El Gobierno anunció este lunes que en las próximas horas se reglamentará el capítulo del mega decreto de necesidad y urgencias que establece la desregulación de las obras sociales. Desde la Casa Rosada adelantaron que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación, sin necesidad de esperar un año en la obra social de origen. Ese será el principal cambio de la norma, pero el trasfondo es una pelea fuerte entre los sindicatos y las empresas de medicina prepaga.
"Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación", anunció Manuel Adorni este lunes en su habitual conferencia en Casa Rosada. Sin embargo, el borrador de la norma al que accedió El Destape amenaza con abrir un escenario de conflicto con las prepagas a raíz de que establece la obligatoriedad de que las firmas aporten un 20 por ciento de las cuotas que cobran a sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el funcionamiento del sistema.
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En diálogo con El Destape, el secretario gremial de la CTA Autónoma, Rubén Ruiz, afirmó que "se comienza a establecer una grieta mayor entre salarios altos y bajos". Y sumó: "No es que hoy no existan diferencias entre las prestaciones de las obras sociales pero el sistema actual permite ciertas equivalencias que desaparecen".
Según su mirada, "las prepagas incentivarán la búsqueda de trabajadores de mayores ingresos en detrimento del resto del universo". Sin embargo, remarcó que "se transparenta algo que viene ocurriendo" porque "muchas obras sociales tienen una prepaga atrás y muchas empresas pagan un adicional para cubrir los gastos de salud que se incrementan exponencialmente".
"Creo que el sistema se desbalanceará aún más sin topes para el cobro mensual de la prestación. No es un tema fácil porque el actual sistema tiene muchas fallas pero se las arregla para atender a 14 millones de trabajadores/as con cierto grado de equivalencias mínimas", expresó Ruiz. Además, en esta discusión "no se incorpora a los hospitales nacionales, provinciales y municipales que son agentes del sistema en situaciones críticas y cumplen un papel olvidado dentro del sistema".
Según apuntó, "muchas obras sociales e inclusive prepagas tienen deudas con el sistema público por atención de urgencias". Para Ruiz, insistir en la segmentación de las prestaciones de salud "es una consecuencia directa del resultado electoral y de algo que la mayoría no registra: la vigencia de gran parte del DNU". Cuando "se iguala la prestación pública de salud hay que ser muy eficiente porque se corre el peligro de la fantasía de que la prevalencia permite mejor prestación sin mayor erogación", agregó, por lo cual "cuando se consolida un sistema así, todos terminamos pagando más y después es muy difícil ponerle coto a los aumentos", explicó.
A su vez, el titular del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, si "se desfinancia las obras sociales de forma tal que las empresas de medicina prepaga puedan elegir a quienes van a aceptar como afiliados, quedará la gente de menos recursos y mas necesidad de atención en obras sociales". De esta forma, la obra social "tendrá menos recursos y podrá brindar menos cobertura", y "atenderá preferentemente a quienes puedan pagar", lo cual "rompe el sistema solidario".
El rol de las obras sociales en Argentina
Las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina. En la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un siete y un 10 por ciento, y las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60 por ciento de la población. Se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un tres por ciento de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro cinco por ciento. De ese total, entre un 80 y un 85 por ciento (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15 o 20 por ciento se destina al FSR.
Este fondeo tiene como objetivo principal el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Además, se encarga de subsidiar a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud. También atiende los gastos administrativos de la Superintendencia, subsidia a beneficiarios cuyos aportes no llegan al mínimo necesario a través del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). El monto para determinar el aporte mínimo del SANO se mantuvo fijo durante varios años, a pesar de la inflación, por lo que ningún afiliado quedaba debajo del mínimo y en la práctica no se repartían fondos a través de ese sistema.
Según el último censo, más de 25 millones de personas acceden al sistema de salud a través de las obras sociales. Los afiliados son los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, autónomos, personas sin cobertura médico-asistencial, quienes se incorporan al seguro de salud mediante convenios de adhesión, monotributistas, personal del servicio doméstico, pasantes o voluntarios. Tanto las empresas de prepaga como las obras sociales deben prestar atención médica, internación y descuentos en medicamentos, garantizando una cobertura mínima y obligatoria que está enumerada en el PMO.
Mientras las prepagas funcionan como empresas de asistencia de salud para clientes que abonan cuotas personales proporcionales al volumen de servicios que reciben, las obras sociales tienen por ley una constitución solidaria y una equidad en la distribución de las prestaciones. Las obras sociales están establecidas en un sistema solidario donde los beneficiarios aportan a un “fondo común” administrado por los mismos trabajadores a través de organizaciones sindicales.
Se financian con los aportes de los trabajadores y de los empleadores. A cada trabajador en relación de dependencia se le descuenta un tres por ciento de su sueldo para financiar su obra social y el empleador aporta otro seis por ciento. Quienes tienen altos salarios y los de los salarios más bajos obtienen como contraprestación una asistencia idéntica, sin discriminación, gracias a la propia solidaridad del sistema. Todos aportan cada mes y el financiamiento para cada prestación está disponible para quien la necesite siempre.
La ley 23.661 determina que es “objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mejor tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva”.
El trabajador, a través de las obras sociales, en los hechos, obtiene cobertura total, al igual que la que obtiene un socio de una entidad de medicina prepaga. En cuanto al PMO, si bien es un piso de prestaciones básicas, cabe destacar que, cuanto más compleja es la enfermedad, más amplia es la cobertura médica incluida. Por ejemplo, una internación, una cirugía o un tratamiento oncológico tienen cobertura al 100 por ciento. También discapacidad y enfermedades crónicas complejas.
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