Encabezadas por la cámara de comercio y la mediana empresa, los directivos del sector amenazan con ir a la Justicia en contra del otorgamiento del una suma fija no remunerativa de 60.000 pesos en dos cuotas. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) habían manifestado "su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional".
A través de un comunicado, el organismo que lidera Mario Grinman sostuvo: "Asimismo, la CAC manifiesta que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector".
El propio Grinman había rechazado profundamente la medida que el ministro de Economía, Sergio Massa. "Vale agregar que, aunque aún no se conoce la reglamentación de la medida, de anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales, por lo que la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso", detalló el empresario.
El Ministerio de Economía anunció el domingo un conjunto de anuncios económicos entre los que se encontró un bono de suma fija para trabajadores privados a otorgarse en los próximos dos meses. Sin embargo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió a expresar su descontento.
"Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la CAME sostiene que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance", comenzó el comunicado con dureza.
El ministro de Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, aclaró que el objetivo es "morigerar el impacto de la devaluación, manteniendo la actividad y mejorando el poder adquisitivo del salario". Entre las medidas, resaltó la creación "de un registro único para Pymes al momento de presentar los papeles para obtener los beneficios anunciados por el Gobierno, lo que permitirá que quedan registradas y lo hagan por única vez".
La política judicial
Empresarios de las cámaras que se pronunciaron en contra del pago de un bono no remunerativo de 60.000 pesos amenazan con ir a la justicia, dado que como cámaras no tienen autoridad para iniciar una demanda en representación de sus socios..
Este viernes la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) se sumaron al pedido al Gobierno nacional de “respetar los acuerdos paritarios como forma de negociación colectiva para las discusiones salariales”. Junto con las empresas díscolas, unas 14 provincias se sumaron al rechazo de pagar la compensación salarial propuesta por el Gobierno, inclusive algunas provincias de trayectoria “peronista” o afines al kirchnerismo.
"La reacción (de entidades como CAME y la UIA) no está justificada. En el fondo la discusión debería ser el rol del Estado porque les gusta que les subsidien las tasas o también ser rescatados en los momentos de crisis", señaló el funcionario en una entrevista concedida a la radio AM750.
Cerrar sesión