El vicepresidente del Ente Regulador de la Comunicación (ENACOM), Gustavo López, repudió el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que permitió al Grupo Clarín aumentar los valores de su servicio de telecomunicación a su antojo. El gobierno había apelado el fallo de primera instancia en busca de que la Corte Suprema defina el litigio legal, pero ahora el fallo de segunda instancia lo impide.
En una entrevista en El Destape Radio, López explicó por qué buscaron llegar a la Corte y quienes impidieron la aplicación del decreto que declaraba esencial la telecomunicación y permitía regular los precios. "Todos los jueces de primera instancia de Capital Federal, Mar del Plata y otras localidades no dieron lugar a los amparos presentados para detener el decreto. En abril la Sala 2 avaló el amparo y entonces nosotros presentamos un recurso extraordinario para que la Corte Suprema defina y la Cámara nos impide que lleguemos a la Corte Suprema en un escándalo político judicial", enfatizó.
López apuntó contra los dos jueces de la Cámara en lo Contencioso José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez que votaron en contra del pedido del Enacom para acceder a la Corte. "Deciden por 45 millones de argentinos", enfatizó.
El funcionario contó que ahora el gobierno podrá llegar a la Corte Suprema mediante el recurso de queja, pero que el tiempo procesal de respuesta del máximo tribunal es de seis meses. "Esto quiere decir que Clarín te va a cobrar lo que quiera por 6 meses", explicó López, quien además informó que la misma Sala permitió que las empresas Telecentro y Directv también van a tener los precios liberados.
El DNU 690 declaró los servicios de internet, tv paga y telefonía fija y móvil como servicios públicos esenciales y en competencia, y fue ratificado por el Congreso Nacional el año pasado.
En diciembre último, el Enacom, en cumplimiento del decreto, emitió dos resoluciones: la creación de la prestación básica universal para los grupos socioeconómicos vulnerables, y el descongelamiento de los precios de los servicios con un incremento de 5% para el primer mes del 2021.
Todas las grandes empresas del sector iniciaron acciones judiciales para recuperar la capacidad de determinar los precios de los servicios libremente.
La cautelar de la sala II que suspende la aplicación del DNU y, por ende, la obligatoriedad de ajustar los precios a los aumentos autorizados por el Enacom genera una discriminación entre las tres empresas amparadas por la sala (Telecom, Telecentro y DirecTV) y el resto de las compañías (Claro, Telefónica, Supercanal y las miles de pymes y cooperativas) que cumplieron con los aumentos autorizados.
"Vamos a estudiar otros mecanismos para ver cómo revertir esto", adelantó Gustavo López en la entrevista que brindó esta mañana, en la que subrayó que ese camino se buscará "más allá de la cuestión judicial".