La fuerza del bloque desestabilizador y la necesidad de un viraje

El 28 de enero de 1976 se reunieron en un acto público en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires varios centenares de dirigentes del empresariado más poderoso de la época, congregados desde hacía pocos meses en la llamada Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). El acto, ampliamente informado por el diario La Nación en su edición del día siguiente, consistió en el emplazamiento al gobierno constitucional de Isabel Perón (unos pocos días fue el plazo establecido) para que reemplazara el plan económico vigente entonces por un proyecto ultraliberal. El plan alternativo consistía en “suprimir todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad, y dificultan la comercialización, entre otros las leyes de contrato de trabajo, abastecimiento, control del precios, y horarios de comercio”, “facilitar y simplificar las exportaciones de todos los productos a través de cambios realistas”; y “detener el proceso inflacionario y asegurar la preservación del salario real de los trabajadores a través de una actitud seria y responsable del gobierno en la administración del gasto público”. (Julián Bleichmar, Página 12, 16 de marzo de 2016)

Ese reagrupamiento golpista contaba con la presencia de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Cámara de Comercio, entre muchas otras gremiales patronales. Esa fue la factura y el objetivo del golpe cívico-militar que se perpetraría el 24 de marzo. Esa y no la invocada necesidad de derrotar a las fuerzas que enfrentaban al gobierno con las armas, que a esa altura se encontraban claramente derrotadas y en proceso de dispersión. Con todas las modificaciones productivas y estructurales operadas desde entonces, no puede dejar de admirarnos la continuidad de nombres, programas e intereses con los grupos empresarios que conforman actualmente la AEA. Para cerrar ese paralelo faltaba la presencia de un militar connotado por su aversión sistemática a la democracia: y Aldo Rico dijo presente, lanzando de manera pública la amenaza de un nuevo golpe militar. Casi cuarenta años después no tiene ninguna importancia la existencia de obvias diferencias de épocas. En cambio, sí es muy útil la recuperación de un itinerario histórico: el de las fuerzas que consideran la centralidad del dinero, la propiedad y eventualidad de las armas para dirimir los conflictos de modo diferentes a los que surgen de las leyes y de la constitución.

Hace casi cuarenta años, el gobierno posterior a la muerte del general Perón consideró que las concesiones a las fuerzas golpistas civiles y militares eran el camino para llegar a las elecciones previstas para el año siguiente. El 4 de junio de 1975, el ministro de economía Celestino Rodrigo había anunciado un durísimo ajuste que incluía aumentos de precio que en algunos casos llegaba al 180% en transportes y combustible. El “rodrigazo” como se conoce el episodio terminó por convertirse en el paso inicial del proceso de reestructuración económica regresiva que condujo desde el ministerio de economía Martínez de Hoz, uno de los principales dirigentes de la APEGE. En julio de 1975, la CGT había desarrollado una gran movilización en contra de ese ajuste, pero la debilidad del gobierno y sus disensos internos favorecieron el desgaste de la democracia y el triunfo del golpe más sangriento de nuestra historia.

Ningún aspecto de este apretado relato pretende establecer un paralelismo mecánico con nuestra actual realidad. Pero es interesante el intento de establecer algunas cuestiones que puedan eventualmente contribuir a aventar las amenazas que hoy, nuevamente, se ciernen sobre nuestra democracia. Los grupos económicos más concentrados proclaman con estridencia y sin respeto alguno por las instituciones democráticas que están dispuestos a enfrentar cualquier medida gubernamental que tienda a disminuir las super ganancias de sectores económicos favorecidos por la crisis mundial en curso, con la guerra en Europa como epicentro. El gobierno formula periódicamente su intención de imponer un orden y una racionalidad estatal-democrática a las ganancias de esos grupos. Pero las medidas a través de las cuales pretende hacerlo no avanzan, ni siquiera después de proclamada la “guerra contra la inflación” que públicamente dio toda la impresión de haber terminado sin siquiera comenzar. La principal coalición opositora acaba de emitir un documento crítico del gobierno en un tono desgraciadamente parecido al de los gremialistas empresarios de la “asamblea permanente” de 1976. La movilización popular es intensa en términos sectoriales, particularmente en los sectores sociales más agredidos por la situación, pero no alcanza la potencia necesaria para contrabalancear la presión de los grupos económicos más poderosos. Alrededor de la cuestión del tipo de cambio parece desplegarse la clave de la porfía en su actual estado: una vez más la devaluación (la misma de Rodrigo, la misma de la APEGE) parece la presea de oro de la sublevación de los poderosos.

Convendría que esté claro que la renuncia a aceptar conflictos con los poderes fácticos (que hoy incluyen, como en otros momentos de nuestra historia a un sector importante del poder judicial y a los grandes grupos mediáticos) no lleva a nada que pueda llamarse “pacificación”. Y también sería bueno que se reconozca que las tensiones internas del frente favorecen a los que quieren debilitar a la democracia.

Lo único que podría fortalecer a la democracia sería la decisión del gobierno de decidir y difundir un programa de emergencia cuyo sentido principal fuera el del combate contra la inflación particularmente dirigido a asegurar la alimentación de toda la población y el establecimiento de una estrategia para defender la moneda nacional del sistemático ataque al que lo están sometiendo los mismos que endeudaron, fugaron capitales y destruyeron la actividad productiva durante los años del macrismo. Razonablemente se podría argumentar que una hoja de ruta de este tipo tensaría más aún la cuerda con los sectores dominantes de la economía. Sin embargo, nada de la actual experiencia (y nada a través de la historia argentina contemporánea) indica que los buenos modales en las citas con los poderosos pudieran ser un camino de pacificación. Por lo pronto, el camino de la recuperación de la capacidad de consumo popular podría producir un sendero de recuperación política del gobierno y de generación de condiciones para una victoria electoral el año próximo. La lisa y llana continuidad del actual enfoque y de la actual inacción produciría el resultado de un aumento de las posibilidades de triunfo de la derecha sin que eso necesariamente aminore los peligros de desestabilización de las instituciones democráticas.

El tiempo para producir un viraje es corto y el camino es difícil. Pero lo peor sería no intentarlo.