Dos días después de que Cristina Kirchner pidió “ir a un sistema integrado de salud”, Oscar Parrilli presentó en el Senado dos proyectos para limitar las tasas que cobran prepagas por moras, pero también las empresas de servicios públicos, los bancos y las tarjetas de crédito. El miércoles a última hora ingresaron los documentos del legislador oficialista neuquino que buscan darle un aire a aquellas personas hundidas en deudas por la pandemia, más ahora que las compañías de medicina acudieron a la Justicia para aumentar las cuotas.
Las iniciativas propuestas por Parrilli buscar ponerle coto al interés que se cobra por mora y que pase a ser la referencia a tomar en cuenta la tasa pasiva para depósitos a 30 días que establezca el Banco de la Nación.
Parrilli dijo que, de aprobarse las iniciativas, “tampoco se podrán imponer cargos extras a las ya elevadas tasas de interés, como cargos de reconexión o gastos administrativos, pues en una sociedad democrática no pueden existir actores que se sustraigan de la legislación vigente presionando e imponiendo tarifas y tasas de interés usurarias con el único fin de ver incrementada sus ganancias al cerrar cada año sus balances”.
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La norma impone “el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez”, porque, según su autor, “la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes”. En los proyectos, se indica que deben adecuarse las tarifas mensuales “a un promedio anual”.
El proyecto que limita los intereses por mora aplicadas por los bancos, las tarjetas de crédito, los servicios de medicina prepaga y las empresas privadas de servicios “en ningún caso podrán exceder la tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses punitorios o cualquier otro concepto”.
Además, la “fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”. Asimismo, las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen su facturación a la tasa de interés por mora serán sancionadas.
En todos los casos se deberán otorgar a los usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas”, con una tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco Nación y un plazo mínimo de seis cuotas.
Para las empresas de servicios públicos, en tanto, se establece que cuando se facture “en un período consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación”. “Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio”, remarca el proyecto.
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La tasa de interés por mora, igual que en el otro proyecto, no podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco Nación. En ese sentido, también se mantiene que la fecha del primer vencimiento de las facturas no sea anterior al día diez de cada mes. Tanto las sanciones por incumplimiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios como los planes de pago, son similares en ambos proyectos de ley.
La vicepresidenta el lunes por la tarde propuso que “hay que ir a un sistema integrado de salud” que abarque los subsistemas públicos, las obras sociales y las prepagas. La propuesta ya la había lanzado en La Plata en diciembre de 2020 y en la nueva ocasión hizo referencia a que esta no será la última pandemia, por lo que aclaró la necesidad de que exista una articulación entre todos los sectores.
Las enormes dificultades de la estructura actual para hacer frente al COVID fueron admitidas por el propio presidente de Swiss Medical hasta hace un mes. Claudio Belocopitt, quien a su vez preside la cámara de empresarios de prepagas, lanzó el 4 de abril: "A este ritmo, en cuatro o cinco días el sistema de salud deja de aguantar”. Tres semanas después vociferó que "la situación es límite y si en este momento necesitás vos o cualquiera una cama tiene una cola de espera, no hay una disposición inmediata".
En el contexto de la segunda ola, las compañías acudieron a los tribunales para subir sus cuotas. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, les contestó que el Gobierno nacional no tiene previsto autorizar "aumentos porque sí". La única posibilidad frente a un incremento es si, aclaró, ante el análisis de la gestión, esos recursos estarán destinados para pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que vienen combatiendo, hace más de un año y medio, contra el coronavirus.