Telecomunicaciones: con trabas empresarias, avanza lento la Prestación Básica Universal

Las compañías prestadoras comienzan con la difusión masiva de la tarifa diferencial para las población vulnerable. El Enacom presiona para que cumplan la ley y protejan a los usuarios.

14 de junio, 2021 | 05.00

Desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía, Internet y TV por cable, que fue dispuesta por el Gobierno a través del DNU que fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil. Luego de arduas negociaciones con las compañías prestadoras, comienza un proceso de masificación del nuevo derecho a la comunicación.

La norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables. Sin embargo, las empresas que componen el mercado poco -o nada- habían hecho para cumplir con lo reglamentado.

A fines de abril, Enacom le dio a estas firmas un ultimátum para que sumen a tres millones de personas de forma automática. Las compañías poseen la base de datos de todo el universo de posibles beneficiarios por categoría y segmentación a través del sistema prepago de carga semanal. Las mismas se comprometieron a migrar la información al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntys), para entrecruzar estos datos con la población objetivo. El Syntys le comunicará a las firmas el número final de potenciales usuarios para que les envíen un mensaje de texto y faciliten el acceso a la PBU.

Según pudo saber El Destape, las principales compañías empezaron a difundir la PBU en un esquema provisorio de potenciales usuarios, aunque los números finos se conocerán la próxima semana. Este es el primer paso para cubrir el universo total de posibles beneficiarios, que alcanzaría una cifra cercana a los 19 millones, de acuerdo a las primeras estimaciones.

Las empresas juegan al límite de la ley

En conversación con este medio, el titular de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró que hasta el momento "hubo un problema grave de incumplimiento por parte de las empresas y en el medio quedan los usuarios". Y remarcó: "El relato empresarial deja de lado a la PBU, la mejora de la conectividad y el control tarifario".

"Cuando uno quiere saber cuánto vale el barril de petróleo, el quintal de trigo, o el precio de la carne, uno puede averiguarlo fácilmente. Ahora, cuando uno quiere saber el costo del mega mayorista para vender a los proveedores de internet mas chicos, nosotros no sabemos ese precio y por lo tanto nunca tenemos un parámetro. No tengo duda de que nos cobran de mas cuando observo lo que pasa en el resto del mundo", analizó Salinas Porto. En ese sentido, soslayó: "Somos una fuente inagotable de generación de riqueza para unos pocos".

De acuerdo con una decisión tomada en reunión por el Directorio del Ente, los servicios TIC sufrirán un incremento del 3% en el mes de junio y un 5% en el mes de julio. Asimismo, se estipula para el 1 de diciembre una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre inclusive.

Sin embargo, esto no es suficiente para el Grupo Clarín. Actualmente existe una disputa legal luego de que el Enacom presentara un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom, que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

Ante el argumento de supuestos perjuicios a partir de la aplicación del decreto, lo curioso es que en el primer trimestre del año pasado, Telecom tuvo ganancias por $ 2.700 millones. Pero en el primer trimestre de este año, las ganancias fueron de $ 9.000 millones, un 233% más.

"Telecom está con el mismo comportamiento demostrado durante los tiempos de la ley de medios: desoyen a los requerimientos del Estado y judicializan para en un hipotético cambio gubernamental tratar de avanzar. Están haciendo lo mismo con el DNU, tratan de dormirlo lo mas posible, romper la competencia y tomando el negocio de forma privilegiada. Es un grupo empresarial inescrupuloso", planteó el titular de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet.