos no registrados- existe por parte de los organismos y dependencias estatales la necesidad de actualizar y construir las bases de datos para poder utilizarlas como herramientas de planificación.
En ese sentido, el OCEBA inició un proceso de identificación de los usuarios y usuarias para garantizar la correcta aplicación del beneficio de la Tarifa Social. En el marco de lo instruido por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, el organismo notificó a las distribuidoras provinciales y municipales para implementar una campaña general de mapeo real de los usuarios que figuran en la base de datos de las respectivas áreas de concesión.
Para que se realice efectivamente, la campaña que deben llevar adelante las distribuidoras incluye difusión masiva a través de sus portales web, cartelería en oficinas de atención al público, notificación acompañando las facturas en papel y comunicación personalizada puerta a puerta.
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